Titi, una inmigrante haitiana de 28 años, atraviesa una de las etapas más angustiosas de su vida: está embarazada de ocho meses y teme ser deportada a Haití, un país al que considera peligroso en la actualidad. La joven, quien pidió ser identificada solo con un seudónimo para evitar represalias, llegó a Estados Unidos en 2024 junto a su hermana menor tras huir de una ola de violencia provocada por pandillas armadas que controlan gran parte del territorio haitiano. La situación era tan crítica que actividades simples como ir al supermercado se volvieron riesgosas.
Cancelación del TPS en Estados Unidos y el impacto directo en miles de familias
Titi ingresó al país mediante la aplicación CBP One y, posteriormente, solicitó junto a su hermana el Estatus de Protección Temporal (TPS) en noviembre de 2024. Sin embargo, la Administración de Donald Trump revocó el estatus legal de quienes llegaron por esa vía y ordenó poner fin al TPS para los haitianos a partir del 2 de septiembre. Aunque un juez federal bloqueó la medida, la amenaza de deportación sigue latente y mantiene en vilo a cientos de miles de migrantes haitianos.
En comunidades como Springfield, Ohio, donde viven más de 15.000 inmigrantes haitianos, la tensión se instaló de forma permanente. Muchos de ellos trabajan en industrias esenciales como empacadoras de carne y centros logísticos. Líderes comunitarios afirman que el miedo al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) llevó a decenas de familias a considerar mudarse a Canadá o establecer la tutela legal de sus hijos nacidos en Estados Unidos, ante el riesgo de ser separados de ellos.
La situación de Titi es especialmente vulnerable. Su hermana fue detenida por ICE tras una audiencia migratoria, y ella teme que lo mismo le ocurra cuando dé a luz. “No tengo adónde ir”, le contó a CNN. Según ICE, no se actuó contra ella aún debido a su embarazo, pero sabe que eso podría cambiar en cualquier momento. Su sueño es aprender inglés y trabajar como enfermera, profesión que estudiaba antes de huir de Haití.
Los argumentos del Gobierno de Donald Trump y la crítica de las organizaciones
El Gobierno de Trump defendió la cancelación del TPS alegando que el programa fue concebido como una medida temporal, no como un refugio indefinido. Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional aseguran que Haití ya no enfrenta la emergencia humanitaria provocada por el terremoto de 2010. Sin embargo, organizaciones como Haitian Bridge Alliance denuncian que la violencia actual en el país es aún más grave, con más de 5600 asesinatos registrados solo en 2024.
Activistas señalan que el 85% de la capital haitiana está bajo control de milicias armadas. “Volver sería una decisión suicida”, afirmó Viles Dorsainvil, del Centro de Apoyo Haitiano en Springfield. La falta de acceso a atención médica, medicamentos y servicios básicos agrava aún más el panorama. Muchos migrantes padecen enfermedades crónicas que no podrían tratarse en Haití, lo que convierte una eventual deportación en una sentencia de muerte.
Aunque el fallo del juez bloqueó por ahora la finalización anticipada del TPS, la administración podría apelar y ese escenario mantiene a la comunidad haitiana en un estado de “limbo”, como describió el pastor Carl Ruby. “La gente no vino aquí por comodidad. Huyeron porque sus vidas corrían peligro”, explicó. Las acciones del gobierno, que incluyen redadas masivas y posibles desnaturalizaciones, aumentan la ansiedad entre quienes solo buscan un lugar seguro para vivir.