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Las claves

La convivencia familiar siempre ha sido un asunto privado y natural, pero ahora, desde el punto de vista fiscal, vivir gratis en la propiedad de los padres podría tener consecuencias inesperadas.

La Agencia Tributaria tiene potestad para exigir impuestos en casos donde un hijo habite en una vivienda propiedad de sus progenitores sin pagar alquiler, siempre que esa cesión de uso genere un beneficio económico significativo.

Aunque esta medida no afecta a la vivienda habitual de la familia, sí puede aplicarse a segundas residencias o a inmuebles de alto valor, lo que, sin duda, afectará a muchas familias en España.

El concepto central detrás de esta tributación es la "renta imputada por cesión de uso".

Según la normativa, si los padres ceden gratuitamente una propiedad que no constituye su domicilio habitual a sus hijos, Hacienda puede considerar que existe un beneficio económico que, a efectos fiscales, equivale a un ingreso.

Este beneficio conlleva una obligación tributaria, ya sea a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o, en determinados casos, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, si se interpreta como una donación encubierta.

No obstante, conviene subrayar que no se trata de una persecución masiva de familias. En la práctica, la Agencia Tributaria centra su atención principalmente en inmuebles de alto valor o en situaciones que denoten un claro intento de elusión fiscal.

Esta interpretación legal, sin embargo, abre un debate sobre cómo se valora económicamente el uso de un inmueble y cuáles son los límites de la fiscalidad en el ámbito familiar.

Por ello, los expertos recomiendan actuar con precaución y formalizar cualquier cesión de uso que pueda generar dudas.

Una herramienta habitual es el contrato de comodato, un acuerdo legal que documenta la cesión gratuita de un inmueble, protegiendo tanto a padres como a hijos frente a posibles requerimientos de Hacienda.

En definitiva, aunque convivir con los padres en la vivienda habitual sigue siendo seguro desde el punto de vista fiscal, trasladar a los hijos a una segunda propiedad o permitir el uso de inmuebles sin alquiler puede generar obligaciones tributarias inesperadas.

Así, este enfoque de Hacienda refuerza la necesidad de planificación y conocimiento fiscal en la gestión de propiedades familiares, evitando conflictos legales y financieros futuros.