La sede del TSXG en A Coruña.
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Condenado en Vigo a dos años y medio de cárcel por no pagar 1,5 millones por la adquisición de una empresa
El TSXG desestima así el recurso de apelación contra la sentencia previa de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo
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El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la pena de dos años y medio de cárcel a un hombre por dejar de pagar los 1,5 millones de euros por la adquisición de una empresa de marisco en 2016. Así, confirma la sentencia de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.
Como informa Europa Press, la Sala de lo Civil y Penal del TSXG ha desestimado el recurso de apelación contra la sentencia previa, confirmando esta en su integridad. En consecuencia, el administrador de la compañía, así como tres sociedades a su nombre, han sido condenados de un delito de frustración de la ejecución.
El hombre tendrá que abonar también una multa de más de 6.800 euros y las firmas tendrán que ser disueltas. Además, el condenado, junto con las tres empresas, deberán abonar más de 1,5 millones a la dueña de la otra compañía adquirida.
En un primer momento, Fiscalía acusaba hasta a cuatro miembros más de la familia del varón —su exmujer y sus tres hijos—, siendo finalmente absueltos. Todo ello tras haber dejado de pagar 1,5 millones de euros por la adquisición de una empresa.
Según recogía el escrito de acusación, la empresa que adquirió se dedicaba a la importación, exportación, comercialización, depuración y distribución al por mayor y menor de pescados, mariscos y crustáceos. En virtud de este contrato, se le transmitían sus participaciones sociales, sus enseres, maquinarias y su nave industrial, situada en el puerto de Vigo, a cambio de dos millones de euros —aunque en su escritura pública figuraba un precio de 1,2 millones—.
Inicialmente, el acusado abonó 450.000 euros, pero dejó sin pagar la cantidad restante, 1,55 millones de euros. Ante los impagos, el vendedor reclamó a la empresa del ahora condenado la cantidad adeudada que, según Fiscalía, decía tener dificultades económicas pero "en realidad actuó con ánimo de perjudicar" y "cuyo propósito era no abonar la cantidad derivada del contrato de compraventa".
