Tatiana Cuschnir
Publicada

Una ciudad costera en Maine enfrenta al gobierno del presidente Donald Trump tras el arresto de un oficial de policía por parte de ICE. La polémica se desató cuando la agencia federal acusó al departamento de policía de Old Orchard Beach de contratar a un inmigrante sin autorización legal para trabajar en Estados Unidos, pese a que el sistema E-Verify había validado su estatus laboral hasta 2030.

Qué dicen ICE y la policía local sobre el caso del oficial Evans

Jon-Luke Evans, un ciudadano jamaicano, fue arrestado por ICE luego de intentar comprar un arma, lo que activó una alerta federal. ICE afirma que Evans había excedido el tiempo de su visa y permanecía ilegalmente en el país desde octubre de 2023. Sin embargo, las autoridades locales sostienen que E-Verify, la herramienta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), validó su autorización de empleo.

  • Evans había sido contratado como oficial de reserva en mayo de 2025.

  • Su contratación fue aprobada por E-Verify hasta el 19 de marzo de 2030.

  • La policía recopiló un archivo de 153 páginas con documentación y verificaciones.

  • El oficial pasó todos los requisitos de entrenamiento y antecedentes.

El DHS acusó al departamento de confiar "imprudentemente" en E-Verify y lo responsabilizó por “armar a un inmigrante ilegal”. En respuesta, la ciudad y su jefa de policía defendieron su proceso de contratación, detallando los múltiples documentos y verificaciones previas.

“Cualquier insinuación de negligencia es falsa y busca desviar la culpa hacia una agencia local que actuó correctamente”, afirmó la jefa Elise Chard. La ciudad también cuestionó la fiabilidad del sistema federal: “Si no se puede confiar en E-Verify, ¿para qué sirve?”.

El DHS defendió su herramienta asegurando que ofrece alta precisión y que no exime a los empleadores de verificar la autenticidad de los documentos presentados.

Piden que se revise el sistema E-Verify

La representante estatal Lori Gramlich pidió una auditoría federal del programa E-Verify, argumentando que casos como este afectan la confianza comunitaria y la credibilidad institucional. “Debemos evitar que situaciones así se repitan y garantizar procesos justos y confiables”, señaló.

Mientras el gobierno federal insiste en que hubo una falla local, Old Orchard Beach se defiende con hechos documentados, apuntando a una posible falla del propio sistema que ICE y el DHS promueven a nivel nacional.