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El centro de detención apodado “Alligator Alcatraz” comenzó a operar oficialmente esta semana con la llegada de los primeros migrantes bajo custodia federal, en medio de un clima de tensión política y preocupación por derechos humanos. La instalación, ubicada en una zona remota de los Everglades en Florida, fue recientemente recorrida por el presidente Donald Trump, quien celebró su inauguración como parte central de su estrategia migratoria. La apertura del sitio ha generado polémica entre organizaciones, expertos ambientales y legisladores, por sus condiciones extremas y su simbolismo político.

Un centro en medio del pantano: ubicación, estructura y peculiaridades

Alligator Alcatraz” se encuentra en el antiguo Aeropuerto Dade-Collier, dentro de la Reserva Nacional Big Cypress, un área rodeada de humedales, caimanes y serpientes. De acuerdo con reportes de AP News, la estructura fue levantada en menos de dos semanas, con carpas sobre plataformas de madera y contenedores adaptados, sin muros ni cercas tradicionales.

El entorno actúa como una barrera natural, lo que ha sido descrito por las autoridades como una “medida disuasoria” frente a posibles fugas.

Medios como CNN, HuffPost y The Guardian han advertido sobre las condiciones climáticas extremas en la zona, con calor sofocante, riesgo de inundaciones y exposición constante a insectos y fauna salvaje.

Las instalaciones, además, carecen de infraestructura sólida y operan sin sistemas de ventilación adecuados. Según funcionarios, se espera que en el sitio se realicen procesos migratorios acelerados con jueces presentes en el lugar, permitiendo deportaciones en cuestión de días.

Impiden el acceso a legisladores estatales

Posterior al primer arribo de migrantes al centro de detención, un grupo de cinco legisladores demócratas de Florida denunció que se les negó el acceso al centro un día después del arribo de los primeros detenidos. Según reportó The Guardian, los representantes llegaron con la intención de inspeccionar las condiciones internas, luego de que la Casa Blanca realizara un recorrido previo.

Sin embargo, agentes de distintas agencias les impidieron el ingreso, lo que provocó una declaración conjunta de los legisladores, quienes señalaron que se trata de un intento deliberado de ocultar posibles violaciones a los derechos humanos: "Este es un abuso flagrante de poder y un intento de ocultar las violaciones de los derechos humanos del ojo público".

La representante estatal Anna Eskamani declaró a CNN que la negativa representa una obstrucción inaceptable al deber de supervisión legislativa.

La situación reavivó el debate sobre la transparencia del gobierno federal en la implementación de sus políticas migratorias, especialmente cuando se trata de centros de detención de carácter temporal, instalados en áreas ambientalmente sensibles y sin fiscalización independiente.