A Ana Rojo le pusieron “nueve multas injustas” por entrar en Madrid Central y acabó abonando 450 euros al Ayuntamiento de la capital. A Carlos Santos, 39 desde que comenzaron a sancionar en marzo de 2019, acumulándose un monto de 3.510 euros. El problema es que ambos ciudadanos viven en el mismísimo corazón de la Zona de Bajas Emisiones de la capital y, pese a ser residentes autorizados para entrar con sus vehículos, las sanciones no pararon de llegar.

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Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid (TSJM) ha anulado Madrid Central, la medida estrella de la exalcaldesa Manuela Carmena, por “defectos formales” en la ordenanza de movilidad y por carecer de memoria económica. De esa manera, el Consistorio actual podría verse en la tesitura de tener que devolver cerca de 40 millones de euros recaudados a los 815.000 infractores que circularon con su vehículo por el centro. ¿Por qué? Las sanciones no tendrían fundamento jurídico y por ende, la devolución tendría carácter retroactivo.

A Carlos, no obstante, no le serían devueltos los 3.510 euros, porque no los ha llegado a pagar, ya que quiere recurrir las sanciones “hasta el final”, pero la sentencia sí aliviaría su calvario al impedir que el dinero le sea retirado porque las multas ya no tendrían fundamento jurídico, pues el fallo tumba la ordenanza de Madrid Central.

Las 39 sanciones de Madrid Central que le llegaron a Carlos Santos "injustamente". CEDIDA

En septiembre de 2019, aún así, le llegaron a Carlos y a su novia 39 sanciones “de golpe”. Pese a ello, este ciudadano de 33 años residente en el barrio madrileño de Lavapiés, no las llegó a pagar “porque todo se debía a un error, ya que el coche estaba a nombre del padre de mi novia y tenía autorización de residente hasta 2023. Sin embargo, las multas no dejaron de llegar”.

Fue cuando la pareja habló con el Consistorio para explicarle su caso y les dijeron que “debían ganar tiempo mediante el cambio de nombre de la multa”. Ya no serían para el padre de la pareja de Carlos, sino para su hija. Así, les aseguraron en la Oficina de información de tráfico y multas de circulación, situada en el número 33 de la calle Albarracín, que las podrían recurrir. Pero el cambio de nombre nunca llegó y no pudieron presentar su recurso.

El apremio de multa de Hacienda

“Hace dos semanas, de hecho, le llegó al padre de mi novia un apremio de multa de Hacienda. Es decir, como no las pagamos, nos pueden embargar los 3.510 euros de la cuenta bancaria”, se sincera a EL ESPAÑOL Carlos, visiblemente preocupado y harto de librar una batalla jurídica sin solución. El motivo: las multas no consideraban que tenía autorización de acceso con su vehículo hasta su domicilio.

“Y lo peor es que a parte de ese dinero, que probablemente nos embarguen, hemos pagado ya unos 400 euros en abogados porque no nos han dado la oportunidad de recurrir”, explica este profesional en Marketing. Ya son casi 4.000 euros lo que perdería esta familia por una ordenanza que, de momento, es nula hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie al respecto.

Carlos Santos, a quien le llegaron 39 multas de Madrid Central, y el reciente apremio de Hacienda. CEDIDA

Y es que el TSJM ha suprimido las restricciones de tráfico en el centro porque “los magistrados de la Sala Segunda consideran que Madrid Central incurre en una omisión del trámite de información pública, un requisito que se considera presencial, receptivo e indispensable al tratarse de una de las principales manifestaciones del derecho que los españoles tienen a participar en los asuntos públicos, por lo que quedan anulados algunos artículos de la ordenanza”, según explica a este medio Pedro Javaloyes, director de comunicaciones de Dvuelta, la empresa que recurrió la ordenanza, junto a la Comunidad de Madrid y el PP, entonces en la oposición madrileña.

La paradoja es que el actual alcalde de Madrid, el popular José Luis Martínez-Almeida, se ha planteado ahora recurrir la sentencia del TSJM, que aún no es firme. Si el Supremo falla y avala al TSJM, el actual Gobierno en la capital del PP y Ciudadanos se verá obligado a reembolsar unos 40 millones de euros en multas, según ha apuntado este diario.

“Ya tiene respaldo jurídico”

“Me parecería escandaloso que Almeida recurra la sentencia del TSJM porque ellos mismos me argumentaron, cuando llegaron al Ayuntamiento, que no podían devolverme mis 450 euros, porque no tenían respaldo jurídico para devolver las cantidades, pero ahora con la sentencia, ya lo tendrían”, clama la abogada y afectada Ana, en conversación telefónica con este diario, quien conoce bien la problemática tras meses de pugna con el Consistorio.

Ana Rojo, a quien le multaron nueve veces en Madrid Central y abonó 450 euros. CEDIDA

La afectada por las sanciones de Madrid Central Ana, de 44 años, vive en la céntrica calle madrileña de Huertas y las multas no le pararon de llegar por acudir a su domicilio con su vehículo. “En mi caso yo contaba con una autorización de entrada a las Áreas de Prioridad Residencial (APR), dentro de Madrid Central. Y a pesar de que el coche estaba a nombre de mi padre, que vive en Pozuelo, el Ayuntamiento me autorizó a aparcar el coche en mi casa hasta 2021. Sin embargo, me llegaron nueve multas”, explica la afectada.

Las nueve sanciones, fechadas entre julio y agosto de 2019, le llegaron “prácticamente todas de golpe” entre octubre y diciembre. “Y, claro, yo no sabía que estaba incurriendo en una supuesta ilegalidad y entraba tan tranquila hacia mi casa”, cuenta Ana. Y es que la falta de información ha sido una de las causas por las que el TSJM ha tumbado la ordenanza de Madrid Central.

Por ello, tanto Carlos como Ana han acudido a la Asociación Vecinal La Corrala, donde hay más afectados con casos similares, bajo el criterio de que la unión hace la fuerza. “Pero intentamos reunirnos con Borja Carabante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad de Madrid, o con cualquier otra persona competente, pero fue imposible. Nos daban largas. No nos hicieron caso hasta que dimos una rueda de prensa planteando la cuestión” , se queja Ana. Entonces Martínez-Almeida los apoyó, ahora duda.

“Informes técnicos y jurídicos”

Pese a que el TSJM ha anulado Madrid Central, a priori, el Ayuntamiento de la capital no devolverá lo recaudado en multas porque la sentencia no es firme. Ana asegura que “seguirá luchando hasta lo que haga falta por los 450 euros. No es una cuestión de dinero, que también porque estoy desempleada y opositando, es una cuestión de seguir teniendo fe en las instituciones”, sentencia. De momento, hay 30 días de plazo para plantear un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que será quien tenga la última palabra.

Carlos, por su parte, ve en la sentencia la posibilidad de olvidarse del calvario al que ha estado sometido junto a su pareja desde que fue sancionado “injustamente”. Pero, de momento, siente pánico de que le embarguen a su suegro 3.510 euros. Está expectante, como muchos afectados, de saber si Martínez-Almeida da el paso y recurre la sentencia del TSJM de anular Madrid Central o no.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, este martes, ofreciendo declaraciones a los medios. EP

Tal y como sostuvo este martes el alcalde de Madrid, su equipo de Gobierno decidirá si recurre el fallo en función de los “informes técnicos y jurídicos” que elaboren los servicios jurídicos del Ayuntamiento de la capital y del Área de Medio Ambiente y Movilidad. Según asegura Martínez-Almeida, “serán públicos para disipar cualquier duda, cualquier tentación de manchar”. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha ido un paso más allá al asegurar que Madrid Central no se “revocará”, pero “se hará bien”.

En todo caso, el Tribunal Supremo entrará en la cuestión debido a que, pese a no haber recurso en firme del PP, la Plataforma en Defensa de Madrid Central, a través de Ecologistas en Acción, ya ha anunciado que recurrirá la sentencia del TSJM de anular Madrid Central. Si el Alto Tribunal, en su última palabra, avala el fallo, el Consistorio se vería abocado a devolver hasta 40 millones de euros de las 815.000 multas recaudadas. A Ana le devolverían sus 450 euros y Carlos, junto a su familia, respiraría porque le dejarían de pedir 3.510 euros en sanciones que, de momento, no tienen fundamento jurídico.