Las claves
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El Gobierno ha prorrogado hasta 2026 la prohibición de desahucios y cortes de suministros básicos para familias vulnerables.
El abogado Carlos García señala que esta prórroga explica parte del aumento de los precios del alquiler, ya que reduce la oferta disponible.
Las medidas permiten suspender procedimientos de desahucio acreditando vulnerabilidad, lo que genera inseguridad jurídica para los arrendadores.
Según los expertos, convertir a los propietarios en "escudo social involuntario" desincentiva el alquiler y contribuye a la subida de precios en el mercado.
El Gobierno aprobó en el último Consejo de Ministros de 2025 un Real Decreto-ley que incluye la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables.
También incluye la prohibición de cortes de suministros básicos como luz, agua y gas, así como la prórroga del bono social eléctrico. Medidas que iban a caducar el pasado 31 de diciembre. Una vez reciba el visto bueno del Parlamento entrará en vigor, previsiblemente, durante todo 2026.
Según afirma el abogado Carlos García en LinkedIn, “nadie habla de esta prórroga, pero explica mucho sobre por qué suben los precios del alquiler”. Prórroga porque estas medidas arrancaron con motivo de la pandemia.
En concreto, fue el Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo, el que incluyó la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de la renta de hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
Posteriormente, se fue renovando año a año. La última vez, con el Real Decreto 1/2025, de 28 de enero. Se aplica a hogares vulnerables sin alternativa habitacional sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994.
Subida de precios
Fue el pasado 23 de diciembre cuando se publicó el Real Decreto-ley 6/2025, que modifica de nuevo el RDL 11/2020 antes citado. Con este RDL, se amplía hasta el 31 de diciembre de 2026 la posibilidad de suspender lanzamientos por vulnerabilidad económica, tanto en contratos de alquiler vencidos como en ocupaciones sin título.
“El sistema permite paralizar un procedimiento judicial con solo acreditar vulnerabilidad. En muchos casos, con cumplir unos requisitos que están al alcance de casi cualquier unidad familiar con hijos”, apunta Carlos García.
Y añade: “La suspensión se mantiene sin fecha cierta, hasta que actúen los servicios sociales. El arrendador, aunque también sea vulnerable, no tiene garantía de recuperar la posesión.Y a efectos procesales, se presume su consentimiento”.
Llegados a este punto, el abogado subraya que, durante años, “el debate se ha centrado en la ocupación. Y aunque no sea un fenómeno tan anecdótico como algunos afirman, sí es marginal”.
¿Dónde está el verdadero impacto en el mercado según el experto? En los llamados ‘inquiokupas’. Es decir, aquellos inquilinos que, por un revés real o por estrategia, dejan de pagar sabiendo que no habrá consecuencias inmediatas.
“Esto no es una excepción. Es el nuevo marco legal. Y se suma a congelaciones de renta, contratos de duración forzosa y leyes autonómicas cada vez más intervencionistas”, resume Carlos García.
Como consecuencia de todo ello, “la oferta se contrae. Cada vez hay más propietarios (particulares, no fondos) que dejan de alquilar. No porque no quieran. Porque el riesgo jurídico es demasiado alto”.
De ahí que concluya remarcando que “convertir al arrendador en escudo social involuntario es una política ineficaz. Y ya está teniendo consecuencias”. Porque al haber menos oferta, y más demanda, los precios suben.