El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Algeciras (Cádiz) ha enviado a prisión la noche de este jueves al traficante de drogas Antonio Tejón, líder del clan de ‘los Castañas’. Le acusa de la presunta comisión de los delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública, entre otros. 

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La Guardia Civil detuvo a Tejón este pasado lunes en el marco de la Operación Dismantle. El arresto se produjo en su ciudad natal, La Línea de la Concepción, cuando el delincuente acudía a comparecer en sede judicial, como venía haciendo cada 15 días tras su última salida de la cárcel. 

El reo está considerado el mayor narco de la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, principal vía de entrada de hachís en Europa por su proximidad a Marruecos, país del que sólo le separan las aguas del Estrecho. La Policía Nacional considera que llegó a controlar el 70% de este tipo de droga que entra por el sur de España. 

La Guardia Civil, encargada de la investigación en esta causa, le sitúa ahora como líder de una organización con al menos un centenar y medio de miembros y que disponía de capacidad para introducir alijos por las costas de Cádiz, Huelva y a través del cauce del río Guadalquivir. 

Los agentes se aprehendieron durante la operación de alrededor de 10 toneladas de hachís y detuvieron a 32 personas, aunque la cifra de investigados asciende a 144. Un gran número de imputados se encuentra ya en busca y captura.

La banda de Antonio Tejón, a quien se le calcula una fortuna oculta que oscila entre los 20 y los 30 millones de euros, contaba con dos ramas operativas en la provincia de Cádiz, una en La Línea de la Concepción y otra en Puente Mayorga, una barriada de San Roque. 

A su vez, cada una de ellas contaba con una “sucursal” con personal e infraestructura en la provincia de Huelva y en los márgenes del río Guadalquivir “por si la presión policial les hacía desplazarse del Campo de Gibraltar”, explican las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL.

A su vez, la organización contaba con una tercera rama, encargada de la logística y el apoyo a las dos primeras. Esta se dividió en tres subestructuras: la de control de los tres narcoembarcaderos que disponía la banda, cuya gestión estaba en manos de un histórico traficante conocido como Rando; la de repostaje, con sede en El Puerto de Santa María (Cádiz), y la de adquisición de lanchas rápidas, controlada por un empresario vinculado desde hace años con los negocios náuticos.

Tejón tenía a su disposición un batallón de fieles, desde su mano derecha, el prófugo Alejandro C., al que la Fiscalía y la Guardia Civil lo sitúan como número dos de su organización, hasta 18 pilotos de lanchas, una treintena de alijadores, 19 vigilantes de seguridad, cuatro gestores de embarcaderos, cuatro camioneros para mover las gomas desde Ciudad Real hasta la costa andaluza, dos conductores de coches de carga o un repartidor de puntos (vigilantes durante los alijos).

Entre la veintena de detenidos que por el momento el juez ha enviado a prisión están el encargado de la infraestructura de las lanchas, Eddy S.; el jefe operativo en Puente Mayorga, Oscar F.; el responsable de la "sucursal" de La Línea en Isla Cristina (Huelva), José Mikel C., y el cabecilla de los repostajes de gasolina, Daniel G.

Antonio Tejón a bordo de una lancha junto a uno de sus hijos. EE

Libertad efímera

Antonio Tejón recobró la libertad hace dos meses y medio. El jueves 2 de julio de 2020 abandonaba la cárcel de Albolote (Granada). La Audiencia Provincial de Cádiz en su Sección de Algeciras lo dejó en libertad sin fianza. 

La decisión de la Audiencia llegaba después de que el 6 junio la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Línea de la Concepción (Cádiz) prorrogase por un año la prisión provisional de Tejón tras cumplirse el plazo máximo de dos años de privación de libertad sin que se le hubiera juzgado por una causa pendiente que él y su hermano Francisco Tejón tienen abierta por un alijo de hachís. 

La letrada de Antonio Tejón, Sara Borrego, recurrió el auto que autorizaba la prórroga. La Audiencia de Cádiz le dio la razón a la abogada del narcotraficante y decidió anularlo con el argumento de que la jueza linense carecía de competencias.

Pero el mismo día que abandonaba la cárcel granadina, la Guardia Civil acudió hasta el centro penitenciario para detenerle de nuevo. Antonio Tejón no llegó a poner ni un pie en la calle. Tras pasar dos días en los calabozos, la titular del Juzgado número 4 de Algeciras fijó 12.000 euros de fianza para él. El traficante pagó ese dinero a las pocas horas.

En esa causa se le acusa de cohecho impropio, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. En ella aparece como investigada la guardia civil Trinidad S. P.. La agente está acusada de ayudar al narcotraficante a blanquear parte de su fortuna (2,23 millones de euros) a través del taller mecánico de su compañera sentimental.

La Policía Nacional ya detuvo anteriormente a Antonio Tejón en La Línea. Fue el 7 de julio de 2018, tras estar 19 meses en fuga. Desde entonces, hasta julio de este año, había permanecido en la cárcel.

Detención de Antonio Tejón en julio de 2020. EE / Guardia Civil

Concentración 

Si la lucha policial contra el narcotráfico es una herramienta para tratar de acabar con él, otra es la presión social. Este jueves, a las 11 de la mañana, colectivos antidroga, organizaciones sindicales de los cuerpos y fuerzas de seguridad como el Sindicato Unificado de Policía (SUP) o la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), representantes políticos, empresariales y de la sociedad civil volvieron a salir a la calle para mostrar su rechazo a las bandas organizadas que pueblan la comarca del Campo de Gibraltar.

Cuando se ha vuelto a notar un repunte en la violencia empleada por los narcos, desde la Plaza Alta de Algeciras estos colectivos han querido mandar un mensaje: la lucha contra el crimen organizado no ha de decaer, pero para ello es necesario mayor apoyo institucional.

El portavoz de la Plataforma por tu seguridad, por la de todos, Francisco Mena, se ha referido a las embestidas contras los vehículos policiales que se están volviendo a dar en las últimas semanas. "No podemos evitar que embistan a nuestros agentes, pero sí evitar que los maten. Para eso tienen que tener vehículos adecuados", ha señalado.

Entre el 5 y el 9 de septiembre se produjeron seis incidentes graves en distintos puntos de la provincia de Cádiz, con un balance de 13 heridos en los cuerpos de seguridad.

El más grave es un inspector de policía de la comisaría de Algeciras que continúa en la UCI del Hospital Puerta del Mar desde que su coche fue embestido mientras circulaba con un agente en prácticas por otro vehículo cargado de droga. Esta misma mañana, otro todoterreno cargado de hachís ha embestido a un vehículo conducido por una embarazada y herido a un ciclista en Estepona (Málaga).

Representantes de distintos colectivos que conforman la plataforma 'Por tu seguridad, por la de todos'. EE

En su discurso, Mena ha exigido refuerzos en los juzgados de la comarca. "Hacen falta jueces de refuerzo, funcionarios y un sexto magistrado en la sección (séptima de Algeciras) de la Audiencia". En referencia a la Operación Dismantle, ha añadido: "De nada sirve tener 9.000 detenidos si no hay una respuesta judicial adecuada, y esto tiene que llegar de una justicia justa y rápida".