Ante los intentos de terminar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para comunidades originarias de Honduras, Nicaragua, entre otros, la ciudad de Nueva York ha decidido tomar acción legal en defensa de miles de personas protegidas por este programa. En medio de un panorama incierto para muchos migrantes, esta iniciativa posiciona a Nueva York como uno de los gobiernos locales más activos en la defensa de derechos para quienes han construido una vida en Estados Unidos bajo esta figura legal.
Apoyo legal y político desde el estado de Nueva York
De acuerdo con información publicada por la oficina del alcalde de Nueva York, la ciudad presentó un amicus brief, documento legal de apoyo ante la corte, en respaldo de los demandantes que buscan frenar la cancelación del TPS para ciertos países.
Esta medida fue tomada en conjunto con otras 12 ciudades y condados, en lo que representa una acción coordinada de gobiernos locales para proteger a comunidades migrantes con contribuciones comprobadas al desarrollo social y económico del país.
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Condado de Boulder, Colorado
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Ciudad de Chicago, Illinois
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Condado de Los Ángeles, California
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Ciudad de Los Ángeles, California
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Ciudad de Minneapolis, Minnesota
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Ciudad de Portland, Oregón
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Ciudad de Providence, Rhode Island
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Ciudad de San Diego, California
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Ciudad y Condado de San Francisco, California
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Ciudad de Santa Mónica, California
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Ciudad de Somerville, Massachusetts
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Ciudad de West Hollywood, California
De acuerdo con Eric Adams, alcalde de la ciudad de Nueva York, este documento refleja la posición de la ciudad respecto al papel que juegan los migrantes en el tejido económico y social de la ciudad.
Además, la fiscal general del estado, Letitia James, lideró una coalición de 14 fiscales generales que también se opusieron legalmente a la revocación del TPS por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Según el comunicado oficial de su oficina, eliminar estas protecciones dejaría vulnerables a miles de personas que han vivido, trabajado y formado familias en EE. UU. durante décadas. Solo en Nueva York se estima que residen más de 56,800 beneficiarios del TPS, quienes representan una parte importante del tejido social del estado.
¿A quiénes podría afectar esta medida?
Aunque las acciones legales aún están en curso, el llamado tanto del alcalde como de la fiscal general es claro: proteger el estatus legal de personas cuya permanencia en el país depende del TPS.
Esta figura beneficia principalmente a ciudadanos de países que han enfrentado crisis humanitarias o desastres naturales, y según organizaciones como FWD.us, más de un millón de personas en todo Estados Unidos se encuentran bajo esta protección.