Salieron este lunes del aeropuerto de Gran Canaria en silencio, con una mochila al hombro, una bolsa de plástico en las manos y con un destino desconocido para el público general. Diez adolescentes malienses, todos de entre 16 y 17 años y solicitantes de asilo, forman el primer grupo que abandona el archipiélago canario rumbo a la Península.
Lo hacen por una orden del Tribunal Supremo, más de cuatro meses después de que la justicia obligara al Estado a hacerse cargo de su acogida. Al principio surgían varias incógnitas. Como, por ejemplo, dónde iban a recalar. Según adelantó ABC y ha podido confirmar EL ESPAÑOL de fuentes cercanas a Migraciones, los jóvenes serán trasladados a Gijón.
Serán tutelados por el Principado de Asturias en un dispositivo de la oenegé Accem. "Lo importante en estos momentos es proteger la seguridad de los adolescentes, especialmente en un momento en el que están aumentando las consecuencias de los discursos de odio en nuestro país", explican las mismas fuentes.
Uno de los menores rescatados por Salvamento Marítimo, fotografiado en Fuerteventura el pasado mes de enero.
El grupo procede del recurso Canarias 50, un antiguo acuartelamiento en La Isleta acondicionado como centro de tránsito para solicitantes de asilo menores de edad. Allí han permanecido tras ser identificados y entrevistados por la ONG Engloba.
Esta gestiona el recurso, en coordinación con la Consejería de Infancia del Gobierno canario y la Secretaría de Estado de Migraciones. Las entrevistas, supervisadas por el Ministerio Fiscal, garantizan que el traslado sea voluntario y responda al interés superior del menor.
Una orden del Supremo
La operación es consecuencia de un auto del Supremo dictado el pasado marzo, que dio diez días "improrrogables" al Estado para asumir la acogida de más de 1.000 menores solicitantes de asilo que Canarias mantenía bajo su tutela.
El alto tribunal reconoció que esta atención es competencia estatal y que la saturación de los centros insulares —entonces con más de 5.000 menores tutelados, de los que 1.003 habían pedido asilo— exigía una intervención urgente. El objetivo era "corregir la situación de hacinamiento" y "proteger a los más vulnerables entre los vulnerables".
El plazo se incumplió y el proceso quedó atascado en reuniones e informes quincenales entre el Ejecutivo central y el autonómico. Solo ahora, con el compromiso de dos derivaciones semanales de entre 15 y 20 menores, ha empezado a concretarse.
Según los cálculos, el traslado de todos los solicitantes de asilo identificados podría prolongarse más de diez meses, sin contar las nuevas llegadas. En lo que va de año, más de 2.800 menores no acompañados han desembarcado en Canarias.
Uno de los menores migrantes rescatados tras volcar un cayuco a su llegada al Puerto de la Restinga, a 28 de mayo de 2025,
Cifras, plazos y reformas
El fallo del Supremo se enmarca en una doble vía de actuación. Por un lado, obliga al Gobierno central a asumir la acogida directa de los menores solicitantes de asilo que ya han sido identificados en Canarias.
Por otro, convive con la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, aprobada en abril y pendiente de aplicarse, que establece un reparto obligatorio de todos los menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas en situaciones de saturación.
Actualmente, Canarias tutela a 5.180 menores migrantes, de los cuales 317 son mujeres. Dentro de este total, hay, recordemos, 1.003 solicitantes de asilo —la mayoría de Mali y Senegal— que son los que entran en la competencia estatal.
Varios migrantes, entre ellos algunos menores, atendidos en la playa de Las Galletas (Tenerife), tras la llegada del primer cayuco de 2025.
El resto seguirán bajo responsabilidad autonómica hasta que se active la reforma de Extranjería, prevista para el 26 de agosto mediante un real decreto que fijará la capacidad ordinaria de acogida de cada región.
El Gobierno central ha comprometido una inversión inicial de 40 millones para crear 1.200 plazas específicas para asilados menores en la Península, 750 de ellas con carácter urgente. En paralelo, se destinarán otros 100 millones para financiar el reparto obligatorio del resto de menores no acompañados, aunque esa partida cubre solo tres meses de atención.
Este segundo plan, sin embargo, está atascado por la confrontación política. Once comunidades gobernadas por el PP y también Castilla-La Mancha han recurrido la reforma ante el Constitucional.
La última reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada en julio, quedó marcada por el plantón de los gobiernos populares, lo que ha retrasado la puesta en marcha de la distribución.
Exterior del centro de acogida para menores migrantes de Valverde, en El Hierro.
Una acogida digna
Amnistía Internacional ha celebrado que el Gobierno central empiece a cumplir la orden del Supremo, pero advierte de que el problema no se resuelve solo con los traslados.
"Todavía no ha comenzado a aplicarse lo dispuesto en el Real Decreto Ley del 11 de abril, que establece un reparto de la responsabilidad en la acogida como solución estable y vinculante", dice Virginia Álvarez, responsable de Investigación y Política Interior de la ONG.
Álvarez denuncia que en Canarias persisten "situaciones inaceptables": denuncias de malos tratos y saturación en centros, fallos para garantizar la documentación que evite el desamparo al cumplir la mayoría de edad, o una identificación insuficiente de menores con necesidades especiales.
La organización subraya que el sistema de acogida debe cumplir con estándares adecuados en todo el territorio, garantizando todos los derechos de los menores.
"No podemos olvidar que estos niños y niñas han huido solos, en ocasiones de la guerra o la persecución. Lamentamos profundamente que algunas comunidades hayan entrado en una batalla con el Ejecutivo para ver quién se hace cargo. Garantizar la acogida digna es imperativo y una cuestión de derechos humanos", afirma.
Los servicios de emergencia atienden a migrantes recién rescatadosen Arrecife, Lanzarote (Canarias), en un cayuco con 110 personas a bordo.
Madrid, fuera de la primera lista
El Ministerio de Inclusión descartó Madrid como destino inicial, después de que el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, gobernado por el PP, ordenara el cierre del centro estatal (CREADE) previsto para acoger a 400 menores migrantes, alegando supuestas irregularidades urbanísticas.
La ministra Elma Saiz defendió que el recurso sigue operativo y acusó al consistorio de "rechazo preventivo sin base legal". El presidente canario, Fernando Clavijo, fue más contundente: "Cuando fueron menores ucranianos no había problema de licencias. Lo que ocurre ahora es indecente".
La primera derivación llega en un clima de tensión política. Baleares ha calificado el reparto de "inhumano" y Aragón denuncia que planifica "a ciegas", sin información sobre edad o estado de salud de los menores. Andalucía habla de "imposición" y acusa al Gobierno de romper unilateralmente acuerdos previos.
Desde Canarias, Clavijo reclama protocolos claros y acusa al Ejecutivo de actuar "con cierta improvisación y falta de concreción". "No son botellas, no son mercancías, son seres vivos y vulnerables", ha repetido. Para el presidente autonómico, en un país de 50 millones de habitantes acoger a 5.300 menores "no debería ser un problema, sino una obligación".
Mientras tanto, los diez jóvenes malienses se alejan rumbo a Gijón. Llevan lo justo para empezar de nuevo y la certeza de que su ruta migratoria continúa. "Todos ellos han confirmado su voluntad de querer continuar su proceso migratorio en otras comunidades u otros países", sentencian fuentes cercanas.