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A juicio en Vigo dos acusados de sendas agresiones sexuales a menores de edad
La Fiscalía reclama cinco años de cárcel para el acusado que agredió sexualmente a una niña que vivía en su mismo edificio, mientras que pide cuatro años y cinco meses para el hombre que se aprovechó de su relación de parentesco para agredir sexualmente a una menor
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La Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá la próxima semana dos juicios contra sendos acusados de delitos de agresión sexual a menores de edad. Los procesados se enfrentan a 5 años y 4 años y cinco meses de prisión, respectivamente.
Según informa Europa Press, este martes se sentará en el banquillo un hombre que supuestamente agredió sexualmente a una niña en el portal del edificio en el que ambos residían. Los hechos sucedieron el pasado septiembre.
La Fiscalía pide para él cinco años de cárcel, así como la medida de libertad vigilada durante otros 5 años tras salir de prisión, con obligación de participar en programas formativos de educación sexual. Asimismo, solicita que se le prohíba acercarse o comunicarse con la menor durante 7 años y que la indemnice en 2.000 euros por los daños morales.
También reclama la pena de privación de la patria potestad o de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, por tiempo de siete años; así como pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, durante diez años.
Segundo caso de agresión sexual a juicio
Por otra parte, el miércoles se celebrará juicio contra otro hombre, por otra supuesta agresión sexual a una menor. Supuestamente, el acusado se prevalió de una relación de parentesco, al ser ascendiente directo de la víctima. En ese caso, los hechos ocurrieron en 2024, en el domicilio en el que ambos residían.
La Fiscalía pide una pena de 4 años y 5 meses de cárcel, y la prohibición de aproximarse a la menor o a su domicilio a menos de 300 metros durante 3 años, además de la prohibición de comunicarse con ella. El ministerio público también reclama que indemnice a la menor en 4.200 euros por los más de 100 días que requirió tratamiento psicológico y en otros 3.000 euros por daños morales.
Igualmente, solicita la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de patria potestad, tutela, curatela, guarda de hecho o acogimiento de menores por período de 5 años; pena de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público, profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores por período superior en 6 años al de la pena de prisión que se pudiera establecer; y la medida de libertad vigilada por cinco años, con la obligación de someterse a programas de reeducación sexual.
