Barragán, el recaudador municipal despedido hace 30 años que cobrará 4,7 millones en vez de 3.000 €

“El caso Barragán es único en España y Europa”, afirma Óscar Medina, alcalde por el PP en Torrox, en la Costa del Sol oriental de Málaga. Al cabo de nada menos que 30 años de pleito, al Ayuntamiento le va a costar 4,7 millones de euros la indemnización por despido del antiguo recaudador municipal Antonio Barragán Martín, hoy de 77 años. Medina lamenta que cesar a Barragán no le habría costado ni un céntimo a las arcas municipales simplemente si el alcalde de 1990, Ildefonso Mateos, del PSOE, le hubiera respetado los tres meses de preaviso que figuraban en su contrato, en vez de mandar a la Policía Local para expulsarlo “violentamente” de la oficina de la noche a la mañana.

Un conflicto laboral corriente se fue enredando en una compleja batalla judicial de tres décadas, a la que las partes acaban de poner aparente punto y final con un acuerdo ante notario por el que el Ayuntamiento se compromete a pagar la indemnización en un plazo de seis meses a cambio de una quita: Barragán ya había cobrado casi 1,2 millones de euros hace veintidós años y ahora le pagarán los 3,5 millones restantes hasta los 4,7 millones acordados, lo que supone un millón menos, sin contar los intereses, de la liquidación que estableció en 2017 la sala de los Contencioso Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

¿Cómo se ha podido generar una indemnización millonaria por despido para un trabajador municipal de pueblo que ni siquiera era funcionario? ¿Por qué se ha tardado treinta años en resolver el caso Barragán? El actual alcalde, abogado de profesión, y el representante de Barragán, José María Sánchez Romera, que ha asistido en el litigio a su padre, el también letrado Antonio Sánchez Capilla, explican a EL ESPAÑOL los pormenores de este sorprendente proceso, que ha sido estos días noticia nacional.

Una destitución "violenta"

Antonio Barragán Martín, natural del municipio sevillano de Coria del Río, casado y padre de dos hijas, trabajaba desde 1984 como recaudador externo del ayuntamiento malagueño de Torrox, que por entonces tenía 10.600 habitantes censados y hoy rebasa los 17.200. En aquella época, aún no era obligatorio que el cobro de impuestos lo realizaran agencias recaudatorias municipales o provinciales, y en muchos ayuntamientos los recibos los expedían a mano el propio alcalde o el policía local de turno, o se contrataba el servicio con un recaudador particular de tributos a cambio de una comisión o premio de cobranza del 5%, como Antonio Barragán.

Éste, con estudios medios, tenía a su vez empleadas a dos trabajadoras que lo ayudaban a cobrar a los vecinos. Vivía bien pero no era rico, destaca su abogado, que añade que consiguió el contrato del servicio presentando una oferta que el Ayuntamiento aceptó.

El 2 de febrero de 1990, el pleno municipal de Torrox encabezado por el alcalde socialista Ildefonso Mateos acordó romper el contrato con Barragán bajo la acusación de que había abandonado sus funciones en los ejercicios de 1988 y 1989, una acusación que sin embargo no se tradujo en ninguna denuncia ni sanción contra él. Sobre Barragán no pesa ningún reproche legal. El ayuntamiento, en todo caso, estaba en su derecho de prescindir de sus servicios.

Pero en vez de darle tres meses de preaviso, o pagárselos, como constaba en una cláusula de su contrato, el alcalde ordenó su destitución inmediata, que se produjo “violentamente”, según el TSJA. Policías municipales irrumpieron en el despacho del recaudador y se llevaron los recibos y la recaudación. De la noche a la mañana, Antonio Barragán perdió su trabajo.

Intentó llegar a una solución “amistosa” con el alcalde, que si éste hubiera aceptado le habría ahorrado una fortuna futura a sus vecinos: el recaudador cesado pidió que le abonaran 500.000 pesetas (3.000 euros, que entonces equivalían por capacidad de compra a 6.554 euros de hoy) para poder liquidar a su vez los salarios de sus dos trabajadoras, pero el regidor se negó. Este segundo error del edil de entonces le saldría muy caro a Torrox, reprocha el alcalde actual, Óscar Medina, a quien, sin más posibilidades de recursos legales, le ha tocado gestionar treinta años después el pago de la acumulada y millonaria indemnización.

Antonio Barragán recurrió su despido por la vía contencioso-administrativa y contrató como abogado a Antonio Sánchez Capilla, que tenía y tiene aún su despacho en Almuñécar, en la costa de Granada, a pocos kilómetros de Torrox. Sánchez Capilla había sido funcionario municipal de Tesorería en pueblos granadinos y, además de Derecho, había estudiado en su juventud la carrera de profesor mercantil en la Escuela de Comercio de Granada.

Esa experiencia contable lo convertía en un jurista idóneo para comprender el trabajo de su defendido y plantar batalla al Ayuntamiento demandado. Comenzó así una fiel relación entre abogado y cliente que dura ya tres décadas. Los dos Antonios han ido envejeciendo en paralelo a la vez que mantenían juntos el pulso judicial para ganar el caso Barragán. Antonio Sánchez Capilla tiene 90 años y sigue inscrito como ejerciente en el Colegio de Abogados de Granada, aunque éste es el único caso que mantiene, porque, según cuenta su hijo José María, no se jubilará hasta el día en que su cliente cobre, antes del final de 2020, la indemnización ahora acordada.

Error municipal tras error

Un año después del despido, Barragán obtuvo su primera victoria cuando el 10 de mayo de 1991 el TSJA le dio la razón y ordenó al Ayuntamiento de Torrox que lo restituyera como recaudador y le abonara lo que había dejado de percibir durante ese tiempo. El Ayuntamiento recurrió con un argumento poderoso, como señala el alcalde actual: no se podía restituir al recaudador porque legalmente la colecta de tributos ya no la podían realizar trabajadores o empresas privadas sino agencias públicas de recaudación.

En el caso de Torrox, desde el cese de Barragán los impuestos locales los cobraba el Patronato de Recaudación Municipal. En un nuevo error municipal, critica el alcalde Óscar Medina, el Ayuntamiento de entonces no se presentó para defender su propio recurso, que quedó desestimado.

En mayo de 1998, el TSJA fijó el importe de la indemnización al despedido y los intereses: en total, 198 millones de pesetas (1,19 millones de euros), que era la cantidad que el tribunal calculó que había dejado de ganar entre 1990 y 1997 tomando como base el padrón de impuestos de Torrox y el porcentaje del 5% en periodo voluntario y 10% en ejecutivo que había cobrado en ese tiempo el Patronato de Recaudación Provincial, que lo sustituyó en el servicio.

Con el paso de los años, la cantidad estimada iba creciendo debido a que la población y las construcciones de la turística Torrox, sobre todo en su litoral, aumentaban vertiginosamente y con ello los tributos. Hoy los 17.200 habitantes empadronados en el municipio son un 70% más que en 1990 y en verano la población asciende a más de 80.000, señala el regidor Medina.

El Ayuntamiento, con José Pérez, de IU, en la alcaldía, pagó esos 1,2 millones de euros de 1998 pero no cumplió o más bien no pudo cumplir la segunda parte de la sentencia que obligaba a restituir en su puesto al recaudador. El alcalde Pérez hizo un intento: firmó ante notario que el Ayuntamiento le devolvía el cargo, pero a continuación alegó ante el tribunal que esa restitución laboral ya era imposible por ley puesto que el servicio lo prestaba el órgano de recaudación de la Diputación. El alcalde de hoy dice a EL ESPAÑOL que en Coín, también en la Costa del Sol, un caso similar de recaudador externo despedido se solucionó con la argucia de darle otro empleo municipal.

Aunque Barragán perdió el trabajo en Torrox, siguió vinculado a la zona, adonde acude a pasar las vacaciones todavía, en una vivienda en los alrededores de Nerja que su representante dice que no puede precisar si es alquilada o propia y, en este caso, si la compró con los 1,2 millones de euros de la primera indemnización.

El antiguo recaudador siguió pleiteando y en octubre de 2016 reclamó ante el tribunal que le quedaban aún por cobrar del Ayuntamiento 10 millones de euros, cantidad en que cifraba el perjuicio por seguir sin recuperar su puesto desde la liquidación primera de 1998. En este punto le tocó lidiar con el caso Barragán al nuevo alcalde desde 2015, Óscar Medina, que ejercía de abogado hasta su elección.

Medina estudió el proceso, que lastraba las cuentas municipales desde 1990, y el Ayuntamiento recurrió la reclamación de Barragán: ¿Cómo iban a seguir pagando una indemnización acumulada hasta 2016 si el antiguo recaudador se había jubilado en 2008? Los jueces le dieron la razón al Consistorio y establecieron que la indemnización final se calcularía sólo hasta el año de su jubilación (después de Torrox, había trabajado en otro puesto de recaudación, en un municipio que su abogado dice que desconoce).

El actual alcalde podría haber ido a prisión

La liquidación resultante, del 6 de noviembre de 2017, ascendió a 4.590.068 euros, que era el dinero que se calculaba que Barragán había dejado de ganar desde 1998 hasta 2008 (ya había cobrado el período de 1990 a 1997). El Ayuntamiento recurrió, sin éxito, ante el Tribunal Supremo, con vistas a ir después al Constitucional. Mientras tanto, le embargaron al Ayuntamiento una veintena de parcelas, algunas con gran potencial de desarrollo turístico, para asegurar que Barragán cobraría de una manera u otra.

Frente a la crítica de la oposición municipal del PSOE al acuerdo, Óscar Medina razona que la vía judicial estaba agotada y que incluso ya le habían enviado un requerimiento para pagar. Si no lo hacía, dice, podía cometer un delito e ir él a la cárcel por culpa de errores del alcalde de hace treinta años, cuando él era un chaval de 13. Por eso, considera un triunfo no sólo haber conseguido rebajar las pretensiones iniciales del recaudador de 10 millones a 4,6, sino también que el demandante, en una negociación final extrajudicial entre las partes, haya aceptado quitar más de un millón de euros de su indemnización pendiente, reduciéndola de 4,6 a 3,5 millones, a cambio del compromiso municipal de que le pagarán en el plazo máximo de seis meses.

Estos 3,5 millones que saldrán de sus arcas para saldar el pleito con Barragán equivalen a casi el 16% de los 22 millones de euros del presupuesto municipal de Torrox para 2020. Dice Medina que para pagarle recurrirán a los cerca de cuatro millones de euros de remanente que tienen en Tesorería o a una hipoteca. La resolución amistosa del pleito levantará el embargo de una veintena de parcelas municipales.

El viernes 22 de mayo, las partes se vieron las caras en Torrox para firmar su acuerdo ante notario. Estaban allí el alcalde Medina; la delegada de Hacienda, Paula Moreno; la letrada municipal, Beatriz Nieto, y los abogados de Barragán: el veteranísimo Antonio Sánchez Capilla y su hijo José María Sánchez Romera. La semana siguiente, miércoles 27 de mayo, el propio interesado, el ex recaudador municipal, que vive en Coria del Río, en Sevilla, y veranea en la malagueña Costa del Sol, acudió a la notaría junto a su abogado de siempre para estampar su firma en el acuerdo suscrito días antes.

El indemnizado, de 77 años, y su abogado, de 90, disfrutaron seguramente uno de los momentos más satisfactorios de sus vidas. Ponían punto final a 30 años de batalla… O casi. No lo celebrarán hasta que vean, antes de seis meses, el dinero de la indemnización en sus cuentas, dice José María Sánchez, el abogado que ha ayudado a su padre a rematar el caso. Cobrará Barragán y cobrará su defensor, con vida los dos aún para saborear el triunfo. “El día que cobremos habrá frases para esculpir y nos haremos una foto y cantaremos victoria”, avanza Sánchez hijo.

En sus respectivas conversaciones con este periódico, el abogado y el alcalde se intercambian elogios por, dicen, la buena disposición de la parte contraria para terminar el conflicto. “Si esperábamos más, no lo íbamos a ver”, admite Sánchez sobre el dinero de la indemnización y la provecta edad de cliente y defensor.

Para Medina, el caso Barragán quedará para la historia local como ejemplo negativo de lo carísimo que puede salirle a las arcas municipales el método de su predecesor de 1990 de gobernar “por mis cojones, como si el dinero público no fuera de nadie”. Torrox se habría ahorrado 4,7 millones de euros si le hubiera pagado a Barragán sólo tres meses de preaviso.

¿Podría el Ayuntamiento de Torrox pedir responsabilidades a sus antiguos responsables por el millonario despido del 'caso Barragán'? "No lo hemos descartado y lo vamos a estudiar", responde el alcalde actual, que matiza que tendrá que analizar primero si las irregularidades administrativas y políticas de hace 30 años han prescrito o no. 

"Vamos a valorar si exigimos responsabilidades patrimoniales por perjuicios a la Administración, y no sólo al alcalde originario, sino a letrados y ediles que pudieran haber participado", añade Óscar Medina, que subraya que este asunto debería servir como aviso para navegantes municipales de cualquier Ayuntamiento.