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Begoña Revuelta, con una pensión de 800 euros y una discapacidad absoluta, paga 600 euros por una habitación compartida en un piso con otras 13 personas en Madrid.
La vivienda donde reside es gestionada por una empresa que alquila propiedades de particulares y revende las habitaciones, incrementando el precio tras cada renovación de contrato.
Begoña no recibe ayudas públicas ni vivienda social, ya que su pensión es considerada "alta" por las autoridades, pese a que el gasto medio por persona en España es superior a sus ingresos.
La situación de Begoña refleja la gravedad de la crisis habitacional en España, donde los precios del alquiler superan la capacidad económica de muchas personas vulnerables.
Hablar sobre la crisis de la vivienda ya se ha convertido en algo redundante. No obstante, cada día aparecen más historias que reflejan realmente lo preocupante que se ha vuelto esta situación.
Begoña Revuelta es uno de estos duros testimonios. Con una discapacidad absoluta, la inquilina tuvo que recurrir al alquiler habitacional y compartir piso con otras trece personas, quienes asegura que son de "todas las edades".
Su vivienda es de once habitaciones y le supone 600 euros de alquiler al mes; lo que, al final, representa una importante suma teniendo en cuenta que su pensión es de 800 euros. "No me dan ni una ayuda porque, según el Estado, mi pensión es alta", contó la inquilina en laSexta Xplica.
"Lo que yo tengo es miedo"
"Yo vivo en una casa que tiene once habitaciones; hay dos parejas, entonces somos trece personas", comenzó señalando la inquilina que agregó que son personas de todo tipo de trabajos y edades.
"Tengo una compañera abogada de 50 años; hay matrimonios de mi edad, chavales de 40 años que trabajan en el aeropuerto de Madrid", señaló Revuelta.
Con esto manifestó que "yo pago 600 euros de alquiler por una habitación compartiendo un baño". Así explicó que el motivo que le ha hecho encontrarse en esta incómoda situación es su condición médica.
"Yo tengo una discapacidad absoluta, una enfermedad grave y no puedo trabajar", explicó. Esta misma cuestión es la que la mantiene viviendo en Madrid, ya que, ve imposible mudarse a un pueblo porque en la capital es donde tiene su "red de apoyo".
Manifestó que, con su condición, "yo tengo que estar cerca de mi hospital; yo llevo diez años con cáncer y mi red de apoyo está en Barajas", y, si se muda a algún pueblo cercano a Madrid, "tengo que pagar 40 euros de taxi (...). Esta es mi realidad".
Revuelta explicó que su vivienda es gestionada por una empresa; no "un pequeño propietario que tiene un piso, ha trabajado toda su vida para tenerlo y le saca provecho", sino que "es una empresa que coge las viviendas de particulares, les da un fijo al mes y ellos gestionan las casas y ganan lo que quieren".
Begoña Revuelta, inquilina que comparte piso con 13 personas.
La realidad es que sentenció que "yo vivo con miedo" de una subida del alquiler: "A mí no me dan ninguna seguridad (la empresa que gestiona su vivienda)", confesó.
"Yo es cierto que no leí el contrato, pero me sentí engañada porque yo lo primero que pregunté es que si subían el precio y me dijeron que no que 'nunca, nunca'; el primer mes, el primer contrato que me renovaron, 50 euros más y ahora se me acaba el contrato en marzo", comentó.
Con esto, la inquilina explicó que ella debería tener una vivienda pública teniendo en cuenta su situación, pero que "no me la dan, no me dan ni una ayuda, ni siquiera la Ley de la Dependencia me corresponde, porque, según el Estado o el Gobierno, mi pensión es alta".
"Me dicen que no se trata de mis gastos, sino de lo que yo ingreso; entonces, una pensión de 800 euros es elevada", recalcó Revuelta. Sin embargo, el gasto medio por persona en España supone entre 900 y 1.500 euros al mes.
Con esto, Begoña Revuelta se convierte en una de las inquilinas afectadas por la crisis habitacional en España donde, según datos de Idealista, el alquiler de una vivienda de 80 metros cuadrados supone, en promedio, 1.176 euros mensuales.