El PP de Vigo tacha de cortina de humo la ordenanza sobre viviendas turísticas del Concello

El PP de Vigo tacha de "cortina de humo" la ordenanza sobre viviendas turísticas del Concello PP DE VIGO

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El PP de Vigo tacha de "cortina de humo" la ordenanza sobre viviendas turísticas del Concello

La presidenta de los populares, Luisa Sánchez, acusa al gobierno de Abel Caballero de querer desviar la atención de "18 años de inacción" en vivienda y critica el rechazo a las alegaciones populares

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La presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, ha calificado la nueva ordenanza municipal que regulará las viviendas de uso turístico (VUT) como una "cortina de humo" con la que, a su juicio, el gobierno local pretende "tapar 18 años de inacción" de Abel Caballero en materia de vivienda.

Según la presidenta de los populares, el texto que se debatirá este lunes en el Pleno busca poner el foco en los alquileres vacacionales para desviar la atención de la falta de políticas municipales destinadas a abaratar los precios del alquiler residencial.

Sánchez ha advertido de que la regulación "no va a crear ni una sola vivienda pública, no va a bajar los precios por sí solos y no va a corregir los errores acumulados" de una política que considera inexistente.

En este sentido, ha recordado que el Concello no ha construido vivienda en los últimos 18 años pese a tener competencias para ello y ha lamentado el "fracaso" del programa de subvenciones para reformar pisos vacíos y sacarlos al mercado, al que, ha añadido, solo se habría acogido un propietario en toda la ciudad.

Además, la líder popular ha criticado que el gobierno socialista haya rechazado todas las alegaciones presentadas por su grupo, entre ellas la propuesta de un régimen transitorio para las VUT ya inscritas antes de la entrada en vigor de la ordenanza y que acrediten actividad efectiva.

También ha denunciado que la normativa regula de forma uniforme todas las viviendas turísticas, sin diferenciar entre usos ocasionales y explotaciones intensivas, y que impone "restricciones generales" a operadores cumplidores en lugar de reforzar el control sobre las VUT ilegales.

Por último, ha reprochado el veto a la propuesta de revisar periódicamente la ordenanza y realizar cada dos años un análisis de su impacto en el mercado.