Las claves
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La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales continúa generando un intenso debate en España. La medida, impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, busca mejorar la conciliación y la calidad de vida de los trabajadores. Sin embargo, no todos los sectores la reciben con los brazos abiertos. En el caso de la hostelería y el turismo, la preocupación es palpable.
Muchos empresarios del sector aseguran que esta reforma podría suponer un golpe difícil de asumir para miles de locales que ya operan con márgenes mínimos. Temen que el aumento de costes y la menor disponibilidad de empleados deriven en una oleada de cierres.
Uno de los testimonios más comentados ha sido el del empresario David Ariza, propietario del restaurante Rice and Bones, quien expresó en La Sexta Xplica su indignación ante una posible aplicación inmediata de la medida. "Cada empleado debe facturar 7.000 euros. Si no los genera, el dinero lo tenemos que poner nosotros de nuestro bolsillo", afirmó con contundencia.
Ariza denunció además la "falsa percepción" que existe sobre la rentabilidad de la hostelería en España. "Hablamos de facturaciones millonarias, pero al final del año queda una miseria", señaló, en una intervención que se viralizó rápidamente.
Un cambio que preocupa a bares y restaurantes
El Gobierno defiende que la reducción de la jornada permitirá avanzar hacia un modelo laboral más equilibrado y moderno. Sin embargo, los empresarios insisten en que no se puede aplicar de manera homogénea en todos los sectores.
En la hostelería, donde los horarios se adaptan a la demanda del cliente y los picos de trabajo se concentran en fines de semana o festivos, los dueños aseguran que cumplir la nueva jornada sin incrementar la plantilla es inviable.
La patronal Hostelería de España, presidida por José Luis Álvarez Almeida, advierte de las graves consecuencias que puede tener esta medida. "El sector ya viene soportando un incremento de costes sin precedentes. Una nueva reducción de horas puede ser la puntilla para muchos negocios", advirtió.
Según sus datos, los costes laborales aumentaron entre un 12% y un 14% en 2024, una cifra muy por encima de la subida de precios en el sector, que se situó entre el 6% y el 8%. Reducir la jornada, dicen, haría aún más difícil sostener la actividad.
Además, una jornada más corta implicaría que los trabajadores estén menos horas disponibles, lo que obligaría a contratar más personal o, en su defecto, reducir los horarios de apertura. Ambas soluciones suponen un problema: contratar más eleva los gastos y abrir menos significa facturar menos.
Las primeras estimaciones de las patronales apuntan a un incremento del 6% al 8% en los costes laborales si la reducción entra en vigor sin ajustes complementarios. Para muchos bares y restaurantes, que dependen del volumen diario de clientela, este aumento puede ser insostenible.
No hay manos suficientes
Más allá del dinero, el sector se enfrenta a un problema añadido: la falta de personal. En los últimos años, la hostelería ha perdido miles de trabajadores cualificados que han buscado empleos con mejores horarios o condiciones más estables.
Los empresarios advierten de que incluso si quisieran contratar más empleados para compensar la reducción de jornada, no los encontrarían. "Nos falta gente en cocina, en sala y en barra. No es solo un tema de costes, es que no hay manos", explican desde varias asociaciones provinciales de hostelería.
El impacto de esta medida también preocupa por el momento económico actual. Aunque el turismo sigue en cifras récord, la demanda interna se ha frenado y la rentabilidad de muchos locales se ha desplomado. Según el último informe anual de Hostelería de España, más de 31.000 bares han cerrado en la última década, un dato que alerta sobre la fragilidad del sector.
Aunque en paralelo han surgido nuevos restaurantes, el ritmo de aperturas se ha estancado en los últimos años. En algunas comunidades autónomas, los empresarios se han visto obligados incluso a aplazar el pago de impuestos para mantener la actividad. La patronal estima que en ciertas regiones, los aplazamientos se han triplicado hasta el 30%.
La postura del Gobierno y el miedo al cierre
Desde el Ministerio de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz, defienden que sectores como la hostelería o el comercio son precisamente los más aptos para asumir la reducción, dado su dinamismo y capacidad de adaptación.
Sin embargo, las patronales consideran que el diagnóstico es erróneo. Argumentan que muchos negocios de restauración funcionan con una rentabilidad mínima, especialmente los de pequeña y mediana escala, y que la medida podría llevar al cierre de miles de locales.
Algunos economistas han advertido que una aplicación sin compensaciones —como subvenciones a la contratación o reducciones fiscales— podría tener un impacto directo en el empleo. En otras palabras, si los costes aumentan y las ventas no crecen, muchos empresarios optarían por reducir plantilla o directamente bajar la persiana.
Los empresarios del sector piden un plan de transición gradual, que permita adaptarse progresivamente al nuevo horario sin comprometer la viabilidad económica. También reclaman flexibilidad horaria para los fines de semana o temporadas altas, cuando la demanda de personal es mayor.
En paralelo, los sindicatos defienden la medida y recuerdan que el sector hostelero lidera la precariedad laboral en España, con jornadas que en muchos casos superan las 45 horas semanales. "La reducción es necesaria y justa. Los trabajadores llevan años sosteniendo el turismo español a costa de su salud y su tiempo libre", explican desde CCOO y UGT.
El debate, en definitiva, refleja una división profunda entre las aspiraciones de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y la realidad de las empresas que los emplean.
Un modelo en búsqueda de equilibrio
España se enfrenta así a un desafío complejo: reducir la jornada sin reducir la competitividad. En sectores como la hostelería, donde la rentabilidad depende del servicio continuo, cada hora cuenta.
La clave, según varios expertos, estará en cómo se implemente la reforma. Si se combina con incentivos a la productividad, digitalización o formación, podría suponer un salto positivo. Pero si se impone sin diálogo ni medidas compensatorias, el riesgo de cierres y pérdida de empleo es real.
David Ariza lo resumió con crudeza en televisión: "No estamos en contra de que la gente trabaje menos, pero que alguien nos diga cómo pagamos las nóminas".
Una frase que resume el dilema de todo un sector que, mientras sirve cafés, menús y copas a diario, teme que el cambio que promete mejorar la vida de los trabajadores termine ahogando a los negocios que los sustentan.
