Era noviembre de 2016 cuando más de una decena de periodistas que siguen la información educativa llenaba la sala de prensa del Ministerio -que por aquel entonces dirigía Íñigo Méndez de Vigo-. Se presentaba el informe TIMSS -el PISA de los alumnos más pequeños- y en Alcalá, 34 la alegría por los resultados que este estudio arrojaba era evidente: ¡el rendimiento de los estudiantes españoles de nueve años mejoraba en Matemáticas y Ciencias!

Ese día dio la cara el director general de Educación y fue tajante: "La clave de la mejora es la introducción de una nueva ley educativa". Se refería a la LOMCE, a la polémica Ley Wert -aprobada gracias al rodillo popular que ejerció el Partido Popular durante su última mayoría absoluta-. Era el momento de sacar pecho tras años de remar a la contra de toda -sin prácticamente excepción- la comunidad educativa. Sólo había un problema: los alumnos que se examinaron en la prueba internacional eran de 4º de Primaria y en ese curso aún no se había aplicado la LOMCE -que lo hizo de manera progresiva en el calendario escolar-.

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Ahora sí. Es la primera vez que la generación Wert es examinada por la OCDE al primer nivel: el prestigioso -y muy temido- Informe PISA. Vayamos primero a los horribles -sin paliativos- datos que revela sobre los estudiantes españoles. Seguimos estando en el vagón de cola de la OCDE -al nivel de Hungría o Lituania- en Ciencias y Matemáticas. Esto se veía venir -en tres años es imposible situarse entre los cabezas de cartel-, pero el jarro de agua fría viene al constatar que hemos retrocedido hasta cinco puntos en Matemáticas (de 486 a 481) y hasta 10 en Ciencias (de 493 a 483). Esto es, volvemos a situarnos en Matemáticas en niveles del año 2003 y en Ciencias jamás habíamos registrado una puntuación tan baja desde que PISA mide esta competencia: en 2003 logramos 488 puntos, cinco más que ahora.

Y si estos anteriores son los datos globales españoles, los resultados obtenidos por comunidades autónomas son doblemente negativos: no sólo son malos -la mayoría de regiones retroceden, incluso las que estaban por encima de la media de la OCDE y Unión Europea-, sino que evidencian la brecha educativa entre el norte y el sur de hasta más de un curso y medio de distancia. ¿Qué ha pasado?

Lo cierto es que estos nefastos resultados vienen precedidos de una gran polémica que bien los podía vaticinar. La OCDE admitió hace unas semanas "anomalías" en las respuestas de alumnos españoles en el cuestionario que medía la fluidez lectora. No sólo emplearon 25 segundos en responder a 20 cuestiones, sino que contestaron que "sí" tenían sentido -al loro- frases como "los aviones están hechos de perros", "el hombre que es más alto agradece a la mujer y el niño es más bajo que ambos" o "si el gato se hubiera quedado fuera toda la noche, no habría estado en la casa a las 2. am". Así, la OCDE decidió no presentar los resultados obtenidos por los alumnos españoles porque detectó respuestas "inverosímiles". ¡Y tanto!

Entonces, ¿se puede seguir confiando de manera ciega en el todopoderoso PISA o es el momento de cuestionarlo? La primera comunidad que ha alzado la voz contra el informe de este año ha sido Madrid -sí, gobierna el mismo partido que elaboró la malograda ley Wert, la séptima norma educativa en lo que llevamos de democracia-. Desde el Gobierno regional ya avisaron la semana pasada de que los errores detectados habían "contaminado" el resto de áreas. "Esto es la punta del iceberg de lo que ha sucedido. Tenemos una base de datos limitada y creemos que lo que hemos descubierto es solo una parte, debe haber muchas cosas más", denunció el consejero educativo, Enrique Ossorio. 

Claro, este ataque a PISA hay que contextualizarlo y con los datos conocidos este martes todo resulta más obvio: Madrid ha pasado de obtener 503 puntos en Matemáticas en el estudio anterior a sólo 480 (seis por debajo de la media nacional) y de alcanzar los 516 en Ciencias a quedarse con 487, ligeramente por encima del promedio patrio. Es decir, se ha dejado 23 y 29 puntos, respectivamente. Esto supondría retroceder un curso en las competencias examinadas entre los alumnos de 15 años.

Madrid -y probablemente desde este martes otras comunidades se sumen al carro- ya ha empezado su caza de brujas contra PISA. Su cruzada particular contra el organismo internacional en el que disfruta de su retiro dorado el ex ministro Wert: que si la culpa es de los examinadores -una empresa subcontratada del Ministerio de Educación- por dar instrucciones a los alumnos de manera caótica, que si qué derroche por unos exámenes que le cuestan a la región 300.000 euros, que si falta transparencia...

PISA no debe ser la guía que nos señale el correcto camino que debe tomar nuestro sistema educativo, como tampoco deben ser los rankings de universidades los que guíen las políticas universitarias: Pero sí debe servir para reflexionar sobre la falta de consenso político en un área fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad en un momento en el que al pacto nacional por la Educación ni se le espera y está a la vuelta de la esquina la aprobación de la Ley Celaá: la que sería la octava ley educativa en 40 años.