El drama de Juan Pedro: entra en prisión por una pelea de bar hace 12 años, ya con dos hijos y trabajo

Este lunes Carmen engañó a uno de los dos príncipes de su casa contándole que su papá iba a estar una larga temporada fuera porque se había marchado a trabajar a unas canteras. Con esa historia esta almeriense ha ganado algo de tiempo con su hijo de tres añitos porque, por suerte, el bebé todavía no habla. A pesar de ello, Carmen vive atormentada porque la inocencia del más mayor de sus dos críos no impedirá que al final le acabé preguntando a diario cuándo regresará su padre: “Esto es demoledor, mi marido está en una puta celda mientras yo sigo en casa mintiendo a mi hijo”.

No le queda otra alternativa a Carmen porque posiblemente al primogénito del matrimonio, dada su corta edad, le supondría un trauma conocer el paradero real de Juan Pedro: la cárcel. El hombre hizo su petate a primera hora de la mañana de este lunes, llorando como una magdalena se despidió de su amada esposa, de sus dos tesoros, y se marchó de su casa en el pueblecito almeriense de Fines para ingresar de manera voluntaria en el Centro Penitenciario El Acebuche. Allí empezó a cumplir condena por una pelea ocurrida en una discoteca hace nada menos que 12 años.

Cuando cometió aquel error, Juan Pedro era un joven de 25 años y, pasada más de una década, han convertido en un recluso a un hombre adulto de 37 años, casado, con hijos y que es un currante del afamado mármol que solo se encuentra en las canteras del Valle del Almanzora. “La lentitud de la Justicia se ha ensañado con un ciudadano de bien”, insiste una y otra vez su esposa. El caso de este almeriense podría encuadrarse en una reflexión a la que suelen recurrir los letrados —parafraseando a Séneca—: “Nada se parece tanto a la injustica como la justicia tardía”.

A Carmen no le hace falta apoyarse en filósofos del antiguo imperio romano para decir las cosas por su nombre mientras conversa con EL ESPAÑOL: “Aquí no se ha hecho Justicia, aquí se ha destrozado una familia”. La indignación de esta treintañera es la misma que comparten en los ayuntamientos de Fines, Macael y Oria donde se celebraron plenos para apoyar la solicitud de indulto de Juan Pedro que ha desestimado el Gobierno de España, a pesar de que iba acompañada de miles de firmas.

En los municipios almerienses de la Comarca del Valle del Almanzora se celebraron concentraciones multitudinarias de apoyo a este trabajador de Mármoles Gutiérrez Mena y los vecinos que participaron en esas movilizaciones ahora sienten impotencia por el ingreso en prisión de Juan Pedro.

La discoteca de Oria

Para entender este tsunami de indignación ciudadana hay que retroceder al año 2009, cuando en una discoteca de una pedanía de Oria, Juan Pedro Gallego, un joven, de 25 años, se vio envuelto en una pelea y —según su relato— se defendió con un taburete de un hombre que iba a agredirle. El asunto acabó en los juzgados de Almería donde se instruyeron diligencias contra Juan Pedro por un supuesto delito de lesiones graves empleando un objeto contundente.

Nada hacía presagiar que una riña —otra de tantas que ocurren cada fin de semana— se saldaría con una fuerte condena de cárcel. Uno de los motivos que invitaban al optimismo era que aquel veinteañero no tenía antecedentes. “Es muy raro que personas con su perfil entren en prisión”, asegura su actual letrado, Tomás Martos. Para que Juan Pedro se haya convertido en un “caso atípico y excepcional” de la judicatura española, como sostiene su abogado, se han ido sucediendo un cúmulo de circunstancias que siempre han jugado en contra de este almeriense, de 37 años.

El primer factor ha sido el habitual retraso de los juzgados. La riña en la discoteca se resolvió en la Audiencia Provincial de Almería en febrero de 2018: nueve años pasaron desde que se produjo la pelea hasta que se dio carpetazo a las diligencias judiciales. Y encima, aquella primera sentencia de la Audiencia contenía una pena de cárcel muy elevada a pesar de la demora, tal y como explica el letrado: “Lo normal es que se hubiese rebajado bastante la condena por la antenuante muy cualificada de dilaciones indebidas”. Sin embargo, a Juan Pedro le cayeron la friolera de seis años de prisión por la única falta legal que había cometido en toda su vida: una trifulca en una sala de fiestas.

“No tenía ni multas de tráfico”, corrobora su esposa. Esa sentencia fue una losa para Juan Pedro: un hombre con trabajo estable en el sector de mármol y que desde hacía varios años estaba viviendo una historia de amor con Carmen, un bellezón de Macael, al que conoció gracias a una amiga.

“Cuando me lo presentaron estaba sacándome el carné de conducir y trabajaba como monitora de transporte escolar”, resume con cariño esta almeriense, de 30 años, al recordar “el flechazo” que sintió por Juan Pedro. “Es una persona muy noble y cariñosa, a los pocos meses de conocernos decidimos unir nuestras vidas”. Su noviazgo fue pasional y sincero desde el inicio. Prueba de ello es que Juan Pedro le contó a Carmen que tenía una causa judicial pendiente por una riña.

“Desde el primer momento que nos conocimos me explicó que se tuvo que proteger de un hombre en una pelea en una discoteca”. Tal confesión sobre las diligencias judiciales que tenía abiertas no supuso impedimento alguno para que la pareja comenzase a convivir en Fines: un pueblo tranquilo de 2.100 habitantes, enclavado en el Valle del Almanzora. El amor entre ambos prosiguió viento en popa, con planes de boda incluídos, a pesar de que ese juicio se demoraba en el tiempo.

Juzgado a cara de perro

Al final llegó la ansiada vista oral y con ella el mencionado primer mazazo para la pareja. En febrero de 2018, la Audiencia Provincial condenó a Juan Pedro a seis años de cárcel por un delito grave de lesiones, según el fallo, por golpear con un taburete a otro hombre durante una pelea en una discoteca y causarle lesiones permanentes en un ojo.

“La vista oral fue un despropósito: este hombre fue juzgado a cara de perro, la única prueba que hubo fue el parte de lesiones de la víctima y las testificales de la acusación particular, la defensa no solicitó testigos, se amparó solo en la declaración de Juan Pedro, a pesar de que la discoteca estaba llena de gente cuando se produjo la riña”, detalla sin dar crédito el letrado, Tomás Martos.

—Usted es el nuevo abogado que asume el caso de Juan Pedro. Atendiendo a su dilatada trayectoria en los juzgados: ¿Cuál es la condena que se suele imponer en un delito de lesiones graves?

—Este hombre no tiene antecedentes y no tenía que haber entrado en la cárcel. Lo normal en un delito de lesiones graves es una pena de 2 a 4 años, pero si en la fase de instrucción la defensa hubiese presentado testigos se podría haber cerrado un acuerdo de condena, que incluyese la suspensión de la pena privativa de libertad a cambio de no volver a cometer ningún delito. Esa habría sido la mejor solución. Al llegar a juicio sin testigos, era la palabra de Juan Pedro contra la de la víctima y con un parte médico de lesiones lo que prevalece es el parte. Yo he tenido casos de lesiones provocadas con objetos más peligrosos que un taburete y mis clientes no acabaron en prisión.

Al final Juan Pedro eludió esa primera condena de cárcel recurriendo el fallo de la Audiencia Provincial en el Tribunal Supremo. El recurso se resolvió con un nuevo varapalo: la pena se redujo a tres años, pero igualmente Juan Pedro debía ingresar en prisión. Además, se fijó el 2 de marzo de 2020 como la fecha en la que debía pasar a formar parte de la población reclusa y despedirse de Carmen, con la que se había casado, ya tenía un hijo y otro que venía en camino.

“En estos años hemos tenido que ir al psicólogo porque veíamos desmoronarse nuestras vidas: éramos una familia feliz”, lamenta esta esposa coraje que sigue luchando para lograr la libertad de su marido: “Él lo dijo en la Audiencia hasta la saciedad, no agredió a nadie en la discoteca, solo se defendió para que no le pegasen. La defensa que tuvo no hizo nada por Juan Pedro: en el juicio estuvo con una mano delante y otra detrás”.

Movilización vecinal

Las condenas de cárcel levantaron en armas a los parroquianos de la Comarca del Valle del Almanzora y convocaron movilizaciones, al considerar injusto que le cayesen tres años de cárcel por una pelea a Juan Pedro: un hombre entregado a su familia, plenamente integrado en la rutina social y laboral de Fines. De hecho, comenzaron a recoger firmas para apoyar la única alternativa que le quedaba a este almeriense para no convertirse en un recluso: solicitar su indulto al Gobierno de España.

“En Mármoles Gutiérrez Mena emitieron un informe acreditando que mi marido era personal fijo, que nunca se había ausentado de su puesto trabajo, que era un empleado ejemplar y esencial porque es operador de una cortadora donatoni, una máquina muy cara, que solo sabe manejar él porque le formaron para ello y su ausencia en la empresa causaría pérdidas económicas”, resalta Carmen como uno de los múltiples gestos de apoyo que ha recibido su marido en estos años.

Ese documento laboral no hacía otra cosa que respaldar la solicitud de indulto que se apoyaba en el artículo 25.2 de la Constitución Española: las penas estarán siempre orientadas a la reinserción. Y en la práctica, Juan Pedro no era un delincuente reincidente, con problemas de adaptación social, que necesitara pasar una temporada a la sombra para encauzar su vida. Todo lo contrario: era un hombre que había sentado la cabeza, con hijos, y con 18 años cotizados a la Seguridad Social.

“Los últimos dieciséis años ha estado en la misma empresa y sus compañeros estaban preocupados por su futuro”. También tenían el mismo sentir los aficionados del mundo del motor que se dejaban ver en cada protesta solicitando el indulto de Juan Pedro. “La pasión de mi marido son las motos de enduro y la peña motera de Fines siempre le apoyaba”, subraya agradecida tratando de no olvidarse de nadie, aunque es difícil porque el listado de apoyos que ha recibido su esposo es kilométrico.

Respaldo de ayuntamientos

“Los ayuntamientos de Fines, Oria y Macael celebraron plenos para apoyar la solicitud de indulto de Juan Pedro, se recogieron 20.000 firmas, la policía municipal redactó informes favorables sobre su conducta, se organizaron rifas solidarias para recaudar fondos para ayudarle a pagar la responsabilidad civil a la víctima...”, prosigue Carmen enumerando con gratitud.

A lo largo de este duro trance, el cabeza de familia ha convivido con la presión diaria de estar pendiente de la respuesta del Gobierno a su solicitud para evitar la cárcel, pero ni la depresión que le ha causado tan terrible espera le ha hecho bajar los brazos en el trabajo ni en casa. Jamás ha dejado de sonreír a sus hijos ni de jugar con ellos ni de hacer mimos y ayudar a su esposa. “Mi madre está enferma de cáncer y él siempre se encarga de llevarla a las revisiones médicas y a los tratamientos oncológicos en Huércal Overa”, ejemplifica su mujer intentando no romper a llorar.

La mejor prueba del apoyo que esta pareja se ha brindado mutuamente en esta batalla legal es la boda que celebraron hace dos años, cuando pasaron por el altar y se prometieron amor eterno hasta que la muerte los separe. Sin embargo, en septiembre de 2020, la negativa al indulto por parte del Gobierno y la alargada sombra de la sentencia judicial pendiente de ejecución terminó por separar al matrimonio este lunes 18 de enero.

“La víctima de la discoteca no se opuso a que mi marido siguiese libre, siempre y cuando continuase abonando la responsabilidad civil, entonces, por qué no lo han indultado”, se pregunta Carmen sin encontrar respuesta ni consuelo. “¡Estamos destrozados: nos han despojado de Juan Pedro!”

Ingresó en El Acebuche

Este lunes, a las 10.30 horas, Juan Pedro acudió voluntariamente a ingresar en el Centro Penitenciario El Acebuche para empezar a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo: tres años de prisión por una pelea en una noche de fiesta que ha acabado con su vida familiar. La única persona que le acompañó fue su nuevo letrado, Tomás Martos, para evitar que sus hijos viesen a su padre convertido en un reo.

—Carmen, ¿cómo han sido estos años recurriendo en los tribunales y solicitando el indulto hasta que finalmente su esposo no ha tenido más alternativa que entrar en la cárcel?

—Han sido años de no dormir, de estrés, de calvario... La espera ha sido terrible. Si no fuese por nuestra psicóloga estaríamos ya al borde de la locura. Doce años después han metido en la cárcel a un hombre que lleva una vida completamente normalizada y que no necesita una reinserción social. ¿Para qué lo han encarcelado? Para destrozar a su familia. Esto es torturarnos.

La entrevista con Carmen se interrumpe porque el hijo mayor se despierta de la siesta y ella no quiere que le escuche hablar. “Desde que su padre se fue de casa tiene problemas para controlar los esfínteres, por favor, luego seguimos hablando”. El primogénito, a sus tiernos tres añitos, no sabe qué ocurre en casa, pero algo intuye porque su madre llora, está nerviosa y desbordada.

Este diario vuelve a telefonear pasada media hora y Carmen prosigue narrando el infierno que ha causado el vacío que ha dejado su marido en el hogar familiar: desde lo sentimental a lo económico. Ella está en paro y hay que seguir abonando los 60.000 euros de responsabilidad civil a la víctima de la pelea de la discoteca. “En casa solo entraba su sueldo”, admite agobiada porque encima hay dos motivos de peso que le impiden salir a la calle a buscar un empleo.

El primero es su madre, paciente oncológica, que depende de un respirador y a la que contraer la Covid sería su sentencia de muerte. El otro motivo tiene seis meses: un bebé al que tiene que cuidar y no puede dejar al cuidado de la yaya. “Me siento angustiada”. Su vida es un laberinto sin salida.

“Acatamos la sentencia, la víctima no se oponía a que mi marido siguiese en libertad y le estábamos pagando la responsabilidad civil que iban descontando todos los meses de la nónima de mi esposo: ¿Qué sentido tiene que Juan Pedro entré en prisión?”, reflexiona en conversación con EL ESPAÑOL mientras de fondo se escucha a su hijo mayor pidiéndole ver los dibujos en la tele.

Desde el lunes, Carmen se pasa los días encerrada en casa por la tercera ola de coronavirus, cuidando de sus hijos y de su madre enferma. “No tengo ganas de nada, a las nueve de la noche estamos todos metidos en la cama”. Y vuelta a empezar contando las horas para volver a hablar por teléfono con su esposo. “Solo podemos hablar tres minutos al día”. Carmen habla más con su psicóloga que con el amor de su vida. Lo último que Juan Pedro le ha contado es que se ha puesto a desempeñar tareas de limpieza en un módulo. No lo puede evitar, es un buen tipo.

Piden el tercer grado

Una de las pocas alternativas que le queda a Juan Pedro para salir de la cárcel de El Acebuche es que se le conceda un régimen de tercer grado que le permitiría hacer vida fuera del penal. Todo ello siguiendo unas estrictas medidas de control: bien una pulsera de localización o con la obligación de acudir periódicamente a los juzgados a firmar.

“Mi cliente reúne todos los requisitos para un tercer grado, en cuanto a la antigüedad del delito y a no tener antecedentes penales, a lo que se suman los perjuicios que puede sufrir en el ámbito laboral, familiar y psicológico por su estancia en prisión”, argumenta el abogado, Tomás Martos, que ya ha solicitado a la junta de tratamiento que se le conceda esa medida a Juan Pedro.

En un extenso escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL el letrado expone que el recluso puede perder su puesto de trabajo y su nómina es el único sustento de su mujer que está al cuidado de dos menores y una paciente oncológica. La solicitud incluye informes psicológicos que alertan de que a Juan Pedro el hecho de ingresar en prisión, doce años después de la pelea, “le supuso un trastorno, porque no entendía su ingreso tras el tiempo transcurrido y de la vida que hoy tenía (...)”.

Y prosigue el escrito de Martos: “Estos informes son demoledores en cuanto a las consecuencias negativas que se generarían en mi cliente si permanece más de lo debido en prisión, porque hay que recordar que Juan Pedro no necesita reinsertarse en la sociedad, pues es una pesona modelo tanto como padre de familia, como trabajador en su empresa, como por el respecto que infunde en las localidades donde ha nacido (Oria) o donde reside (Fines), cuenta con el respaldo de varios ayuntamientos (...)”.

—Carmen, si tuviese la oportunidad de hablar con la junta de tratamiento que debe clasificar a su marido asignándole un régimen: ¿Qué alegaría para que le concediesen un tercer grado?

—Mi marido no es un preso más al que clasificar: hay que clasificar a asesinos, violadores y políticos corruptos. A Juan Pedro en la cárcel no lo van a reinsertar porque ya lleva una vida normal con su familia, es un buen padre, muy trabajador, no bebe y no se droga. En una celda solo le van a causar un perjuicio psicológico irreparable tanto a él como a sus hijos. Solo pedimos un poco de humanidad, por favor, que le concedan el tercer grado y que no alarguen más nuestro sufrimiento y que nos devuelvan a Juan Pedro. Esta pesadilla tiene que acabar.