El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha introducido un cambio en la gestión de los menores extranjeros no acompañados (menas). Desde el pasado 7 de julio, la publicación del nuevo Manual de Atención Humanitaria, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, ha supuesto que cualquier joven que deja de ser considerado menor, queda automáticamente "en la calle".
Así lo denuncian fuentes del Gobierno de Canarias. "Antes, se hacía cargo el Estado, como con cualquier mayor de edad recién llegado a las islas", lamentan fuentes del Ejecutivo insular. Pero ahora, el nuevo texto, firmado por la secretaria de Estado, Pilar Cancela, "los deja fuera del sistema de acogida, sin derecho a manutención ni a un techo".
La clave de la controversia aparece en la página 19 del manual. Según el punto 6.2.4., "los menores extranjeros no acompañados no podrán ingresar ni permanecer en recursos de acogida humanitaria".
Si se detecta que una persona realmente es menor, debe ser inmediatamente derivada al sistema de protección de la Comunidad Autónoma. Pero, si se determina que no lo es, o si ya ha estado más de seis meses bajo tutela, "los plazos de estancia serán los mismos que para el resto de las personas acogidas en el programa".
Esto es, que se le debe excluir del itinerario de atención humanitaria para los mayores de edad que "hayan llegado a España de forma irregular, bien a las costas españolas o bien a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tras atravesar la frontera con Marruecos".
39 en sólo 22 días
Fuentes del Gobierno de Canarias han explicado a este diario que este nuevo manual tiene un resultado automático: "Los menores que fueron enviados a centros de menores, pero que después se determina que ya son mayores, se quedan en la calle".
Es decir, que "no pueden volver a los centros de menores porque ya no lo son", añaden, "pero tampoco, como ocurría hasta ahora, son recogidos por el Estado en los centros de adultos", detalla un portavoz del Gobierno autonómico.
La gravedad de la situación es que la literalidad del texto del documento va más allá del caso concreto de quienes tras una prueba ósea o por decisión de Fiscalía son declarados mayores de edad. Según su textualidad, "es aplicable a todos los menas cuando cumplen 18 años tras haber estado más de seis meses bajo tutela autonómica".
Esto significa que, en la práctica, podrían ser miles cada año los jóvenes afectados, "si no pueden acceder ya al programa humanitario y se quedan fuera del circuito de recurso", lo que multiplica la emergencia social y agrava la marginalidad y la vulnerabilidad.
"Hay cientos de chicos que se pueden quedar en la calle", advierten desde el Gobierno canario. "En sólo 22 días ya les ha ocurrido a 39 personas".
El perfil de estos jóvenes es diverso, pero el patrón se repite año tras año: en 2023, hubo 1.372 casos similares; en 2024, otros 698, y en lo que llevamos de 2025 ya suman 75, de los cuales 39 han acabado, de momento, en situación de calle, según cifras oficiales.
Sandra Rodríguez, directora general de Protección a la Infancia de Canarias
La Directora General de Protección a la Infancia de Canarias, Sandra Rodríguez, visitaba este martes el centro Canarias 50, un viejo cuartel habilitado como recurso de tránsito para los menores solicitantes de asilo.
A la entrada, advertía que "el manual [...] ha cambiado las reglas para el acceso a la atención humanitaria y está generando problemas en nuestras islas que no podemos permitir bajo ningún concepto, porque genera un incremento de la exclusión social".
Todos varones
El impacto es ya evidente en los 39 chicos, todos varones, que han quedado "directamente en la calle", precisa un portavoz oficial. "La emergencia puede ser gravísima.
Se quedan sin nada, sin amparo y sin derecho siquiera a la manutención o a un techo", advierte. Y recuerda que los datos podrían ser aún peores si la situación se extiende a mujeres, ya que "sería una vulnerabilidad añadida".
La salida del recurso se produce, además, en las dos capitales canarias, Tenerife y Las Palmas, "que es donde se les notifica la mayoría de edad", explican las mismas fuentes. Quienes caen en este limbo legal y asistencial "deambulan por las calles, sin recurso, sin posibilidad de trasladarse a la Península y abocados a la marginalidad".
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ya ha contactado con la secretaria de Estado para tratar de buscar una alternativa urgente. "Parece que hay voluntad", dicen desde el Ejecutivo insular, "pero entonces, ¿por qué lo han cambiado en el nuevo manual, cuando antes no era así?".
Pilar Cancela, secretaria de Estado de Migraciones
Por su parte, Cancela defendía este martes los esfuerzos de su departamento. Según declaró tras la reunión con el Gobierno de Canarias, "nos tomamos nuestro tiempo para hacerlo bien […] porque cada menor tiene unas circunstancias distintas, su propia experiencia vital".
La secretaria de Estado de Migraciones insistía: "Seguimos reuniéndonos todas las semanas y creo que estamos haciendo el trabajo que debemos, fundamentalmente pensando en ellos y en ellas".
Pero la inquietud crece en Canarias, donde advierten que la entrada en vigor de las nuevas directrices abre la puerta a una "emergencia social silenciosa".