Astilleros Cardama

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La oposición uruguaya denunciará a la ministra de Defensa por el caso del astillero vigués Cardama

La Coalición Republicana acusa a Sandra Lazo de un presunto abuso de funciones y cuestiona la rescisión del contrato para construir dos patrulleras

Información relacionada: Uruguay rescinde contrato con el astillero vigués Cardama por "incumplimientos graves"

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La Coalición Republicana de Uruguay, que agrupa a los principales partidos de la oposición, ha anunciado que presentará una denuncia penal contra la ministra de Defensa, Sandra Lazo, por un presunto delito de "abuso innominado de funciones" en la gestión del caso Cardama, relacionado con la rescisión del contrato para construir dos patrulleras en el astillero vigués Cardama.

El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala sostiene que las principales irregularidades se produjeron a partir de marzo de 2025, con la llegada del actual Gobierno. Según afirmó, "quedó demostrado" que en mayo de ese año ya se había decidido rescindir el contrato y, pese a ello, en junio se abonaron 12 millones de euros y se continuó adelante con el acuerdo.

La oposición también acusa al Ejecutivo de omitir controles y labores de seguimiento sobre la construcción de los buques.

Las críticas se dirigen especialmente contra Lazo, a quien se reprocha haber encargado a "personas extrañas al Ministerio" determinadas pesquisas que implicaron el acceso a "información que era confidencial y reservada".

La oposición, además, ha defendido el procedimiento de contratación impulsado por el anterior Gobierno de Luis Lacalle Pou y considera que la rescisión respondió a una decisión política adoptada con "mala fe".

Por su parte, el Frente Amplio mantiene una versión opuesta y sostiene que la investigación parlamentaria ha acreditado irregularidades graves durante la etapa anterior, como el supuesto uso de "documentación falsa" para constituir garantías, prórrogas sin registrar y pagos sin documentación original.

El diputado Joaquín Garlo responsabilizó directamente a Cardama, aunque añadió que las actuaciones del astillero no habrían sido posibles "sin la acción u omisión de funcionarios públicos".