El Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla ha decidido reabrir la investigación del asesinato de Marta del Castillo, solicitada por sus padres al considerar que había nuevas pruebas que apuntaban a Francisco Javier Delgado, hermano del único condenado por esos hechos, Miguel Carcaño.

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En un auto dictado este viernes al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el juez Álvaro Martín estima la petición de Antonio del Castillo y Eva Casanueva y ordena a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que comprueben "la veracidad" de las pruebas, que apuntarían la existencia de un trasfondo económico en el suceso y "la posible participación de terceras personas" en la muerte de la joven, a principios del año 2009.

Hipoteca con datos falsificados

Las indagaciones realizadas a lo largo de estos años por la familia llegaron a la conclusión de que Carcaño y su hermano habían adquirido el piso de León XIII, el lugar donde se perpetró el crimen, gracias a un préstamo obtenido con datos falsificados.  Supone un giro total en el caso, ya que la familia cree que ese podría haber sido el verdadero móvil del asesinato. 

[Consulte aquí el auto del juez]

La investigación de la familia regresa a aquel 24 de enero de 2009, justo antes de que Marta fuese asesinada. La pista que les lleva hasta ese momento es la declaración realizada por Carcaño en el año 2013, cuando el padre de Marta fue a visitarle a la prisión de Herrera de La Mancha.

Allí le contó por qué su hermano y él habían discutido justo antes del crimen. Y no era, como habían asegurado en un principio, por el impago  de la hipoteca del apartamento.

En octubre de 2008, meses antes del asesinato, una sucursal del BBVA en la localidad de Dos Hermanas concedió al joven Carcaño y a su hermano un préstamo hipotecario por valor de 108.622,44 euros para la adquisición de la vivienda de León XIII.

Documentación falsa

Para obtenerlo, Carcaño aportó la documentación pertinente: un contrato indefinido como ayudante de camarero en el bar "El Menos dos Grados" (ubicado en La Rinconada), nóminas de junio a agosto de 2008 que oscilaban entre los 1.200 y 1.400 euros al mes, un informe de vida laboral en el que aparecía cómo se le había dado de alta en la empresa y un certificado del dueño del negocio en el que figuraba que Miguel cobraba los fines de semana un total de 480 euros en horas extra.

Todos aquellos documentos eran falsos, según ha podido descubrir la familia. Miguel nunca trabajó en aquel establecimiento. El más beneficiado, dice el escrito de la abogada de los padres de Marta, "fue Francisco Javier Delgado, pues no sólo se quedó en posesión del inmueble, sino que percibió 32.420,44 euros" en un cheque nominativo que habría sido ingresado en la cuenta de su socio en el bar Dseda.

El escrito de la letrada  de la familia, Inmaculada Torres, se extiende después y concluye con que aquella fue la verdadera razón de la discusión que precedió a la muerte de la joven: "No vino motivada por el simple impago de una hipoteca, sino algo mucho más grave".

La acusación y la familia de Marta considera que estos datos muestran el auténtico "móvil de la muerte de Marta", que va más allá de esa discusión, puesto que tras la muerte de Marta se escondería una estafa y una falsedad documental en la que estarían implicadas más personas.

Ahora, la reapertura del caso, según el auto del juez, permitirá dilucidar la "veracidad" de estos hechos. El magistrado analizará si estos hechos podrían inculpar a terceras personas no enjuicidas hasta el momento en el caso. Y analizará también si estas pruebas pueden conducir, finalmente, 11 años después, al paradero de Marta del Castillo.