Cristina Martín-Tesorero Contento, a sus 38 años, fue asesinada por su marido en febrero de 2017. Rafael García le asestó tres cuchilladas en la localidad toledana de Mora –siendo la séptima víctima por violencia de género de aquel año–. Esta semana, arranca el juicio sobre el caso –que durará hasta el próximo 11 de abril–, en el que se pide prisión permanente revisable para el presunto autor del asesinato.  

Han pasado más de dos años del suceso, pero en el pueblo de Mora todavía la recuerdan. No la han olvidado y no quieren hacerlo. Su historia consternó a la localidad de apenas 10.000 habitantes. Cristina, a pesar de sus enfermedades –incontables, según la familia– y de su sufrimiento, siempre mantuvo su sonrisa. Nunca decayó. Llevaba, a sus 38 años, más de 20 luchando por las consecuencias de la primera operación a la que se sometió después de que le detectaran el síndrome de Ménière. Descubrió la crudeza de la vida cuando era una adolescente y, además, tenía hipersensibilidad en el lado izquierdo.  

Su ánimo, después de aquello, se podría haber venido abajo. Pero, contrariamente a lo esperado, ella nunca se dio por vencida. De hecho, quiso encontrar el amor y lo buscó en Internet. Conoció a Rafael a través de la red. Charlaron, se cayeron bien y se conocieron. Empezaron a salir y él, finalmente, se trasladó a Mora para vivir junto a ella. Allí, fue bien acogido. De hecho, empezó a trabajar en la empresa familiar, transportando cerveza. 

Pero los dos últimos años antes de matar a Cristina se había quedado en el paro. Sufría de depresiones y no salía prácticamente de casa. Nadie imaginaba, eso sí, que fuera violento o que aquello fuese a desencadenar en la muerte de su esposa, con la que había tenido un hijo por vientre de alquiler en Estados Unidos –tenía cuatro años cuando asesinaron a su madre–. 

Cristina, asesinada por su marido.

Pero ocurrió. A las 18:00 horas de aquel fatídico 5 de febrero de 2017, Cristina fue al baño situado en la habitación donde estaba su marido, el único al que podía acudir dadas sus dificultades para moverse –tenía reconocida una minusvalía del 85% por parte de la Consejería de Bienestar Social–. Allí, él la empezó a insultar. Se sintió molesto porque se encontrara allí. Entonces, Rafael acudió a la cocina a por un cuchillo y fue a por ella. Le asestó tres y la mató de forma inmediata. Poco pudieron hacer los servicios sanitarios para reanimarla. 

Cristina dejó a su hija, de cuatro años entonces, huérfana. Su madre dejó de estar en las obras de teatro del colegio. Y dejó, también, de leerle cuentos por la noche, el momento en que compartían juntas. Todo aquello se esfumó para su pequeña. Porque su padre, por el que a veces le han preguntado en el colegio, está interno en la cárcel a la espera de escuchar el veredicto final, su condena. 

El fiscal pide para él la pena de prisión permanente revisable y la inhabilitación de la patria potestad de su hija, además de una indemnización de 150.000 euros para cada uno de los progenitores de la víctima (200.000 euros para su hija y 90.000 para la hermana de la fallecida). 

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