Sentencia histórica con las hipotecas: el banco devolverá a Gabriel los impuestos que pagó hace 11 años

Las formas educadas que muestra al teléfono no pueden ocultar la satisfacción de Gabriel Clemente. “Mucha gente no reclama y no sigue adelante porque se cansa, pero no es mi caso”, dice comentando su victoria en los tribunales ante Unicaja Banco. Una juez especializada de Málaga ha ordenado a la entidad que le devuelva algo más de 3.232,34 euros de los gastos de su hipoteca, parte de ellos correspondientes al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD). La suya fue una sentencia histórica, decidida poco después del fallo del Tribunal Supremo del pasado 16 de octubre que establecía jurisprudencia en ese sentido. 

Clemente, natural de Tarragona y residente en Torremolinos, es vigilante de seguridad y escolta privado de Prosegur. Además, lleva a sus espaldas una larga experiencia como sindicalista. A sus 39 años, casado y sin hijos, le cuenta a EL ESPAÑOL que es el primero cuyos abogados, del conocido despacho Arriaga Asociados, lograron una sentencia favorable después de que el Supremo marcara jurisprudencia el mes pasado. La juez de la capital malagueña no esperó a ver qué decide este lunes, 5 de noviembre, el pleno de la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El día 19 ya hizo público su fallo. La noticia le llegó nada más volver de unas vacaciones en Londres.

La sentencia declaró nula tanto una cláusula relativa al vencimiento hipotecario como la “relativa a la imposición de los gastos y tributos a cargo del prestatario hipotecante”. Considera que esta última, que es la que obligaba a Clemente a pagar el IAJD es una “Condición General de la Contratación de carácter abusivo y contraria a la normativa”. Gracias a ello, el reclamante logró un fallo que reconoce su derecho a recuperar la mayor parte de los algo más de 3.580 euros que reclamaba a Unicaja. No ha visto, sin embargo, todavía el dinero. La entidad tiene 20 días para decidir si recurre la sentencia.

El tarraconense de nacimiento y malagueño de adopción espera que Unicaja renuncie a recurrir. “Sería absurdo, lo tienen perdido, aunque con los bancos nunca se sabe”, dice a EL ESPAÑOL. Su lucha ante los tribunales ha sido relativamente rápida. Acudió a Arriaga Asociados, tras ver un anuncio, a mediados de julio de 2017. Un año y tres meses después, ya tenía una sentencia favorable. 

Gabriel, a la derecha, junto su abogado en Arriaga.

Sin embargo, su hipoteca era mucho más antigua, tiene 11 años. La firmó, por 150.000 euros y a 30 años, el 18 de julio de 2007. Hasta alcanzar el pago de 20.000 euros y la entrega de la llave en mano, desembolsaba 900 euros mensuales. En la actualidad hace frente a una letra de 591 euros cada mes. 

Un ejemplo para familiares y conocidos

Clemente dice que sacó fuerzas para seguir adelante en su reclamación debido a que, por su actividad en el Sindicato de Trabajadores de Seguridad de Andalucía, “estoy acostumbrado a luchar por mis derechos”. Añade que “hay muchas personas que quieren seguir los pasos que yo he dado”, y les anima a hacerlo. De hecho, considera que al contar su caso puede servir de ejemplo a otras personas.

El vigilante Gabriel con una sentencia histórica.

Por el momento ya lo es para varias personas de su entorno más directo. “Mi hermana y mi hermano también quieren acudir a reclamar”, cuenta. No son los únicos. Incluyendo a familiares de sus cuñados, son “entre seis y ocho” los que van a dirigirse a abogados para exigir la devolución del IAJD. “Pero son más personas, mi hermano ha contado mi caso en grupos de WhatsApp, y ahí también hay muchos que han mostrado su interés”.

Es una pequeña muestra de la nueva oleada de reclamaciones que se puede producir a partir de ahora. Desde Arriaga Asociados estiman que la nueva situación surgida a partir de la sentencia del Supremo puede provocar un aumento de las reclamaciones de devolución del IAJD de entre un 30% y un 40%. El conocido despacho estima que puede recibir entre 15.000 y 45.000 nuevos clientes en los próximos meses. Esta cifra se sumaría a los más de 150.000 que tiene en la actualidad.

Riesgo de saturación judicial

Al aumentar la cantidad de reclamaciones no sólo crece el número de clientes de despachos que llevan asuntos relacionados con las hipotecas, sino que también se incrementa la carga de trabajo de los juzgados especializados, y con ella el riesgo de colapso de estos tribunales.

Escaparate de un banco sobre hipotecas.

El director de Arriaga Asociados, Jesús María Ruiz de Arriaga, reconoce, en conversación con este periódico, que “con la sentencia del Supremo, como no se haga algo, va a estallar el sistema. Ya funciona mal, por falta de medios, por lo que ahora sólo puede ir a peor”. La crítica del abogado es la cantidad de jueces y funcionarios que trabajan en esta materia. Sobre los togados, su opinión es positiva: “Los jueces son muy buenos, grandes expertos”.

Ruiz de Arriaga cree que es "buena idea" que haya más jueces trabajando en estos casos. Critica que cada capital de provincia cuente tan sólo con un juzgado especializado, con independencia de su tamaño. “No tiene sentido que Madrid y Segovia cuenten con los mismos medios, cuando tienen unas diferencias de población tan grande”.

El experto considera que esto beneficia a los bancos, que tienen un incentivo para judicializar cada reclamación debido a que así se alargan los plazos. En su opinión, “todos los demás salimos perdiendo”. 

Las alertas sobre la situación de los 54 juzgados especializados, creados por el gobierno de Mariano Rajoy en mayo de 2017 para hacer frente a las reclamaciones por las cláusulas suelo, no son nuevas. Desde que se estableció el sistema, sufrió de saturación. En junio de este año, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hizo públicas las cifras de su primer año de funcionamiento. Entre abril de 2017 y marzo de 2018 llegaron 208.651 casos, de los que se resolvieron apenas 29.849. Eso supone que cada día hábil entraron en los juzgados 915 casos y se resolvieron 128.

El nuevo aumento de reclamaciones va a estar muy influido por lo que decida este lunes el Pleno de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Uno de los puntos clave es la retroactividad que se aplicará a la nulidad de la cláusula que impone al cliente el pago del IAJD. El sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, calcula que 1,5 millones de personas podrían reclamar la devolución del impuesto, por un total de 3.631 millones de euros. Esa cifra corresponde a los últimos cuatro ejercicios fiscales, que son los que todavía pueden rectificar las autoridades.

Banco Popular.

Sin embargo, la cantidad de reclamaciones puede ser muy distinta si se establece una retroactividad diferente. En el caso de Gabriel Clemente, por ejemplo, la juez la retrasó aún más en el tiempo, hasta hace 11 años. Si se aplicara ese criterio de forma generalizada, la cifra resultante podría llegar a ser muy superior.

Los bancos piden que no se aplique retroactividad

Desde las entidades financieras se defiende que no se aplique retroactividad alguna para salvaguardar la seguridad jurídica. La Asociación Española de Banca (AEB) emitió una nota en la que afirma: “Los bancos han actuado en todo momento de acuerdo a la ley, a la normativa fiscal vigente desde hace más de 23 años, en concreto de acuerdo al Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado en 1995. Este reglamento, así como numerosas sentencias del Tribunal Supremo (las últimas de noviembre de 2017 de la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo y de marzo de 2018 de la Sala Primera, de lo Civil), establecen que es el prestatario, es decir el cliente, el que debe pagar el impuesto de AJD en la constitución de un préstamo hipotecario”.

La AEB añade que “si una sentencia nueva anula una norma vigente hasta la fecha, la ley establece que su aplicación será desde el día en que sea publicado el fallo, es decir, que no debe tener efecto retroactivo. En esto consiste el principio de seguridad jurídica y en eso se fundamenta nuestro estado de derecho, que es una garantía para todos, no sólo para las empresas sino para el conjunto de los ciudadanos”.