El lunes, hacia las 8:51, un estruendo despertó a los vecinos de Socuéllamos (Ciudad Real). El rugido provino del polígono industrial El Llano, donde se encuentra la planta de residuos sanitarios de Athisa Biodegradación S.L. Pocos segundos después se escucharon las sirenas, el trajín de los vehículos, los helicópteros sanitarios. El origen fue una brutal deflagración que había dejado tres heridos graves.
Entre las víctimas se encontraba Almudena Moreno Morales. Ella no consiguió sobrevivir a las heridas. Tenía 51 años y trabajaba como administrativa en la planta. En el pueblo era conocida por su participación activa en las agrupaciones locales.
"La queríamos mucho. Participaba en los grupos folclóricos musicales y tenía un recorrido vecinal. Nos ha trastocado", señalan fuentes del municipio consultadas por EL ESPAÑOL, que confirman que los otros heridos son Mario, un joven de 31 años hijo de una concejal de Vox, y Fernando, de 58 años, que se encuentra estable.
El accidente activó un despliegue de emergencia con equipos de bomberos, de la Guardia Civil y de Policía Local, los cuales intentaron desesperadamente socorrer a las víctimas. Pero el desenlace trágico de Almudena, evacuada en helicóptero al Hospital Universitario de Ciudad Real, fue inevitable.
El presidente de Athisa, José Luis Alarcón, aseguró horas después que todo ocurrió cuando dos de los cinco operarios de la fábrica estaban trasegando formaldehído entre bidones de 1.000 litros. "Ya se habían trasegado dos bidones" y todavía quedaba uno, pero "el tercero, que no habían manipulado, implosionó solo. Se ha empezado a hinchar y el contenedor no ha sido capaz de aguantar, aunque está diseñado para eso".
Alarcón ha detallado que el formaldehído es una sustancia que no es autoinflamable, sino que necesita "una ignición". Por ello, desconoce qué ha podido pasar teniendo en cuenta que "el contenedor y la bomba de trasiego son los apropiados y ninguno de los operarios fuma".
El jefe del Parque de Bomberos de Alcázar y Tomelloso, Rafael Fernández del Hierro, confirmó la mayor: la explosión tuvo lugar en un bidón contenedor con productos químicos que causó una gran onda expansiva que rompió cristales por sobrepresión y deformó las puertas de la nave industrial.
Mapa con la localización del suceso.
Comisiones Obreras de Ciudad Real ha exigido "celeridad" para esclarecer las causas del accidente laboral y ha denunciado que el depósito "contenía productos químicos con unos niveles de toxicidad e inflamación muy altos".
También ha recordado que se desconoce si la empresa tenía "evaluación de riesgos laborales, si esa evaluación se ajustaba a la actividad real y si los trabajadores tenían la formación adecuada o los equipos de protección necesarios".
La gran pregunta es si esta tragedia podría haberse evitado. Algunos vecinos creen que sí, y lo justifican asegurando que ya advirtieron sobre los peligros de la planta. "Temíamos fugas de material de residuos, algún tipo de contaminación y hasta filtraciones a las acometidas de agua. Lo de la explosión, eso sí, no lo vimos venir", confiesan a EL ESPAÑOL fuentes locales.
"Si nos hubiesen escuchado se podría haber evitado. Ya es tarde para lamentarse. Ojalá esto sirva para que la cierren definitivamente y nos escuchen cuando decimos 'no'".
Una larga batalla vecinal
La planta de tratamiento de residuos sanitarios del Grupo Athisa se inauguró en Socuéllamos en abril de 2025 y fue promocionada a bombo y platillo como la primera de España capaz de tratar residuos sanitarios citostáticos sólidos peligrosos y efluentes líquidos hospitalarios críticos, la mayoría provenientes de tratamientos oncológicos, de forma limpia y sostenible.
Se trata de residuos peligrosos porque presentan riesgos carcinógenos y mutagénicos para la salud y su gestión está regulada por estrictos protocolos sanitarios.
Aunque se consideran estrictamente residuos químicos tóxicos, también pueden estar potencialmente contaminados con material biológico si han estado en contacto con pacientes, pero eso depende de la naturaleza concreta del residuo. Por ejemplo, las jeringuillas usadas, las gasas u otros materiales en los que existan restos de sangre, fluidos o materiales biológicos con carga infecciosa.
Grupo Athisa defendió desde el inicio de las obras que su planta iba a ser un referente nacional en innovación ambiental, que iba a ser capaz de minimizar el transporte de residuos potencialmente peligrosos y evitar su incineración fuera de la región, ahorrando costes y emisiones.
Vista de la nave en la que se ha producido la deflagración.
Su sistema, basado en la oxidación avanzada, consiste en destruir los residuos médicos críticos sin necesidad de ser incinerados, lo que evita emisiones de gases, sustancias tóxicas y cenizas peligrosas, lo cual era vendido como un "hito histórico" e inédito en España.
Sin embargo, desde el inicio del proyecto, el desarrollo de la planta de tratamiento de residuos médicos de Socuéllamos estuvo marcada por la conflictividad entre la administración local y la sociedad.
Asociaciones vecinales y plataformas como Stop Biometano y Stop Planta de Residuos Médicos se posicionaron en contra. La oposición se plasmó en la convocatoria de manifestaciones (la mayor, de unas 2.000 personas en la plaza del pueblo) y la presentación de hasta 500 recursos de reposición.
Entre las principales preocupaciones figuraban la naturaleza peligrosa de los residuos a tratar, el temor a vertidos o fugas contaminantes y la opacidad sobre la gestión y tratamiento de materiales provenientes de terapias oncológicas y analíticas médicas.
"La planta había sido rechazada ya en Andalucía. Su método de oxidación no está homologado en Europa. En uno de los apartados de la Declaración de Impacto Ambiental se decía que era potencialmente contaminante para la atmósfera. Sólo con esas palabras ya uno se echaba a temblar", señala José María Requena, portavoz de la asociación Stop Biometano y Stop Planta de Residuos Médicos.
"Tratan residuos médicos citostáticos, restos de anatomía patológica, animales muertos de laboratorio, biopsias, restos con bacterias resistentes a los antibióticos. Los residuos líquidos de la oxidación van directamente a nuestro alcantarillado y a nuestra depuradora. Este proyecto se ha inaugurado de espaldas al pueblo, de improviso y a traición", denuncia.
Portavoces de la plataforma también alertaron de la insuficiencia de información, la falta de un plan de emergencia para la eventualidad de accidentes graves, la ausencia de inspección por parte de la consejería de Sanidad y las carencias en las infraestructuras de seguridad. Otra cosa que enfadó a los vecinos es que Socuéllamos se trata de una población pequeña y que no tiene hospitales tan grandes a su alrededor como para necesitar tratar tal volumen de residuos.
Por ello, tras la explosión, la indignación se mezcló con el duelo. "No había un plan de emergencia, y lo hemos visto con la explosión".
Apenas horas después de la tragedia que le costó la vida a Almudena, la delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, confirmó que la planta estaba expedientada. "Tenía abierto un expediente sancionador por infracción grave. Esta actividad no contaba con los parabienes del Gobierno regional. Nos habían comunicado que iban a ampliar el volumen de producto a tratar y les dijimos que no los autorizábamos".
Fernández también ha señalado que la empresa debía cumplir "una serie de medidas complementarias que ya se habían detectado como deficiencias en las actas de inspección y en el expediente sancionador".
"El expediente por infracción grave viene de una inspección realizada en agosto de 2025", explica José María Requena. "Lo realizó la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Encontraron que se estaban tratando residuos médicos no autorizados".
Manifestaciones de las plataformas contrarias a las plantas de biometano y a la de residuos sanitarios de Athisa.
Además, según recuerdan fuentes locales, la instalación contaba con un permiso temporal de funcionamiento que había expirado el 9 de octubre, por lo que llevaba sin actividad hasta el mismo 27 de octubre. "Tuvo un cese temporal, pero fue por un tema de un residuo de materia orgánica que no tiene que ver con el origen de la deflagración", ha explicado el teniente de alcalde de la localidad, José Luis Romero del Hombrebueno. "Una comisión levantó la paralización el viernes".
Según explicó la propia asociación Stop Biometano y Stop Planta de Residuos Médicos después de la desestimación de sus recursos, la empresa "carecía de un plan de emergencia para tratar cualquier tipo de eventualidad [...] no sólo para los que estuviesen en la planta y el polígono, sino para la población [...] tuvimos conocimiento que la consejería de sanidad no había revisado, inspeccionado la nave donde está ubicada la empresa ni las instalaciones y nos parecía lo suficientemente grave.
El ayuntamiento de Socuéllamos, uno de los principales defensores del proyecto, ha expresado hoy "su más profundo pesar" y declarado dos días de luto oficial.
La investigación de la Policía Judicial será clave para determinar si las deficiencias administrativas señaladas por la Junta tuvieron relación directa con la explosión que costó la vida a Almudena Moreno Morales y dejó gravemente heridos a Mario y Fernando o si, por el contrario, se produjo algún tipo de accidente laboral inesperado fruto de un error humano.