Palizas, amenazas de muerte... El dramático día a día de los abogados del turno de oficio

Desde hace tres años, Víctor Fernández (43) no sale de casa sin su spray de pimienta. Lo hace desde que vivió el capítulo más terrible y avergonzante de toda su carrera como abogado, en este caso, del turno de oficio. Tras obtener una sentencia desfavorable, el cliente y su mujer acudieron por sorpresa a su despacho privado en Madrid para destrozar sus muebles, amenazarle y agredirle. "Fue horrible, estaba solo y tuve que llamar al portero; me decía que me iba a cortar el cuello una y otra vez", cuenta Fernández, en una entrevista con EL ESPAÑOL.  

Todo comenzó como con cualquier otro cliente al que le asignan para defender en una causa judicial y, por tanto, tiene derecho a la justicia gratuita —tal y como recordarán haber visto en la mítica serie televisiva Turno de Oficio, en la que tres abogados prestaban asistencia jurídica a personas sin recursos—. Era 2016, y debía ejercer como letrado la defensa de un hombre por un delito de conducción temeraria. Para su sorpresa, no se presentó al juicio alegando que ese día estaba enfermo. Entonces, el acusado le pidió que solicitara la suspensión de la vista, algo que Víctor Fernández nunca pudo llevar a cabo porque el cliente se negó a justificarlo. 

A pesar de las amenazas que el abogado comenzó a recibir, el juicio continuó y el cliente finalmente fue condenado. Llegaba el momento de recurrir dicha sentencia, ya que si es desfavorable el abogado de oficio está obligado a llevar a cabo ese acto. "Él me dijo que no quería recurrirla, le dije que tenía que firmar un escrito para ello en muchas ocasiones, pero nunca lo hizo", cuenta el letrado. 

Tras varios meses sin saber de él, el condenado se presentó con su mujer en el despacho del abogado el 26 de diciembre. "Engañaron al portero diciéndole que venían a preguntar por algo de extranjería y como yo no me acordaba mucho de ella le dejé pasar", relata Víctor. La siguiente imagen que vio este letrado fue a su cliente, acelerado, insultándole, pegándole en los brazos y amenazándole de muerte al grito de "¡te voy a cortar el cuello!". "Al mismo tiempo que me amenazaba y aporreaba la impresora del despacho, me grababa con el móvil; tuve que llamar al portero y a la Policía", recuerda. 

En ese momento, Víctor Fernández tomó la decisión de denunciar a su propio cliente. "Pedí ayuda, pero no podían hacer nada, ni siquiera poner una orden de alejamiento, así que algunos compañeros me aconsejaron que llevase un spray de pimienta siempre", señala el letrado. Todo, por hacer correctamente su trabajo. 

Desprotegidos y mal pagados

La situación que vivió Víctor no se trata de un caso aislado, sino de un problema grave que sufren a diario los letrados que ejercen el Turno de Oficio en España. Insultos, amenazas, agresiones e incluso situaciones de acoso por parte de clientes a los que no eligen, sino que les designa, por lo general, el colegio de abogados correspondiente. "Ocurre desde hace mucho tiempo, pero no se ha conocido hasta ahora gracias a las redes sociales. Los abogados tenían miedo de comentar episodios así por miedo a que se pensase que hacían mal su trabajo", cuenta José Manuel Mayllo, abogado y presidente de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO).  

Un problema y, al mismo tiempo, un dilema al que se enfrentan estos profesionales, y ante los que están desprotegidos. A eso se suma, además, la precariedad, pues cobran unos 360 euros brutos, en el caso de un proceso penal —que podría durar meses—.

"En muchas ocasiones tratamos con personas conflictivas, no tanto por su situación personal, sino porque ellos tienen patologías o enfermedades psiquiátricas, y por tanto son violentas. Desde nuestra asociación trabajamos para ayudar a los letrados con asesoramiento jurídico, se les acompaña cuando tienen que verse con los clientes... Además, estamos tratando de concienciar a la Administración para que se modifique el Código Penal y que, al igual que se consideró a los maestros y facultativos como autoridad en el ejercicio de sus funciones, ocurra lo mismo con los abogados", explica el presidente de ALTODO. 

Cuando se producen agresiones y el letrado pone la denuncia correspondiente, suele tramitarse como un delito leve. Si el Código Penal considerase al abogado una autoridad pública, los delitos serían graves. "Las penas serían mayores y los agresores se lo pensarían dos veces", apunta Mayllo. Los abogados de oficio también tienen la opción de dejar el caso, pero eso supone que el cliente vaya pasando de un letrado a otro sin que el verdadero problema se solucione. "Hay clientes que todos conocemos, algunos han llegado a acumular 80 abogados", reconoce. 

El vicepresidente de APROED (Asociación que defiende el Turno de Oficio), Antonio Agúndez, también defiende la posición del abogado como autoridad pública, pero como una medida en paralelo. En su opinión, una solución más eficaz pasaría por establecer un canal ágil de comunicación entre los colegios y los abogados, así como un mecanismo de sustitución para estos profesionales. 

Acosada por 8.000 mensajes

"Este problema no se soluciona con que el cliente acumule abogado tras abogado; el colegio de abogados es el que lo asigna y también tiene que ser parte de la solución. En ocasiones, se revela un conflicto de intereses entre el colegio y el abogado de oficio porque el cambio supone un problema administrativo. El abogado no tiene que improvisar cuando tiene un problema con el cliente, menos cuando te exigen llevar a cabo esa defensa", apunta Agúndez.  

Las agresiones, las amenazas... ocurren tanto si el cliente —o acusado— están en libertad como en prisión preventiva. Si bien, desde ALTODO apuntan que, en ocasiones, han conseguido que los clientes hayan sido enviados a prisión por los delitos que estaban cometiendo contra el letrado de oficio. Así fue con el caso de Marta (nombre ficticio), una procuradora acosada por un acusado al que nunca llegó a ver físicamente. Le llegó a enviar un total de 8.000 mensajes vía WhatsApp, y otras tantas llamadas.

"El día que Marta estaba declarando en la sala, el acosador estaba fuera llamándole y mandándole mensajes. Cuando le tocó entrar a declarar, había desaparecido y la magistrada tuvo que ponerle en busca y captura, tras lo que finalmente entró en prisión", cuenta Luis Álvarez Collado, abogado de oficio y miembro de la asociación. 

Esta procuradora ni siquiera defendía a este hombre, era una causa civil por una deuda. Fue él quien mediante todos los medios posibles dio con su teléfono y comenzó una campaña de acoso brutal. "Le perseguía al juzgado, le esperaba en la calle, le mandaba 80 mensajes al día; al final quebrantó la orden de alejamiento y fue a prisión", añade Collado. 

Una paliza por meterle a la cárcel

El último caso, y uno de los más graves, fue el que le ocurrió a un abogado de oficio en Palma de Mallorca. A este letrado le tocó llevar la acusación particular en una causa por violencia de género, es decir, defendía a la víctima. El abogado ganó el juicio y el acusado fue enviado a prisión. Años después, cuando este salió se encontró al abogado de su expareja en la calle y con ayuda de otros cinco amigos le propinó una brutal paliza. 

"¡Este ha sido el que me ha metido en la cárcel!", gritó en medio de la calle el condenado. Tras lo que todos fueron a por él. Debido a los golpes, el jurista sufrió varias fracturas en la cara, entre ellas, en la nariz y los ojos.  

Está compleja situación laboral, no obstante, no es única preocupación de los letrados. Ahora, además, se enfrentan a otro problema: no cobrar nada por trabajar.  Y es que la ministra de Justicia, en funciones, Dolores Delgado, ha decretado que no asumirá los costes del turno de oficio sin previo requerimiento judicial. "El turno de oficio ahora es obligatorio; esto es una vocación, pero lo que no vamos a hacer es trabajar gratis, menos aún cuando tenemos que hacer frente a situaciones de acoso, agresiones y amenazas", señala el abogado José Manuel Mayllo. 

La medida que ha aplicado la titular de Justicia solo afecta a aquellos letrados que trabajan en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional. Ya que en los tribunales autonómicos las competencias están transferidas. 

Aún así, los abogados de oficio le han declarado la guerra a la ministra socialista y el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) llevará ante los tribunales la decisión de Dolores Delgado. La Junta de Gobierno de los letrados madrileños ha hecho público un comunicado en el que advierte que tomará todas las medidas necesarias para que el organismo retire la resolución por la que no atenderá los costes de la Justicia gratuita que no hayan sido administrativamente reconocidos, esto es, que el cliente tenga derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Mientras tanto, los abogados de oficio en Madrid han organizado una concentración el próximo viernes frente a las puertas del Ministerio. "Esto solo acaba de empezar, vamos a ir a por todas", concluyen los letrados.