El alcalde de Ourense agrede a una sindicalista en el arraque de la huelga de transporte
El regidor ourensano, Gonzalo Pérez Jácome, ha sigo criticado hoy por numerosos usuarios de redes sociales al trascender una agresión a una sindicalista de Comisiones Obreras que se manifestaba con un megáfono a las puertas del Ayuntamiento.
Ha sido en el arranque de la primera jornada de huelga del transporte urbano de la ciudad cuando el alcalde, que no es la primera polémica o situación desagradable que protagoniza, ha empujado a la manifestante.
Entre pitidos y megáfonos, Jácome reacciona de forma violenta con esta persona, hasta el punto de que tanto la policía local que se encontraba en la zona, como una mujer que se hallaba en la concentración tienen que separar al alcalde de la sindicalista.
Los hechos han trascendido en redes sociales, donde el alcalde, de Democracia Ourensana y que en este momento gobierna en la ciudad con el Partido Popular, ha sido fuertemente criticado.
Desde el sindicato, algunos de sus miembros, han manifestado su profundo rechazo a través de sus cuentas de Twitter para condenar los hechos, que tildan de antidemocráticos y machistas.
Huelga indefinida del bus urbano
La huelga indefinida en los autobuses urbanos de Ourense comenzó este martes tras haber fijado el Ayuntamiento el 52,8% de los servicios mínimos, según informó Europa Press.
El concejal de Movilidad y Transportes, Armando Ojea, firmó ayer el decreto en el que se fija este porcentaje al considerarse el transporte colectivo urbano de viajeros como un servicio mínimo obligatorio en los municipios de más de 50.000 habitantes, como es el caso de Ourense.
La huelga afecta a 125 empleados de la concesión, de los que 96 son conductores mientras el resto, administrativos, inspectores, mecánicos y lavacoches.
Desde el comité de empresa han insistido en sus reivindicaciones, piden cobrar por una jornada laboral de 8 horas al día, 40 horas a la semana, con horas extras negociadas, mientras que la empresa propone cobrar mensualmente según la línea que realicen, cambiando un sistema que funciona desde 1986 y que los trabajadores están dispuestos a asumir pero sin que suponga una pérdida de salario.
