Durante años, en el punto ciego del sistema, la Asociación Quorum Social 77 creció con el respaldo institucional del Gobierno de Canarias hasta convertirse en el epicentro del modelo de atención a migrantes menores extranjeros no acompañados en el archipiélago.
Lo hizo sin apenas competencia, gracias a contratos de emergencia otorgados sin publicidad ni concurrencia, amparados por la figura de excepcionalidad de la Ley de Contratos del Sector Público. Y lo hizo, además y según ha podido corroborar EL ESPAÑOL, pese a que desde —al menos— 2021 ya acumulaba denuncias internas y advertencias institucionales por posibles malos tratos a menores.
En aquel entonces la Consejería de Derechos Sociales, dirigida por la ahora diputada de Podemos en el Congreso, Noemí Santana, recibió denuncias anónimas de trabajadores sociales y un informe por parte de técnicos del Defensor del Pueblo en el que se mencionaban diversas irregularidades en un centro de Gran Canaria, ahora clausurado judicialmente por presuntas torturas.
Noemí Santana, cuando cesó como consejera de Derechos Sociales para ser candidata al Congreso por Sumar.
Conductas delictivas
"Sí es cierto que teníamos la sospecha de que había trabajadores de Quorum que no trataban bien a los menores, pero nunca tuvimos pruebas. Lo dejamos en manos de la propia ONG, que se encargó de despedir a los responsables de estas conductas", afirma al ser consultada por este medio la ex directora general de Protección a la Infancia del Gobierno de Canarias, Iratxe Serrano.
En el informe interno resultante —elevado a la Fiscalía General del Estado pero nunca hecho público— se hablaba de "conductas o hechos presumiblemente delictivos". También se advertía, según fuentes cercanas, sobre la falta de personal cualificado, la presencia de menores encerrados en cuartos de aislamiento y el uso abusivo de la fuerza.
A pesar de ello, el centro continuó funcionando durante al menos tres años más. Durante todo ese tiempo, Quorum 77 siguió siendo el principal contratista de la Consejería. Sus adjudicaciones no solo no se redujeron, sino que aumentaron.
Entre noviembre de 2021 y julio de 2023, la ONG ganó adjudicaciones por más de seis millones de euros. Mientras que continuaban recibiendo prórrogas de los contratos de emergencia firmados entre 2020 y 2021.
Otras fuentes cercanas al anterior Ejecutivo regional afirman que el sistema no permitía "alternativas viables" debido a la falta de plazas y la presión migratoria constante. "Era eso o dejar chavales en la calle", apuntan.
Noemí Santana (izquierda, vestida de rayas) durante una visita a un centro de menores extranjeros no acompañados junto a Ángel Víctor Torres.
El oligopolio de la acogida
Durante ese año, especialmente complicado por el estallido de la Covid-19, Quorum Social 77 firmó con la Consejería de Derechos Sociales de Noemí Santana contratos por valor de más de 15 millones de euros. Sólo en ese periodo, esta entidad absorbió el 35,7% destinado por el Ejecutivo autonómico a la gestión de dispositivos de emergencia para niños y adolescentes no acompañados.
La segunda en la lista, Coliseo, recibió 10 millones. Le siguieron Fundación SAMU (7,8 M€), Fundación Siglo XXI (5,3 M€), Mundo Nuevo (3,9 M€) y Oportunidades de Vida (971.000 €). En total, sólo seis ONG. En un ecosistema que cuenta con más de 50 ONG registradas en Canarias trabajando con infancia y migración, solo media docena accedió a los fondos públicos del Ejecutivo de Ángel Víctor Torres.
La falta de transparencia en el reparto, el uso prolongado y sistemático del procedimiento de emergencia y la nula apertura a nuevas entidades conformaron, de facto, un sistema cerrado. Un oligopolio institucionalizado. En ese engranaje, Quorum Social 77 fue la pieza central.
La asociación, hasta entonces casi desconocida fuera de los márgenes del tercer sector, creció al calor de las derivaciones masivas de menores a partir de 2020. En ese momento, el Gobierno de Canarias activó una respuesta de urgencia que se ha cronificado hasta nuestros días.
Las memorias de contratación que justifican la adjudicación directa a Quorum —a las que ha tenido acceso este medio— describen a la organización como "una asociación sin ánimo de lucro especializada en la protección de menores", con una trayectoria "satisfactoria" en su relación con la administración autonómica.
Memoria de contratación de Quorum Social 77 para la gestión del centro "José García", en Mogán, ahora clausurado por la justicia.
En uno de los expedientes, correspondiente a la adjudicación del centro José García, en el municipio grancanario de Mogán, se detalla: "a través de dicha asociación quedan comprendidos elementos y recursos necesarios, materiales y humanos, para una adecuada prestación de los servicios objeto del contrato, de hecho varios de los recursos residenciales actualmente en funcionamiento para acoger MENAS son gestionados satisfactoriamente por Quorum Social 77".
Hoy está clausurado por orden judicial, junto al centro La Fortaleza I, en Santa Brígida. Once de sus trabajadores, incluida la presidenta de la entidad, han sido detenidos por presuntos delitos de odio, lesiones y amenazas contra menores migrantes. La Fiscalía investiga el uso de habitaciones de castigo, encierros prolongados, agresiones físicas y tratos vejatorios.
La rentabilidad de la tutela
En 2023, mientras las denuncias por maltrato y negligencia afloraban en varios de sus centros, Quorum Social 77 alcanzó cifras récord de ingresos y beneficios, esta vez bajo la presidencia de Fernando Clavijo, secretario general de Coalición Canaria, quien asegura que legalmente "no se pueden rescindir los contratos" sin una sentencia judicial.
La asociación, que gestiona recursos de acogida para menores migrantes en Canarias, ingresó 11.939.568 euros ese año, un 16,79 % más que en 2022. Su beneficio neto ascendió a 1.191.426 euros, lo que supone un incremento de más del 60 % en comparación con el ejercicio anterior, según un informe al que ha podido acceder EL ESPAÑOL.
Todo ello con un margen sobre ventas del 9,98 % y una rentabilidad económica (ROA) del 23,56 %, cifras propias de empresas del sector privado, no de una ONG supuestamente sin ánimo de lucro.
Quorum se presenta oficialmente como una asociación centrada en "servicios sociales sin alojamiento", aunque en la práctica ha gestionado durante años varios de los mayores centros de tutela de menores del archipiélago.
Según el mismo informe, cuenta con 146 empleados —una cifra que encaja con su rol como uno de los grandes operadores del sistema de acogida canario— y no mantiene vínculos societarios con ninguna otra entidad ni grupo empresarial.
Tampoco está obligada a someterse a auditorías externas, ni a publicar sus cuentas de forma general. A pesar de manejar decenas de millones de euros de origen público, la opacidad financiera es la norma en su funcionamiento, al igual que ocurre con otras asociaciones del oligopolio que ha gestionado la tutela de menores en Canarias.
Ese mismo año, su presidenta —Zoraida Martín González— fue detenida por su presunta implicación en delitos de odio, lesiones y amenazas contra los menores que debía proteger. La asociación, sin embargo, seguía figurando en licitaciones públicas y recibiendo nuevos contratos.
Este episodio añade una capa más al rompecabezas de un sistema de acogida marcado por la emergencia perpetua, la falta de fiscalización y la entrega masiva de fondos a entidades que, aunque sin ánimo de lucro en lo formal, han resultado altamente rentables en lo económico.
La red de contratistas beneficiadas por esta arquitectura administrativa no termina en Quorum Social 77. La Fundación Respuesta Social Siglo XXI, otra de las entidades que más contratos recibió durante la etapa de Noemí Santana, está siendo investigada por presunta malversación de fondos públicos.
Según el auto judicial, al que ha tenido acceso este medio, la fundación habría destinado parte del dinero público recibido a gastos personales y compras ajenas al objeto del contrato: tratamientos estéticos, cenas en restaurantes de lujo, productos eróticos y hasta pastillas de viagra.
El caso sigue en instrucción en el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas, el mismo que ha ordenado el cierre de dos centros de Quorum Social 77.
Efectivos de la Policía Canaria durante el registro a 'La Fortaleza I', centro de menas gestionado por Quorum Social 77.
Cronificación de la emergencia
Lo que nació como una respuesta temporal a un pico migratorio se convirtió, con el paso de los años, en la norma. Desde 2020 hasta 2023, el Gobierno de Canarias mantuvo abierto el grifo de las adjudicaciones sin concurso.
En el registro de contratos públicos, las referencias a la "saturación del sistema" y la "necesidad urgente de plazas" se repiten como una letanía que justifica cualquier decisión.
Pero los efectos de este modelo se palpan sobre el terreno. Los informes de inspección son escasos y en muchos casos anunciados con antelación. El número de visitas a los centros es muy inferior al número de recursos abiertos.
Los migrantes menores de 'La Fortaleza', durante una actividad en el campo de fútbol, en una imagen hecha pública por la empresa gestora del centro.
Las ONG no están obligadas a publicar sus cuentas, lo que reduce la trazabilidad del dinero público. En los dispositivos gestionados por Quorum o Siglo XXI, antiguos trabajadores relatan escenas de hacinamiento, comida en mal estado, escasez de ropa y amenazas a los menores.
La Consejería actual, en manos de Coalición Canaria, ha prometido aumentar los controles. Sin embargo, muchas de las entidades señaladas continúan operando. Siglo XXI aún gestiona centros. Quorum Social 77 mantiene otros abiertos. Fuentes del Gobierno de Canarias, liderado por Fernando Clavijo, sostienen que no pueden cerrar sus centros sin una orden judicial.
"Legalmente no podemos prescindir de esos contratos. Tenemos un plan de contingencia en caso de que se diera esa circunstancia y estamos reforzando las inspecciones. Hay que recordar que este Gobierno encontró que no había un sistema de inspecciones y se creó una herramienta específica con la Agencia Internacional de Asilo para comprobar que se respetaba el interés superior del menor", subrayan.
Mientras tanto, las voces que llevan años alertando de los abusos apenas encuentran eco. "Es un sistema pensado para gestionar el problema, no para cuidar a los menores", resume un extrabajador del área de protección. "Aquí lo importante era que no diesen problemas. Todo lo demás era secundario".