Óscar Puente pretende amontonar a 1.800 migrantes en el campamento del Puerto de Ceuta después de que la Audiencia Nacional haya rechazado suspender cautelarmente su instalación.
La cifra anunciada este jueves por el ministro de Transportes supone un 80% más respecto al millar con el que se había planteado inicialmente el polémico dispositivo.
El recinto ocupará 16.000 metros cuadrados en el muelle de Poniente y los migrantes dispondrán de 8,9 metros cuadrados de superficie bruta para cada uno.
Ese cálculo incluye no sólo las zonas destinadas a las carpas, sino también los espacios necesarios para vías de acceso, instalaciones sanitarias, enfermería, atención social, oficinas, seguridad y el resto de servicios comunes previstos en el recinto.
La densidad prevista queda muy por debajo de las referencias internacionales utilizadas para la planificación de asentamientos humanitarios.
El Manual Esfera, una de las principales guías internacionales sobre normas mínimas de respuesta humanitaria, establece para los asentamientos planificados de este tipo una superficie útil mínima de 45 metros cuadrados por persona, incluyendo las parcelas familiares, las vías de acceso y las infraestructuras y servicios comunes.
Esta referencia puede reducirse a 30 metros cuadrados por persona cuando parte de los servicios comunitarios se presta fuera del asentamiento.
Otras organizaciones como ACNUR utilizan como referencia general los 45 metros cuadrados por persona: 30 metros cuadrados para alojamiento, las vías, el saneamiento, los cortafuegos, la seguridad, el almacenamiento, la distribución y la administración, y otros 15 metros cuadrados para pequeños huertos familiares.
Esto no significa que cada migrante deba disponer individualmente de entre 30 y 45 metros cuadrados dentro de una carpa. Se trata de una referencia sobre la superficie total necesaria para que funcione un asentamiento de estas características.
Los 8,9 metros cuadrados brutos por persona previstos en Ceuta reflejan una ocupación especialmente elevada.
Esta ampliación hasta las 1.800 personas supone un nuevo cambio de rumbo en la lista de decisiones con las que el Gobierno ha intentado sacar adelante la instalación.
El primer obstáculo llegó con el 'no' del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta, que rechazó la cesión de los terrenos solicitada por el Gobierno.
Pese a ese rechazo, el 5 de septiembre el Ministerio de Transportes recurrió a otra vía legal para asumir temporalmente el control de los 16.000 metros cuadrados del muelle de Poniente y destinarlos a la instalación de las carpas.
En aquella votación, el abogado del Estado Alejandro Geronico Berdaguer respaldó la cesión, aunque pidió que constara en acta que lo hacía "obligado" y contra su voluntad.
Días después, Puente se cobró su cabeza como vocal del Consejo de Administración en representación de Puertos del Estado pese a haber votado a favor de conceder la parcela al Ejecutivo.
La batalla se trasladó después a los tribunales. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) recurrió la decisión del Ministerio ante la Audiencia Nacional al entender que la instalación podía afectar a la seguridad de una infraestructura crítica.
La Audiencia Nacional respondió inicialmente paralizando la ejecución de la instalación mientras estudiaba la suspensión cautelarísima planteada por el sindicato. En ese momento, todavía se hablaba de un asentamiento para más de 800 inmigrantes.
Sin embargo, ha sido el propio Óscar Puente, en una entrevista en TVE y antes de rechazarse la suspensión cautelar de la instalación, quien ha anunciado que el asentamiento acogerá a 1.800 migrantes.
"El Poder Judicial, a través de su máxima representante y de algunas asociaciones, pretende situarse en una especie de mundo aparte, completamente ajeno a cualquier crítica", espetó Puente en La 1.
"No se puede, por lo visto, criticar las resoluciones judiciales o expresar lo que los ojos y los oídos nos trasladan. Parece que quieren ser un poder aparte, una especie de casta, y yo con eso no estoy de acuerdo".
Pero la decisión del tribunal, que ha concedido finalmente la autorización que el Gobierno buscaba, ha dejado en entredicho los dardos del ministro. Eso sí, la Audiencia Nacional ha advertido de que esta decisión no exime al Gobierno de tomar medidas que garanticen la seguridad.
Lo cierto es que las dudas sobre la seguridad del recinto están presentes desde el inicio del proyecto.
El motivo por el que el Consejo de la Autoridad Portuaria rechazó la concesión de la parcela es que el Ministerio no tuvo en cuenta el informe técnico que advertía de que "en la zona inmediata [al campamento] existen concesiones activas de uso complementario dedicadas a logística y almacenaje".
Asimismo, la institución encargada de la gestión del puerto ha requerido hasta en cuatro ocasiones a Transportes y Puertos del Estado el informe favorable de este último organismo en el que el Ministerio se apoyó para asumir temporalmente el control de los terrenos.
Según la documentación en obra de EL ESPAÑOL, al cierre de esta información seguía sin constar respuesta a esos requerimientos.