Hablan los enemigos de Marlaska: el descrédito del ministro que enfada a todos sus estamentos

Este verano Grande-Marlaska cumplirá tres años al frente de Interior y ha conseguido, en tiempo récord, eso tan español de darle la vuelta a la tortilla. Empalma las polémicas como eslabones de una cadena que cada vez le pesa más y esta semana ha tenido que volver a la trinchera. La crisis migratoria que se ha vivido en Ceuta, con él como piloto de las relaciones con Marruecos en cuanto a inmigración, le ha vuelto a colocar en el punto de mira y en el Congreso de los Diputados se ha tratado de nuevo su reprobación, de la que se ha librado este jueves gracias al apoyo de unos socios de los que él aspiraba a convertirse en su bestia negra: ERC, PNV y Bildu.

Dicen los que le conocen que en cierta forma sigue comportándose como un juez y que es poco político para eso, que hace lo que considera correcto sin medir las consecuencias que pueda traer. Y es normal que una cartera como la de Interior genere debates y debates en el Hemiciclo. Sin embargo, Grande-Marlaska ha conseguido el hito de echarse en contra a todos los estamentos que dependen de él, desde la Guardia Civil a la Policía Nacional, pasando por los funcionarios de prisiones.

Personas destacadas de las principales asociaciones que representan a estos sectores coinciden cuando comentan a EL ESPAÑOL que lo que han sentido es un desencanto brutal. Han pasado de la ilusión de ver a uno de los suyos en el Ministerio, alguien que como juez ha trabajado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a ver a un político que no atiende a sus reclamos, que no debate y que politiza su labor, dañando su imagen ante la ciudadanía a la que pretenden servir.

Estas relaciones tampoco encuentran sosiego entre sus compañeros del Consejo de Ministros. Esta semana se ha enfrentado con la titular de Exteriores, Arancha González Laya, porque el de Interior no era partidario de acoger en España al líder del Frente Polisario. Y ya son conocidas sus desavenencias con la de Defensa, Margarita Robles, que fue quien le presentó a Pedro Sánchez -ambos vienen de la judicatura- y que cada día sale más aupada en los índices de popularidad a la vez que él se hunde. Ya contó este diario que el ministro del Interior anda el primero en la lista para la próxima remodelación de Gobierno.

Tanto PP como Vox han estado esta semana pidiendo, en una proposición no de ley, su reprobación. Consideran que ha actuado “con desviación de poder” al destituir al coronel Pérez de los Cobos y que ha politizado de más a la Guardia Civil con su directora general, María Gámez, paseándose por mítines electorales en la pasada campaña del 4-M madrileño. Se ha librado. Pero de lo que no se zafa aún es de la queja de todos los suyos que, ajenos a los juegos de manos de la política, planean un verano caliente de movilizaciones contra su gestión.

Los más agraviados

Si hay que empezar a contar las polémicas que Grande-Marlaska acumula entre los suyos, hay que empezar irremediablemente por la Guardia Civil. Nada más entrar en el Ministerio, destituyó al coronel Manuel Sánchez Corbí, uno de los más populares, al frente de la Unidad Central Operativa (UCO). Fue solo el arranque. Destituyó también a Diego Pérez de los Cobos por no filtrar información de la investigación del 8-M; apresuró la salida de su número dos; no respetó el escalafón de ascenso, premiando a la Policía Nacional; el mitin de María Gámez; les puso a investigar durante el confinamiento noticias críticas con el Gobierno… y se pueden seguir enumerando polémicas pero este artículo se convertiría en un listado.

“La gestión del ministro del Interior está muy cuestionada dentro del cuerpo de la Guardia Civil”, confirma, en conversación telefónica, Pedro Carmona, portavoz nacional de la AUGC, la principal asociación dentro de la Benemérita. “Ya son varias las situaciones que han puesto su papel en tela de juicio. Independientemente del partido, al cuerpo le molesta que se mezcle su profesionalidad con la política y, ahora, se está perdiendo esa neutralidad. Ello puede suponer un riesgo para nuestro trabajo porque la sociedad puede pensar que actuamos en torno a una ideología en vez de según la normativa. Es un problema que desvirtúa el trabajo que hacemos”, añade.

Más allá de los altos mandos, los agentes de a pie están haciendo una serie de reclamaciones que el Ministerio no parece querer atender. El principal caballo de batalla ahí es la equiparación salarial con las policías autonómicas, junto con la jornada laboral y la productividad. Denuncian diferencia de trato por parte de la Dirección General en cuanto a la asignación del tercer tramo de equiparación y que no se están cumpliendo los puntos del acuerdo, las cláusulas tercera y octava, al que se llegó con el Ministerio.

Otro de los problemas es Cataluña, que no se termina de reconocer como lugar de especial singularidad. Denuncian aislamiento social e insultos incluso a sus familias y creen que deben estar mejor protegidos ahí. Esto hace que los agentes no quieran ser destinados en Cataluña y aseguran que, además de no mejorar las condiciones, se está llevando a cabo una especie de chantaje: como nadie quiere ir, se publican sólo las vacantes en Cataluña para obligarlos a trasladarse ahí. Muchas veces, estos traslados son obligatorios al lograr un ascenso o conseguir una especialidad. Pasa algo similar en Cádiz, por el narcotráfico. 

Mientras reclaman esto, y otras cuestiones como que los de la Guardia Civil son los agentes que más horas trabajan respecto al resto de colectivos policiales, aseguran una especie de abandono por parte del Ministerio que rara vez responde a sus reclamos. No ya para aprobarlos o rechazarlos, sino la propia respuesta que muchas veces queda en nada.

“Nosotros esperábamos que al llegar a la cartera de Interior alguien que ha sido juez y que ha trabajado estrechamente con nosotros iba a tener más consideración con las reivindicaciones”, explica Carmona. “Ha sido todo lo contrario. No hay ningún tipo de comunicación y no atiende a las demandas”, critica. “Y más allá de nuestros reclamos, Grande-Marlaska ha desnaturalizado la neutralidad de una institución del Estado. Lo de Pérez de los Cobos, lo de investigar las redes sociales en la pandemia… todo eso tiene consecuencias luego”, añade. Por todos estos motivos, la AUGC se va a manifestar el próximo 5 de junio en la madrileña Puerta del Sol.

—¿Qué pensó cuando vió a su ‘jefa’, María Gámez, haciendo campaña por Ángel Gabilondo en la Comunidad de Madrid?

—Ese es uno de los ejemplos perfectos de lo que venimos hablando. Fue una sorpresa, nunca nos lo habríamos imaginado. Se trata de una institución de valores castrenses que tiene de tener neutralidad política absoluta. Eso no gustó a la Guardia Civil. Ella, aunque entendemos que es política, aún así, tiene que guardar esa neutralidad.

¿Y la Policía Nacional?

“Nosotros teníamos ilusión con el señor Marlaska porque, además, es hijo de alguien del cuerpo. Pensábamos que iba a desarrollar su labor de otra forma. Durante estos tres años… pues nos hemos ido decepcionando. No ha habido un momento concreto. Cuando los sindicatos nos quejamos, es por hechos puntuales como no tener medios o no tener efectivos, siempre con fundamento. Pero llevamos un tiempo que nuestras demandas van todas a la papelera y nos empezamos desmotivar y a decepcionar”.

El que habla es Carlos Morales, portavoz nacional del Sindicato Unificado de Policía, el mayoritario entre los agentes de la Policía Nacional. Se tiende a pensar que los presuntos agravios de Grande-Marlaska son unidireccionales hacia la Guardia Civil, sin embargo, el ministro genera consenso entre todos aquellos que dependen de él. Ese es su principal problema, que ha perdido el apoyo de los suyos, de los cuerpos que dirige.

Con la Policía empezó con buen pie cuando aceptó ese acuerdo de equiparación salarial que se ha tratado anteriormente. El texto se firmó durante el mandato de Mariano Rajoy y Marlaska podría haber alegado que él no lo había pactado y que no concordaba con su visión. Pero respetó lo consensuado. El primer tramo se subió aún durante el Gobierno popular, el segundo ya con él al frente y el tercero en medio de la polémica por Diego Pérez de los Cobos. Muchos entendieron que eso era una forma de calmar las críticas. Aun así, sea por lo que fuere, se subió y punto.

Y ahí se quedó la cosa: “Está bien, pero el ministro no está cumpliendo del todo el acuerdo de equiparación. Faltaría de la ley de retribuciones, el punto ocho, que evitaría que esto siguiera pasando en el futuro. Además, no estamos de acuerdo con la auditoría que se hizo”, dice Morales. Respecto a esto último, se refiere a una auditoría que se realizó para ver qué puestos son equivalentes entre la Policía Nacional y las autonómicas para evaluar los sueldos. “No puede ser que nosotros y la Guardia Civil, que somos los que más competencias tenemos, cobremos menos que las policías autonómicas”, añade.

A ello, que es un reclamo histórico entre ambos cuerpos, la Policía Nacional tiene que añadir otros roces con la cúpula de Interior. Denuncian que en el arranque de la pandemia la Dirección General de la Policía tardó hasta ocho meses en comprar las primeras mascarillas y guantes para trabajar. También se sienten menospreciados respecto a la cuestión de la vacunación en Cataluña, que ha estado inmunizando más rápido a su policía autonómica que a la nacional. También en la misma comunidad autónoma, esta semana se ha conocido que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quiere echar a los agentes nacionales de su histórico edificio de Vía Laeitana.

Desde el cuerpo denuncian que están siendo tratados como moneda de cambio y que Fernando Grande-Marlaska no da la cara por ellos para no enfadar a los socios independentistas que mantienen al Ejecutivo de Pedro Sánchez en el poder. “Ahí estamos teniendo un déficit de apoyo institucional por parte de nuestros dirigentes. Nos sentimos abandonados. Con lo de la vacunación no hizo ni una rueda de prensa ni una declaración y siempre tenemos que ser los sindicatos los que, cuando recibimos ataques externos, damos la cara por los agentes. Nosotros no deberíamos estar para eso”, apuntala.

Esta actitud por parte de Grande-Marlaska ya ha hecho que la Policía Nacional se haya manifestado hasta dos veces en el último mes y medio, una frente al Congreso de los Diputados y otra frente a la Dirección General del cuerpo. Aseguran que van a seguir manfiestándose ahora en verano, aunque no quieren revelar fechas aún para respetar la convocatoria del 5 de junio de la Guardia Civil, a la que trasladan todo su apoyo.

—¿Esto ha sido siempre así o se trata de un ministro en concreto?

—No es una cuestión de ideología. Hemos tenido ministros del PSOE que han sido muy benévolos con nosotros y ha habido buena relación y ministros del PP que igual. Lo mismo ha pasado al revés, que hemos tenido mala relación con ministros de ambos signos. Eso va en la persona, no en el partido. Lo que sí puedo decir es que la labor del señor Marlaska nos está decepcionando.

Los últimos, prisiones

Cuando la Policía Nacional y la Guardia Civil hacen su trabajo, muchas veces a los que toca actuar después es a los funcionarios de prisiones. Y ellos son los siguientes en la escala de agraviados por parte del Ministerio del Interior. Ya se manifestaron el pasado 22 de abril y en 2018 convocaron una huelga. Ahora, están a la espera de cómo se van desarrollando los acontecimientos y aseguran tener previstas movilizaciones si no se cumple con sus expectativas. “No tenemos diseñado el calendario aún, pero si no hay respuesta de la Administración, continuaremos con ellas”, explica Joaquín Leiva, portavoz de Acaip-UGT, el principal sindicato en el sector.

Los funcionarios de prisiones están ahora en una suerte de limbo. Viven a la espera de la ley de cuerpos penitenciarios y a ver qué pasa. Reclaman que se les considere autoridad -por eso de las agresiones de los internos-, que se reclasifiquen los centros penitenciarios, un ajuste salarial y un principio de indemnidad que se haga cargo de las indemnizaciones que, cuando los reclusos que les agreden están sin dinero, les tienen que pagar.

“El desencanto con Marlaska comenzó desde el minuto uno”, explica Leiva. “En septiembre de 2018, en pleno proceso de movilizaciones, se nos lanzó una oferta que no cumplía las reivindicaciones, pero se acercaba y la dábamos por buena. A los dos días la retiraron diciendo que no era una oferta sino un estudio. Eso inició un conflicto, las conversaciones desde entonces han sido muy lentas y ha costado recuperar el diálogo. Parecía que se había retomado con la ley, pero ahora mismo no sabemos a qué atenernos. Teniendo en cuenta los antecedentes, no somos muy optimistas”, añade.

Según comenta, esa ley se está elaborando pero ellos no son partícipes de su contenido. No saben qué se está metiendo en el texto y qué no. Y ese es su principal frente de batalla. Aunque no el único. Los trabajadores de las prisiones se sienten muy agraviados ya desde hace tiempo. Con la Covid, los centros penitenciarios han sido los grandes damnificados, por el confinamiento que ya se vive ahí, y consideran que desde el Ministerio no se hizo caso a los reclamos que pedían para proteger su salud. Lo mismo pasó con el temporal Filomena, cuando muchos funcionarios se quedaron días en las cárceles encerrados sin poder ir a sus casas.

El último feo fue durante las elecciones del pasado 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. “A muchos trabajadores penitenciarios no nos dieron el permiso retribuido de tres horas para ir a votar. Ese derecho no se ha dado y hay una denuncia penal. No sólo contra los directores de los centros, sino también contra el subdirector general de Recursos Humanos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias”, comenta Leiva.

—¿Hay algo positivo de la gestión de Grande-Marlaska?

—Tuvo una intervención conveniente en diciembre para impulsar la ley que queremos. Eso es bueno si no se queda sólo en un gesto. A fin de cuentas, queremos modernizar una institución que se regula por leyes preconstitucionales de más de 40 años de antigüedad. La impulsó, bien; ahora que no se desentienda.

La situación de Fernando Grande-Marlaska es tal que, cada día que pasa al frente del Ministerio, para muchos, es un regalo. Lo vivido esta semana en Ceuta y su reprobación tocando de nuevo el Congreso de los Diputados evidencian que no hay un solo momento en el que consiga zafarse de la polémica que siempre le sigue. Como ya contó este diario, el ministro parece estar el primero de la lista para irse en cuanto haya una remodelación o una crisis que no pueda aguantar. Y eso que, durante estos tres años, ha mostrado tener justo eso: un aguante digno del Manual de resistencia que escribió Pedro Sánchez. Pero hay quien dice que ya sólo es cuestión de tiempo.