*[Las identidades de los enfermos o fallecidos que aparecen en este reportaje no son reales. Por respeto a su deseo de anonimato, usaremos pseudónimos para referirnos a ellos]

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Mientras Ramón trabajaba en la fábrica, María se encargaba de las labores de la casa y de cuidar de los niños. La mujer hacía la comida, limpiaba, lavaba la ropa... Con el sueldo de él salía adelante toda la familia.

Cada día, Ramón acudía a la factoría que la empresa Uralita S.A. tenía en Cerdanyola del Vallés (Barcelona). El hombre nunca imaginó que el polvo que llevaba a casa adherido a su ropa después de cada jornada de trabajo acabaría enfermándole a él y matando a su mujer.

Ramón, ya retirado, trabajó en aquella fábrica durante 30 años en contacto con amianto, un mineral cancerígeno con el que producía fibrocemento para techar estructuras. Aunque su empresa estaba obligada a lavarle la indumentaria de trabajo y ofrecerle dos taquillas para que las fibras de amianto no entrasen en contacto con su ropa de calle y la contaminase, María siempre le limpió el mono a su marido.

Hasta que ambos enfermaron. Él, de una fibrosis pulmonar. Ella, de un cáncer en los pulmones que hace dos años le quitó la vida. Desde 2008, Ramón recibe una pensión por una incapacidad permanente absoluta derivada de dicha enfermedad profesional. María murió en 2016 víctima de un mesotelioma pleural provocado por la exposición a las fibras de amianto que impregnaban la ropa de trabajo de su marido.

Ahora, en una sentencia con fecha de 25 de junio de 2018 pero notificada a las partes a principios de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a Uralita S.A. a pagar 112.000 euros a Ramón en concepto de daños y perjuicios por el fallecimiento de su mujer.

Según considera probado el TSJC, al que había recurrido la empresa tras perder en una instancia judicial inferior, la inhalación de las fibras de amianto se producía mientras María lavaba la ropa contaminada de su marido.

Fachada de la antigua fábrica de Uralita S.A. en Cerdenyola del Vallés (Barcelona). EFE

Durante años, Uralita S.A. incumplió la normativa laboral en materia de prevención de riesgos y protección de la salud en relación a la exposición al amianto, un mineral que en España dejó de usarse en el año 2002. Dos años antes, la UE exigió que se retirara del mercado de forma paulatina.

Su peligrosidad se conoce desde los años 40 del siglo pasado. En 1977, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo declaró cancerígeno. Pese a todo, el amianto aún se emplea en muchos países del mundo, como India, Tailandia China o Vietnam.

Un enfermo cada semana

Tanto la Inspección de Trabajo como la autoridad laboral requirieron en reiteradas ocasiones cambios a Uralita S.A.. Lo hicieron en 1974, 1977, 1986, 1990 y 1993. Le exigían medidas correctoras frente a cuestiones como la ausencia de aparatos de extracción localizada o sistemas de ventilación eficientes en sus instalaciones. Entre las infracciones detectadas también se incluía el incumplimiento de la obligación de hacerse cargo de la limpieza de la ropa de trabajo.

Uralita S.A. tenía varias fábricas en España. Además de la Cerdanyola, levantó otra en Getafe (Madrid). Pero su sede en la localidad barcelonesa era la mayor de todas las factorías que trabajaban con amianto en el país. La compañía decidió echarle el cierre en 1997, tras 90 años de actividad.

Sin embargo, las consecuencias en forma de enfermedades siguen todavía hoy presentes. Los médicos de Cerdanyola y los pueblos de alrededor detectan más de medio centenar de enfermos por exposición al amianto al año. O lo que es lo mismo: un enfermo por semana.

La ciudad, según los datos que maneja el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar, es el municipio de España con mayor prevalencia de cáncer de pleura a causa de este carcinógeno. Y los afectados no son los propios empleados. También vecinos y familiares.

El largo periodo de latencia del amianto -los síntomas tardan entre 20 y 40 años en manifestarse- ha retrasado hasta ahora las consecuencias de su exposición. La UE calcula que de aquí a 2030 500.000 personas morirán en Europa de cáncer por la exposición a dicho mineral. El Col·lectiu Ronda sostiene que en 2023, en Cerdanyola y sus alrededores se vivirá “el mayor pico de fallecimientos” a consecuencias de las enfermedades que ha generado.

Desde 2002, en España está prohibido el uso de amianto, que solía usarse para techados. En la imagen, dos operarios retirando un tejado de uralita. EFE

Indemnizaciones para familiares y vecinos

Sin ir más lejos, en diciembre de 2017 la Audiencia Provincial de Madrid dictó una sentencia pionera que obligaba a Uralita S.A. a indemnizar con poco más de 2 millones de euros a un total de 39 afectados, entre los que se incluían tanto familiares de trabajadores de la empresa que inhalaron el amianto cuando lavaban la ropa que éstos traían a casa como vecinos que no tuvieron relación laboral alguna con la fábrica.

Dicha sentencia corregía una anterior de un juzgado de primera instancia de Madrid, que fijaba indemnizaciones solo para los familiares de empleados de la compañía. La Audiencia Provincial establecía por primera vez que los vecinos que estuvieron expuestos al amianto de la fábrica que Uralita tenía en Cerdanyola del Vallès también debían ser indemnizados como víctimas ambientales de la empresa.

La demanda fue presentada por afectados o herederos de vecinos de la zona que sufrieron mesoteliomas, un tipo de cáncer de pulmón, asbestosis o placas pleurales. En su sentencia, el tribunal reconocía que un informe de 1977 ya hizo constar que en las calles de Ripollet se encontraban "fibras y residuos de cemento y amianto" debido a que el polvo del proceso de molido de la fábrica se evacuaba al exterior, "sin filtros ni dispositivos de retención y recogida".

"Absoluto desprecio a la salud"

Miguel Arenas, el abogado que interpuso la demanda en nombre de Ramón, el extrabajador de Uralita S.A. que enviudó, se felicita por una resolución judicial que “reitera la evidencia de la responsabilidad de la empresa por las muertes y enfermedades causadas por el amianto y propiciadas por el absoluto desprecio que exhibió durante décadas respecto a la salud de sus trabajadores, sus familias e, incluso, el conjunto de la vecindad de las ciudades que acogieron sus fábricas".

El letrado, miembro de Col·lectiu Ronda, una cooperativa de abogados que ha aglutinado la mayoría de demandas de los enfermos y sus familias, subraya que “Uralita sabía que trabajar en sus instalaciones en aquellas condiciones no era ganarse la vida sino jugársela diariamente”.

En otra sentencia con fecha de 5 de septiembre de 2018 y a la que también ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Madrid ha vuelto a condenar a Uralita S.A. a abonar 1,7 millones de euros a un grupo de 14 vecinos de Cerdanyola y Ripollet en concepto de indemnización por las enfermedades relacionadas con la exposición al amianto.

En dicho fallo se reconoce que las fibras de amianto estaban en el ambiente y se quedaban, incluso, sobre el asfalto hasta en un radio de dos kilómetros alrededor de la fábrica. Aquella fue la ‘zona cero’ de los contaminados por el mineral. Hoy sigue muriendo gente por su culpa.

Este jueves, representantes del Col·lectiu Ronda se desplazan hasta Getafe, donde Uralita tuvo otra fábrica, para impartir una charla informativa a posibles enfermos. También participarán miembros de la Asociación Catalana de Víctimas Afectadas por el Amianto (AVAAC) y personal médico del Hospital Universitario de la ciudad madrileña.

Antiguas instalaciones de Uralita S.A. en Getafe (Madrid). EFE