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La ordenanza de Zonas de Bajas Emisiones de Vigo abre un nuevo frente político: "chapuza" y "modelo fracasado"
El PP propone que se retrase el periodo de pago de multas, que haya exenciones por renta y advierte de que no estará disponible el sistema de autorizaciones para acceder a las zonas afectadas, mientras que el BNG ha registrado una enmienda a la totalidad de la ordenanza y reclama la devolución del proyecto
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La futura ordenanza de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) continúa generando polémica en Vigo y los dos partidos de la oposición, PP y BNG, han vuelto a ser muy críticos con la normativa, tras su aprobación a principios de mes y ahora sometida al periodo de alegaciones.
El Partido Popular ha elevado el tono de sus críticas contra el gobierno local de Abel Caballero por la tramitación de una normativa que considera mal diseñada, poco transparente y con importantes carencias antes de su entrada en vigor. La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha denunciado que las restricciones podrían activarse sin que esté disponible desde el primer día el sistema de autorizaciones necesario para acceder a las zonas afectadas.
Según ha advertido Sánchez, la propia ordenanza contempla un plazo de hasta dos meses desde la entrada en vigor de las ZBE para poner en marcha la plataforma informática que permitirá solicitar los permisos. Una situación que la líder popular ha calificado de "chapuza" y que, a su juicio, evidencia el "caos" que ha marcado la gestión de este proyecto. El PP reclama que las autorizaciones puedan tramitarse desde el primer día, así como la habilitación de un teléfono de información y una oficina presencial en la lonja del Concello para atender las dudas de los ciudadanos.
Batería de enmiendas
Los populares también han registrado una batería de enmiendas a la futura ordenanza. Entre ellas, proponen ampliar a 18 meses el periodo de aplicación atenuada de cada una de las tres fases previstas, con el objetivo de retrasar al máximo la entrada en vigor del régimen sancionador. Además, plantean incorporar exenciones vinculadas a la renta mediante autorizaciones anuales renovables para conductores con menos recursos económicos, tomando como referencia el IPREM.
Sánchez ha acusado al gobierno municipal de tramitar las ZBE "desde el oscurantismo" y de generar confusión en torno a las multas, y ha insistido en que la implantación de las zonas debe ir acompañada de mejoras en el transporte urbano, con más rutas y frecuencias, especialmente en las conexiones con Vigo centro, Plaza de Portugal, O Calvario y Bouzas. El PP pide además la redacción de un nuevo Plan Municipal de Movilidad Sostenible en un plazo máximo de 18 meses y adelantar la estrategia Vigo Ecodriving 2030 para integrarla en una planificación global de movilidad.
Enmienda a la totalidad
A las críticas se suma también el BNG, que ha registrado una enmienda a la totalidad de la ordenanza y reclama la devolución del proyecto al considerar que el modelo planteado por el gobierno local "insiste en un modelo fracasado a nivel ambiental e injusto socialmente".
El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, rechaza el sistema de cuatro perímetros restringidos con multas, que califica como una "mala copia de Madrid Central", y defiende una alternativa que convierta toda la ciudad en una ZBE, pero sin restricciones ni sanciones. Para los nacionalistas, el objetivo no debe ser sustituir coches de combustión por híbridos o eléctricos, sino ofrecer alternativas reales para que el uso del vehículo privado deje de ser obligatorio en Vigo.
La propuesta nacionalista pasa por reforzar de forma decidida el transporte público, impulsar la movilidad peatonal, facilitar el uso de la bicicleta y de vehículos de movilidad personal, y revisar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, sin actualizar desde 2020. El BNG pide también abrir un proceso participativo con la convocatoria de los consejos sectoriales de Transportes, Medio Ambiente y Accesibilidad Local.
