Miércoles 22 de enero. Javier Marañón Montero y David Rodríguez Ballesta acudieron a una "reunión de trabajo" en Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial. Ambos eran técnicos contratados por el empresario granadino José Luis Romero Díaz. Éste, propietario de varias compañías tecnológicas, había prometido al Gobierno de Teodoro Obiang implantar la televisión digital terrestre (TDT) en el país.
Pero aquella reunión nunca terminó del todo. Mientras se realizaba, un grupo de agentes de la Gendarmería Nacional irrumpió en el lugar y detuvo a los dos españoles bajo la acusación de "fraude y corrupción", como defendió el propio régimen de Obiang a través de sus medios de comunicación días después.
José Luis –el empresario, al que Obiang ha puesto en 'búsqueda y captura'– había huido antes del país. Javier y David, no. Desde entonces, permanecen recluidos en Playa Negra (o Black Beach, como se le conoce internacionalmente), popular por sus celdas sin ventilación, hacinamiento, torturas y aislamiento prolongado.
Javier Marañón Montero y David Rodríguez Ballesta, en respectivas imágenes de archivo.
Desde entonces, silencio. En mayo se cortaron todas las comunicaciones. Sus familias no han vuelto a hablar con ellos. "Sabemos que están vivos por las noticias que otros presos transmiten a través de sus familiares en España. Están completamente aislados. Es una pesadilla", explica el hermano de David.
El Parlamento Europeo ha intervenido: "Las condiciones inaceptables de detención y los malos tratos infligidos a los presos en Guinea Ecuatorial constituyen una clara violación del Derecho internacional".
El 9 de octubre, la Eurocámara aprobó una resolución exigiendo su liberación "inmediata e incondicional" y advirtió de que la situación podría afectar las relaciones diplomáticas con la Unión Europea.
Según el texto, ambos hombres sufrieron aislamiento total tras interceptarse sus comunicaciones con diplomáticos españoles. El Gobierno de Obiang, molesto por la presión internacional, ordenó cortar cualquier contacto con abogados o familiares. "En represalia", dice la resolución, "se prohibió el acceso consular".
Javier Marañón inició entonces una huelga de hambre que deterioró gravemente su salud. Bruselas ha pedido incluso que se autorice su evacuación médica urgente fuera del país. Pero, hasta ahora, nada se ha movido.
El fraude de la TDT
El proyecto de la TDT se presentó hace unos años como un símbolo de modernización. Guinea Ecuatorial quería dejar atrás la televisión analógica y unirse al estándar internacional. Para ello, el régimen de Obiang confió en un grupo de empresas españolas que ofrecían una solución llave en mano valorada en más de 30 millones de euros.
Pero la realidad era otra. "El jefe vendió algo que no sabían hacer", explica a EL ESPAÑOL una fuente próxima al Gobierno guineano. "Ellos [los técnicos] sólo fueron a una reunión como tantas otras. No tenían poder de decisión. Pero el proyecto se cayó, y alguien tenía que pagar".
Cuando el Gobierno descubrió que la infraestructura prometida era inviable y que los equipos enviados no funcionaban, comenzó la búsqueda de responsables. Romero había abandonado el país previamente. En su lugar, la policía detuvo a dos empleados –el técnico cordobés y el granadino– y los utilizó como chivos expiatorios.
"Es común que en Guinea haya cárceles por casos de corrupción", comenta la misma fuente. "Pero lo de estos dos es distinto. Es como tener rehenes para negociar otras cosas".
"Rehenes" diplomáticos
El caso ha tensado las relaciones entre España y Guinea Ecuatorial, un país con el que Madrid mantiene una relación histórica ambigua: cooperación y petróleo por un lado, violaciones de derechos humanos por otro. El régimen de Obiang, en el poder desde 1979, es una de las dictaduras más longevas del planeta.
"Esto es un chantaje diplomático", resume un diplomático español consultado por este periódico. "Guinea sabe que no puede tocar al empresario principal porque está en territorio europeo, así que detiene a los empleados y los usa como rehenes. Es su forma de presionar para obtener algo. Dinero, reconocimiento o simplemente poder".
En la misma línea, fuentes guineanas confirman que "hay lío diplomático hace meses" y que el Gobierno de Malabo "ha usado estos arrestos como moneda de cambio".
La respuesta del Gobierno español ha sido discreta, casi invisible. Desde Exteriores aseguran que "se están realizando todas las gestiones posibles" y que se mantiene contacto "constante" con las autoridades guineanas. Pero, nueve meses después, los dos españoles siguen entre rejas.
Otras fuentes diplomáticas reconocen que el margen de maniobra es limitado. Obiang no responde bien a la presión internacional y ha demostrado, en múltiples ocasiones, que "prefiere el aislamiento al desafío". En este contexto, cada movimiento debe ser calculado.
Aun así, las familias sienten que se ha hecho poco. "Necesitamos más contundencia", reclama el hermano de David. "No puede ser que un ciudadano europeo esté nueve meses encerrado sin juicio, sin cargos y sin derechos, y que no pase nada".
En Estrasburgo, los eurodiputados han exigido a Josep Borrell y al Servicio Europeo de Acción Exterior que redoblen los esfuerzos diplomáticos "en estrecha coordinación con España". Hasta ahora, sin resultados visibles.
Una celda sin salida
Mientras tanto, en Playa Negra, los días pasan sin luz ni noticias. Los presos duermen sobre el suelo, sin colchones, y reciben una ración diaria de arroz con sardinas. Las enfermedades se propagan con rapidez. No hay atención médica, ni higiene, ni esperanza.
En ese escenario, Javier Marañón continúa débil. "Le obligaron a firmar un papel diciendo que cualquier cosa que le pasase sería su responsabilidad", denuncian sus familiares. "Es una forma de lavarse las manos".
Los abogados en España insisten en que el caso judicial está cerrado y a la espera de juicio, pero temen que esa "espera" se prolongue indefinidamente. En Guinea Ecuatorial, el tiempo judicial no sigue las normas europeas. Allí, el calendario lo marca la voluntad del poder.
"Son dos trabajadores atrapados en un sistema que no entiende de justicia ni de diplomacia", dice una fuente próxima a la investigación. "Su jefe se fue con el dinero; ellos se quedaron con las consecuencias".
David Rodríguez Ballesta, natural de Granada, durante una producción en España.
El eco de una vieja historia
El caso de Marañón y Rodríguez recuerda a otros episodios de rehenes empresariales en regímenes autoritarios: ciudadanos extranjeros detenidos como instrumentos de presión. En 2013, Guinea ya había encarcelado a dos españoles acusados de fraude, y uno de ellos murió en prisión.
Esta vez, la historia vuelve a repetirse, con los mismos ingredientes: corrupción, impunidad y silencio. Solo que ahora, en la era de las resoluciones europeas y los discursos sobre derechos humanos, la Unión Europea mira hacia otro lado mientras dos ciudadanos suyos sobreviven en el infierno.
En Córdoba y en Granada, las familias siguen esperando una llamada. Una sola. "Queremos abrazarlos", repiten. "Queremos que vuelvan a casa". Pero en Malabo, el teléfono sigue mudo.