La CIG pide paralizar el SAF de O Porriño (Pontevedra) mientras "no se garantice la seguridad"

La CIG ha pedido este miércoles que el Ayuntamiento de O Porriño (Pontevedra) paralice el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) "mientras no se garantice la seguridad" de las empleadas, después de "llegar tarde con Teresa", fallecida este martes en una de las casas en las que trabajaba a manos, supuestamente, del marido de la mujer a la que cuidaba.

La trabajadora asesinada en O Porriño (Pontevedra) había denunciado una situación de acoso a la empresa

Así lo ha señalado la responsable de la CIG en Porriño, Mercedes Domínguez, durante su intervención ante los medios de comunicación en la concentración convocada por la organización sindical ante la sede del consistorio porriñés.

Allí, acompañada del secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, y de la responsable de Mujeres de la CIG, Margarida Corral, Domínguez ha mostrado su "hartazgo" ante las reiteradas reclamaciones de "medidas reales" de prevención para las trabajadoras del SAF, con evaluaciones del riesgo de cada domicilio al que acuden.

"Con Teresa llegamos tarde. Su palabra no valió para suspender el servicio. Siempre prevalecen otros derechos antes del derecho de las mujeres", ha lamentado Domínguez ante Europa Press, en relación a la denuncia de la fallecida que avisó de que había sufrido una situación de acoso el pasado lunes en la casa donde horas después fue asesinada.

La sindicalista ha pedido que este suceso sirva de "punto de inflexión" para que se tomen medidas "reales", pidiendo a la Xunta protocolos para prevenir casos así. "La muerte de Teresa tiene que valer para algo", ha insistido pidiendo la paralización del SAF y apuntando a la "responsabilidad" del Ayuntamiento, debido a que el servicio es una subcontratación del gobierno local.

En la misma línea ha hablado Paulo Carril, quien ha lamentado la "precariedad" de estas trabajadoras y el "abandono" llevado a cabo por la Xunta y los ayuntamientos "en su afán de privatizar los servicios públicos".

Carril ha insistido que la CIG ha pedido la suspensión cautelar del SAF ante Inspección de Trabajo y ante el Ayuntamiento y ha avanzado que la CIG se personará en las diligencias judiciales para depurar las responsabilidades de todo lo que ha ocurrido, apuntando a derivar la responsabilidad "a la Xunta de Galicia y a los ayuntamientos".

Él ha instado a una reunión entre el presidente gallego, Alfonso Rueda; la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, y representantes de la Federación Galega de Municipios e Provincias, de empresas y organizaciones sindicales para "erradicar esta situación" y "ponerle solución".

Entre otros temas, la CIG ha llamado a movilizarse el próximo viernes en todos los ayuntamientos gallegos a las 12:00 horas para mostrar solidaridad hacia Teresa. Carril también ha avanzado la convocatoria de una huelga en el sector para que este suceso suponga "un antes y un después".

Precisamente esta frase también fue utilizada por Corral, pidiendo que lo ocurrido suponga cambios en la legislación de los derechos laborales de estas trabajadoras.

"Alta vulnerabilidad"

Por su parte, la Asociación Galega na Defensa do Sistema Público de Dependencia e Discapacidade (ASGADeD) ha denunciado que actualmente desde los servicios sociales de los ayuntamientos no se puede suspender un servicio de ayuda en el hogar "incluso ante la comunicación de riesgo inminente por parte de la trabajadora", sin antes comunicarlo a la Inspección de Servizos Sociais da Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia y esperar las instrucciones y autorización de esta.

La entidad ha enfatizado que este protocolo "no puede continuar, dado que pone en riesgo la vida de las personas", por lo que debe de modificarse "de inmediato".

En este sentido, ha señalado que los trabajadores desarrollan sus funciones en condiciones de "alta vulnerabilidad", entrando solos en los domicilios "sin información suficiente de las personas a las que van atender, ni medidas suficientes de protección o protocolos efectivos".

Así, han concluido solicitando a las partes implicadas, administraciones competentes y empresas gestoras del servicio a revisión y "aplicación urgente de protocolos de prevención y actuación frente a situaciones de riesgo que protejan al personal de manera eficaz e inmediata".