María recuerda ese viaje como si fuese ayer. Era 2013 y tenía veintipocos. Un martes recibió la llamada de una de sus mejores amigas, Marta. Tras haber madurado la idea, había decidido abortar y quería que María le acompañase al hospital. 

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Su desconocimiento, entonces, era mayúsculo, pero la perplejidad al conocer cómo funcionaba el sistema fue todavía mayor. Tras varias derivaciones [centro de atención primaria, trabajadora social...] les dijeron que si quería llevar a cabo una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) tenía que irse a una clínica privada, en Madrid

"¿A Madrid? ¿No puede ser aquí, en Soria?", preguntaron ambas. La respuesta fue negativa. No tuvieron otra opción. Juntas, hicieron un viaje de ida y vuelta de 300 kilómetros en autobús para que Marta pudiera llevar a cabo su decisión. "Recuerdo que fue un camino largo, lleno de barreras. No sabíamos nada de esto, ella quería solucionar cuanto antes esta cuestión y yo decidí acompañarla para que no se sintiera sola.

Ella estaba tranquila, segura de su decisión, pero cuando vuelves a casa y tienes que hacer de nuevo ese viaje es terrible, no es lo más adecuado. Al final, es una cuestión médica, la persona se tiene que recomponer. Con el tiempo, comprendimos que dependiendo del lugar de residencia en el que estés, tienes más derechos o no", denuncia María, en una entrevista con EL ESPAÑOL. En esa ocasión, Marta no tenía ningún riesgo con su embarazo. Pero existen casos, como puede ser una malformación en el feto o la invialidad del mismo, en los que un periplo de dos horas y media (en el mejor de los casos) puede ser muy peligroso e incluso mortal para la mujer.  

31 años 

Hospital Santa Barbara, en Soria.

La situación que vivieron estas dos jóvenes sorianas hace ocho años, sin embargo, no es muy distinta en la actualidad. Solo hay una diferencia. Ahora, el viaje pueden hacerlo a MadridValladolid o Zaragoza. 

Una soriana decide interrumpir su embarazo cada tres días [113 mujeres lo hicieron en 2019], según se desgrana del informe Evolución de las interrupciones voluntarias del embarazo en Castilla y León. Lo que significa que, en ese tiempo, el Hospital Santa Barbara, en Soria, derivó a todas estas pacientes a 300 kilómetros de su casa para llevar a cabo la intervención en un centro privado de otra provincia. Una dinámica que se lleva repitiendo desde el año 1989. Y que revela que desde hace más de 31 años la región de Soria no ha practicado ningún aborto. A pesar de que desde la aprobación de la Ley del Aborto, en 1985, cientos de mujeres han solicitado cada año interrumpir su embarazo. Pero ¿por qué ocurre esto?; ¿por qué se vulnera de este modo un derecho que recoge la ley? 

En 1985, el Congreso de los Diputados despenalizó el aborto en tres supuestos. Treinta y cinco años después, en 2010, la Cámara baja aprobó una ley que permitía interrumpir libremente el embarazo durante las primeras catorce semanas de gestación. Y lo más importante, la norma encajaba el aborto dentro de la sanidad pública. En otras palabras, las mujeres que lo desearan podrían a acceder a esa intervención en un hospital bajo titularidad estatal. El tiempo demostró, en cambio, que no sería del todo así. 

Y no solo en Soria, sino también en otras provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y Leon, según explica Pilar Moreno, médico de Familia y miembro del Movimiento Feminista de Salamanca. "Aquí el problema fundamental es que las interrupciones de embarazo no se hacen en prácticamente ningún servicio público. Solo se hacen en el hospital de Miranda de Ebro (Burgos). Desde que se aprobó la ley, el Sacyl (Servicio Público de Sanidad de la Junta de Castilla y León) no se planteó que estas intervenciones se hicieran en los servicios públicos.

Así que en casi todas las provincias se externaliza en clínicas privadas que están concertadas. De manera que, por ejemplo, la mujer que quiere abortar en Zamora, tiene que irse a Salamanca. Y la que quiere hacerlo en Salamanca, tiene que hacerlo en Valladolid, pese a que en esa provincia se practican. Es un poco absurdo", sostiene esta experta.

Si se suman todas las peticiones de abortos en Palencia, Zamora, Ávila, Segovia y Soria, en los últimos 31 años, son, en total, 66.358 interrupciones voluntarias del embarazo derivadas a otras provincias diferentes a la provincia en la que se realiza el requerimiento, según publicó Newtral. Según datos del Ministerio de Sanidad, la provincia soriana solo practicó estas intervenciones en el año 1988, en el Hospital General Nuestra Señora del Espino. 

Objeción de conciencia 

"No penar por abortar".

Desde que la Junta implantó este modus operandi, junto a sus colegas del Movimiento Feminista, está médico ha luchado por tumbarlo denunciándolo ante las autoridades competentes, pero siempre se ha topado con la misma respuesta: la objeción de conciencia. Aunque el aborto se trata de un servicio público que debería estar garantizado en los hospitales públicos, en la provincia de Soria (y en la comunidad autónoma) se acogen al derecho a la objeción de conciencia de los médicos. Esto es un razón o argumento ético o religioso que una persona aduce para incumplir u oponerse a disposiciones oficiales. Y que, además, en este caso, recoge la ley. 

Es en lo que insiste, precisamente, una ginecóloga que trabaja en el hospital público soriano, cuando es preguntada por este periódico. "La cuestión es que Soria es una ciudad pequeña y tiene un hospital pequeño con una plantilla reducida. Los ginecólogos tenemos el derecho de la objeción de conciencia en este caso que nos ocupa. Y es por eso por lo que aquí no se hace. Esto no impide que a todas las pacientes que solicitan un aborto, se les tramite la vía oficial y a través de los servicios sociales de su centro de salud o del hospital, se les derive a clínica autorizados, habitualmente privadas, y con todo subvencionado", explica esta médico, que prefiere mantener su anonimato.  En el servicio público soriano trabajan nueve ginecólogos. Todos ellos son objetores. 

En junio de 2020, las Cortes de Castilla y León acordaron que la sanidad pública de esta comunidad (Sacyl) garantizase la práctica de abortos en sus hospitales, con la única limitación de la objeción de conciencia de los sanitarios. No obstante, fueron varios los grupos políticos que lamentaron que el registro de profesionales llevase diez años sin actualizar. Un asunto que en la práctica limita el alcance de este acuerdo.

Para Pilar Moreno, lo de la objeción de conciencia es "una trampa". "Si tú lees la ley, la objeción de conciencia es individual. No lo dice la gerencia o el servicio de ginecología. El médico tiene haber hecho previamente la objeción de conciencia. Si mañana trabajo en un hospital, yo no puedo decir que tengo objeción de conciencia. Eso es una trampa muy grande que hay".

"Es ilegal"

El ginecólogo Roberto Lertxundi.

En la misma línea está el ginecólogo Roberto Lertxundi, quien esta semana estuvo en el foco mediático tras dar a conocer en un reportaje con la ETB que las mujeres sorianas debían afrontar un viaje hasta Valladolid para poder ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. 

"La objeción de conciencia es un derecho que debería darse por anticipado y por escrito, es decir, que en los hospitales debería existir un listado con los médicos objetores", sostiene el médico vasco. La ley, en concreto el artículo 19 establece lo siguiente: "El rechazo o la negativa a realizar la intervención de interrupción del embarazo por razones de conciencia es una decisión siempre individual del personal sanitario directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, que debe manifestarse anticipadamente y por escrito”.

Sin embargo, prosigue, en la mayoría de hospitales de Castilla y León "se toman decisiones de carácter colectivo por los jefes de servicio, algo que es ilegal". "El derecho a objeción nunca puede estar por encima de la prestación", denuncia Lertxundi. Todo ello, además, sin tener en cuenta el peligro que puede suponer en algunos casos para las mujeres. "Se vulnera el derecho al aborto, y sobre todo en casos en los que la IVE es por una malformación o puede implicar una enfermedad para la madre, cuando la gestación es superior a 14 semanas. En esta situación, es totalmente necesario que se haga en servicios públicos, pero se deriva en todos", añade Pilar Moreno. 

En el Ayuntamiento de Soria, gobernado por el PSOE, son también plenamente conscientes de las barreras que supone interrumpir el embarazo no solo en la provincia, sino en toda Castilla y León. "No es un problema que ocurra solo en Soria, sino a nivel autonómico. Solo está el centro de Miranda de Ebro (Burgos), si se quiere llevar a cabo de manera pública. El resto del servicio está externalizado en clínicas privadas. En León, Salamanca y Valladolid", critica la concejala de Igualdad, Gloria Gonzalo. 

Y va más allá, con la objeción de los ginecólogos. "La objeción de conciencia no puede estar por encima del derecho a la prestación. Es más, dudo que todos hayan objetado. La prueba está en que los listados están sin actualizar desde hace años", sentencia. 

Sanidad pública

La falta de efectividad con la ley del aborto en la provincia, no obstante, puede que sea solo la punta del icerberg de un sistema sanitario regional que agoniza. Es la reflexión a la que llega Pilar de la Viña, portavoz de la asociación feminista soriana Antígona

"Con relación al tema del aborto, en la asociación cada una lo ve de una manera. En mi opinión, la interrupción del embarazo es un derecho fundamental de las mujeres y es muy difícil que puedas ser una buena madre si al principio no quieres serlo. En cualquier caso, el problema de los IVEs no es tan grave como otros que tenemos aquí con muchísimas patologías e intervenciones. Por ejemplo, con la radioterapia. Si un soriano necesita recibir tratamiento por un cáncer, tiene que ir todos los días a Logroño, recorrer 200 kilómetros en una situación de enfermedad por la que puede morir. El asunto del aborto no es un problema diario, ni tampoco demasiado grave en la situación en la que nos encontramos ahora", concluye Pilar. 

Lo cierto, pese a lo que sostiene De la Viña, es que si la IVE no es un problema diario en Soria, está muy cerca de serlo. O al menos es lo que reflejan los últimos datos. De lo que no cabe duda, sin embargo, es que es un problema que se suma a una larga lista en la que está en juego la vida de miles de sorianos y sorianas.

Soria existe y no debe olvidarse. 

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