En Los Ángeles, las redadas migratorias han vuelto a generar preocupación entre las comunidades inmigrantes, ahora bajo tácticas más encubiertas y polémicas. De acuerdo con AP, la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están llevando a cabo operativos que, según organizaciones civiles, podrían desafiar las restricciones legales impuestas en California para frenar detenciones indiscriminadas.
Operativo encubierto en Westlake
El caso más reciente ocurrió en el barrio de Westlake, donde agentes de ICE realizaron un operativo disfrazados dentro de un camión de mudanzas tipo Penske.
De acuerdo con The Guardian, la unidad se estacionó frente a un Home Depot y, tras esperar a que varias personas se acercaran, los agentes salieron de forma sorpresiva y procedieron a realizar arrestos. La operación fue apodada internamente como “Operation Trojan Horse” (“Caballo de Troya”) y ha provocado críticas por su carácter engañoso y la posible vulneración de derechos.
Según testimonios recogidos por medios locales y organizaciones comunitarias, este método generó confusión y temor, ya que la presencia de un vehículo comercial no hacía sospechar que se tratara de una acción migratoria.
Para defensores de los inmigrantes, esta táctica evidencia un cambio hacia estrategias más impredecibles, lo que dificulta la organización de respuestas comunitarias rápidas.
¿Continuarán las operaciones encubiertas?
Fuentes consultadas por AP señalan que, dentro de ICE y la Patrulla Fronteriza, existe la intención de seguir utilizando operativos encubiertos, especialmente en zonas urbanas donde las detenciones abiertas son más difíciles por el escrutinio público y mediático.
Sin embargo, esta línea de acción podría intensificar los conflictos legales, ya que organizaciones de derechos civiles han anunciado que vigilarán de cerca cada operativo para detectar posibles violaciones a las órdenes judiciales vigentes.
Restricciones legales bajo tensión
Pese a que el Noveno Circuito de Apelaciones reafirmó recientemente una orden que prohíbe las detenciones basadas únicamente en perfil racial, idioma, empleo o ubicación, AP señala que estos operativos parecen bordear los límites de la ley.
La orden judicial, vigente en Los Ángeles y otras zonas de California, surgió como respuesta a denuncias de abusos y discriminación en redadas anteriores.