El Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero ya ha comenzado a elaborar el proyecto legislativo para modificar la vigente ley del aborto. Tal y como adelantó la propia ministra en su comparecencia en el Congreso, el objetivo de su equipo es derogar la última reforma del PP y volver a permitir que las menores puedan interrumpir el embarazo sin consentimiento paterno.
Aunque todavía no se conocen los plazos que maneja el ministerio, la modificación de esta ley forma parte de los acuerdos de la legislatura suscritos por la coalición del PSOE y Unidas Podemos.
Esos pactos también engloban otros aspectos sanitarios como la inclusión de la eutanasia en la cartera básica de servicios (ya en trámite parlamentario) o la eliminación de los copagos farmacéuticos, incluida en los Presupuestos Generales del Estado.
Concretamente, en el punto 7.5 del citado documento se recoge el compromiso de PSOE y Podemos para “garantizar los derechos sexuales y reproductivos que aseguren la libre elección de la maternidad”.
"Para ello, se prevé el desarrollo de políticas de educación y prevención orientadas a la juventud; y de acceso a métodos de anticoncepción e interrupción voluntaria del embarazo, en el marco del Sistema Nacional de Salud", adelanta el equipo de Montero en una respuesta remitida al grupo parlamentario Vox.
Menores de 18 años
El equipo de Santiago Abascal había registrado, previamente, una pregunta parlamentaria sobre cuándo se derogaría la ley vigente y el coste que supondrían las medidas de anticoncepción que se anuncian. Sobre esto último, Igualdad no da un detalle alegando el escaso desarrollo legislativo que tiene la norma en estos momentos.
El objetivo principal de Montero es suprimir la obligatoriedad para las menores de 16 y 17 años de contar con el consentimiento paterno si desean interrumpir la gestación. Una modificación que se incluyó en la Ley Orgánica de Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2015.
La modificación no debería de ser un proceso excesivamente prolongado pues, si se limita a aspectos relativos a la edad de las mujeres que deciden abortar, sería recuperar la ley de 2010, la que aprobó el último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
En este contexto, es reseñable que esta semana el Gobierno de España ha hecho pública otra modificación legislativa para la práctica del aborto: potenciar la técnica farmacológica frente a la quirúrgica.
En este caso, las riendas del cambio las lleva el Ministerio de Sanidad, que ha sacado a consulta pública el proyecto de Real Decreto por el que se modifica la ley de garantía de calidad asistencial en la interrupción voluntaria del embarazo. Tras publicar la modificación y crearse cierta polémica, Sanidad ha retirado el documento.
La ministra de Igualdad criticó en Twitter este viernes la "interrupción farmacológica del embarazo" que plantea el departamento de Illa con el argumento de que no es "segura ni efectiva para todas".