Delia García García, la presidenta de la ONG canaria Quorum Social 77 que gestiona los centros de menores migrantes de las islas, fue detenida el pasado jueves. En el marco de la operación Cábila, dirigida por la Policía Canaria, se arrestó a esta auxiliar de enfermería de mediana edad junto a su mano derecha, el socialista Juan Enrique Quintana Ramos.
Se les investiga por una batería de delitos relacionados con malos tratos, como pueden ser lesiones, amenazas, delitos de odio o contra la integridad moral, entre otros.
"Cumplen todos los estándares internacionales y de calidad", afirmó la presidenta García en una entrevista concedida a la televisión canaria hace cuatro años, en referencia a sus centros repartidos por el archipiélago.
"Son centros específicos para menores con problemas de conducta con una elevada agresividad y presentan un escaso autocontrol que perjudican a terceros", agregó la líder de Quorum Social 77.
Desde su web, se recoge que la oenegé "nace de la iniciativa de tres profesionales con sólida y consistente experiencia en gestión de recursos del Sistema de Protección de Menores".
"Todos/as los/as niños/as tienen derecho a vivir en familia, siendo su crianza responsabilidad primordial de sus padres y madres y, de las Instituciones Públicas, la obligación de brindar la asistencia necesaria en el desempeño de sus funciones", recoge una cita de la propia directora.
Uno de los centros que gestiona la asociación Quorum Social 77 es Fortaleza I, en Santa Brígida. Hace casi un año, García saltó al ojo mediático cuando uno de los menores formalizó una denuncia en la Oficina de la Policía Judicial del Grupo de Menores y Familia por presuntos delitos de malos tratos, donde los funcionarios, supuestamente, les escupían la comida.
Cuando esto sucedió, García salió a defender a sus trabajadores investigados. "Si yo considerara que cualquiera de esos seis ha cometido un delito, no los tendría trabajando con nosotros". Indica que desde que se abrió dicho centro, "siempre hubo una clara intención de que se cerrase".
Desde 2020, se han interpuesto en torno a 50 denuncias por agresiones, tal y como relató García a la Radio Televisión Canaria. Pero la Consejería de Bienestar Social del Ejecutivo canario sostuvo que en el centro se vulneraban los derechos de los jóvenes.
El abogado de García y el resto de implicados, Rafael Jiménez de la Oliva, atiende a EL ESPAÑOL en exclusiva e indica que su defendida ha vuelto al trabajo y se encuentra bien. "No tenemos ningún miedo y las denuncias han sido malintencionadas", agrega el letrado.
Defiende los 15 años de su representada, la presidenta García, al frente de la ONG Quorum Social 77 y pide que no se tache a la organización.
Fuentes conocedoras del caso consideran a este diario que "la denuncia viene de algún monitor resentido porque le echaron, o de algún menor tan problemático que también tuvieron que echarle".
Más de 20 millones en adjudicaciones
La entidad, bajo el nombre Asociación Quorum Social 77, ha recibido más de 20 millones de euros en adjudicaciones, todas por parte del Gobierno Canario.
La última, atendiendo a la información disponible en el portal web de la Plataforma de Contratación del Sector Público, fue de 420.000 euros, cuyo objeto del contrato fue el "servicio consistente en la gestión del dispositivo de atención inmediata a personas menores migrantes no acompañados Centro de Menores Firgas, sito en la isla de Gran Canaria".
Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado que la comunidad autónoma lleva meses advirtiendo de que el número de menores a los que tutela, unos 5.500, le sobrepasa.
El jefe del Ejecutivo autonómico ha ampliado que "con tantos menores y durante tanto tiempo" es difícil que los controles sirvan. A su vez, ha calificado que los delitos investigados son "de mucha gravedad", en unas declaraciones que recoge Efe.