A Mariano lo abandonó su padre cuando tenía ocho años. Su madre lo había hecho un tiempo antes. Mariano tenía un extraño trastorno de la personalidad que hacía muy difícil controlar su carácter. No hablaba. Sólo emitía sonidos. Su padre no encontró las fuerzas para cuidarlo y un día lo dejó. "Nos faltaba una ley que cuidase de Mariano".
La historia la contó una de las enfermeras que atendía a Mariano en su colegio de necesidades especiales. Ella y otras muchas personas vuelcan cada cierto tiempo en internet estos testimonios como una especie de catarsis. Aurelia Jerez también lo hizo. Tiene un hijo de nueve años con una gran discapacidad diagnosticada. Dejó su trabajo para cuidar de él. Jerez es hoy la presidenta de la coordinadora estatal de Plataformas de Dependencia. La Ley de Dependencia, que nació como un paraguas de servicios para proteger a las personas con incapacidad funcional para su vida diaria, cumple este miércoles 10 años con más sombras que luces.
"Necesitamos que se blinden los derechos de las personas en situación de dependencia", dice Jerez a EL ESPAÑOL. "Necesitamos que de una vez el Gobierno que nos ha tocado en suerte, se decida a cumplir con su obligación de atender a las personas en situación de dependencia, casi un millón y medio de personas que necesitan del compromiso de toda la sociedad en general y de los gobiernos correspondientes en particular".
355.500 personas en lista de espera
La Ley para la Autonomía Personal y la Atención a la Dependencia fue impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006 como la cuarta pata del Estado del bienestar. Según cifras oficiales, más de 1,2 millones de personas tienen reconocido oficialmente el derecho a recibir alguna prestación o servicio por su situación de dependencia. El 75% tiene más de 65 años. El 65% del total son mujeres. El problema es que más de 355.500 personas de las reconocidas como dependientes están en lista de espera sin recibir un solo euro. Hasta 125.000 murieron con el derecho reconocido pero sin atención.
Aurelia Jerez con su hijo.
La dependencia sufrió el embate de los recortes en 2012. Según Jerez, sólo el 18% de la financiación actual se paga vía Presupuestos. El 19% lo costean las familias en forma de copagos por los servicios profesionales prestados. El resto corre a cargo de las comunidades autónomas, que con la obligación de cumplir el objetivo de déficit no dan abasto. El espíritu de la ley era que la financiación se repartiera más o menos al 50% entre el Gobierno central y las comunidades.
El otro gran reto pendiente es la situación de los cuidadores, muchos de ellos los propios familiares. Desde 2012, el trabajo de estas 180.000 personas, según cálculos oficiosos, no cotiza a la Seguridad Social.
"Se está creando una enorme bolsa de pobreza", explica Jerez. "En mi caso, por ejemplo, trabajé hasta que nació mi hijo y ahora me dedico a cuidarle. Cuando me jubile tendré que irme a vivir debajo de un puente, porque no creo que nadie me quiera contratar".
Retorno del 40%
Marisol Pérez fue una de las ponentes de la ley hace diez años. La todavía diputada del PSOE recuerda la alegría y el espíritu constructivo y dialogante de los grupos durante la negociación. Pérez admite que la legislación necesita una revisión para evaluar su funcionamiento. Pero lo primero, dice, es exigir al PP que cumpla.
"El PP ha sido desleal con esta ley", explica Pérez. "Lo que tiene que hacer es aplicar la ley y recuperar el espíritu de una ley que servido para devolver la dignidad y prestar servicios a muchas personas".
Pérez asegura que la crisis es una excusa. Y que el Observatorio de la Dependencia ha demostrado con datos que el retorno de la inversión por estos servicios de atención está cerca del 40%: "Es una gran fábrica de bienestar social, trabajo y economía sostenible para el país".
Protesta de la plataforma de dependencia.