La barrera de la lengua catalana vuelve a ser protagonista en un ayuntamiento en España. Esta vez ha sucedido en Vic, un municipio situado a 70 kilómetros de Barcelona. El Consistorio ha sido condenado por "discriminación por razón de lengua" durante un proceso de selección.
El Ayuntamiento exigía un nivel B2, que, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) se considera "intermedio o avanzado". Y todo para trabajar como peón de cementerio, un puesto de ayuda al enterrador.
Se trata de la primera vez que se condena en España a un ayuntamiento por la imposición del catalán.
Todo parte de las oposiciones a la Red de Servicios Urbanos del municipio de la Ciudad Condal, que entre otros oficios se encontraban los relativos a los trabajos en el cementerio. Se interpuso un recurso contencioso-administrativo interesando la nulidad de dos bases para dicho proceso.
La primera, la 2.4, referente al "requisito de la lengua catalana; y la 6.3, "prueba: conocimiento de la lengua catalana" para el proceso de selección de un operario de cementerio y mantenimiento.
Entre las funciones a desarrollar para el puesto se encontraban la apertura y cierre del cementerio, la colaboración en los trabajos de enterramiento o la limpieza y jardinería del recinto.
Según recoge la pionera sentencia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, "cabe concluir que el puesto es eminentemente manual/material, sin exigencias propias de interacción lingüística compleja (redacción, informes, atención formal...)".
"La elevación del requisito al B2, aplicada de forma indiscriminada y no conectada a las funciones, genera una barrera de acceso con efecto excluyente para quienes no acrediten ese nivel, constituyendo una discriminación directa por razón de lengua", agrega el fallo.
El escrito recoge que "la exigencia del nivel B2 de catalán" para el puesto de ayudante de sepulturero "vulnera" los artículos 14 y 23.2 de la Constitución Española. El primero establece que "todos los españoles son iguales ante la ley". Y el segundo hace referencia al "acceso a funciones y cargos públicos".
Catalán como "capricho"
Desde Convivencia Cívica Catalana, Ángel Escolano, su presidente, comenta a EL ESPAÑOL que "lo que pretende el Ayuntamiento de Vic y otros que actúan de manera similar no es exigir a los opositores un nivel de catalán que pueda ser necesario para realizar las funciones del puesto a cubrir, sino que buscan obligar a sus empleados a tener un nivel alto de catalán como mero capricho, chantajeándolos con el trabajo. O pasas por el aro o no trabajas para el Ayuntamiento".
La plataforma que ha presentado la demanda, a raíz de las quejas de los opositores, subraya que el Consistorio tendrá que repetir el proceso de selección "con el nivel de catalán adecuado", que será un A2.
Escolano destaca que sea el primer Consistorio en ser condenado por el motivo de la lengua, pero recalca que no es el primero en ser demandado. "El resto, antes de la sentencia, bajaron el nivel del catalán", como fue el caso de San Andrés de Llavaneres, La Roca del Vallès, Roses o San Andrés de la Barca.
"Destruir la lengua"
El regidor, de Junts, tomó posesión de su cargo el pasado 19 de junio de 2023, tras el pacto con el grupo municipal Ara Vic – Ara Pacte Local, que les daba la mayoría con 10 votos.
El alcalde de Vic, Albert Catells, con el bastón de mando, junto con la exregidora, Anna Erra.
Nacido en 1974, con "vocación de servicio público para mejorar la vida de los de Vic y poniendo a las personas en el centro y proyectando su bienestar", Castells ha concedido una entrevista a El Nacional en la que se asegura que el objetivo es "destruir la lengua catalana".
"Aquí no se aplica el sentido común de lo que ha hecho el ayuntamiento, sino que se aplica una voluntad clara de ir contra la lengua catalana y de hacerla cada vez de uso menos frecuente y de irla borrando de Cataluña", sostiene el regidor en la entrevista.
Castells confirma que desde que recibieron la sentencia, el Ayuntamiento la está analizando. "La voluntad es recorrer hasta la última instancia. Creemos que vulnera los derechos de los ciudadanos de Vic si no garantizamos que puedan dirigirse a los funcionarios públicos en catalán", reflexiona el alcalde de la localidad barcelonesa.
Mensajes independentistas
El Juzgado de Instrucción nº 3 de Vic investigó a la exregidora Anna Erra por la difusión de mensajes por la megafonía de la plaza del municipio, en solidaridad con la independencia de Cataluña y los líderes del procés.
Erra exigía "no desviarse de nuestro objetivo, la independencia de Cataluña". "Recordemos cada día que todavía hay presos políticos y exiliados", se pudo escuchar.
La exregidora, tras la noticia adelantada por El9Nou, colgó un post en su perfil de X (antiguo Twitter). "Mi compromiso con la Ciudad, el País y con la defensa de las libertades y la democracia sigue intacto", dice, traducido al castellano.