Pepe Barahona Fernando Ruso

Era un piso de setenta metros cuadrados en la zona más alta de Fuengirola, en la Costa de Sol (Málaga). Dos dormitorios, salón, cocina, cuarto de baño y una terraza desde la que se veía una piscina. Primeras calidades. “En Cortijo de Torreblanca se respirará un ambiente de serenidad, acompañado siempre del mar, golf y montaña”, rezaba el dossier de venta del año 2006 por el que los compradores llegaban desde varios puntos de Europa.

Hoy, Ángela, una inglesa de 75 años apasionada por España, pasea por lo que debía ser el césped de la urbanización, pero donde solo hay un secarral con matorrales que llegan hasta la cintura. No cabe más serenidad. El mar está, sí, pero lejos. A su espalda sigue la que fue su casa por contrato, una imponente mole de hormigón, un esqueleto tomado por los grafiteros. Ángela ya no llora, aunque no para de dar noes de incredulidad con la cabeza.

La ciudadana británica Ángela Jhon muestra el dossier que le entregaron al dar la entrada de un apartamento en la promoción Cortijo de Torreblanca. Foto Fernando Ruso

Detrás de su drama, como del de otras 6.000 familias, está Jesús Ruiz Casado, presidente de Aifos, la promotora inmobiliaria que los dejó en la estacada tras engordar una deuda de 850 millones de euros. “No podía ni verlo en televisión, es un hombre despreciable, horrible, un tramposo, un mentiroso y codicioso”, lo describe la británica, que desea que acabe con sus huesos en prisión.

"Me entra repelús, se me pone el cuerpo malo", dice Francisco Javier, bombero, otro de los miles de afectados por Ruiz Casado, que llegó a compartir banquillo con Isabel Pantoja y su ex, Julián Muñoz, y es uno de los mayores morosos de Hacienda.

Ocho mudanzas en 15 años

Ángela se ha mudado ocho veces en los últimos 15 años. Dos de ellos los pasó en una casa a pie de obra. Cuando llegó, la septuagenaria quedó prendada de un burrito que le recordaba a los prados en los que se crió. A la británica, nacida en Pulford —un pequeño pueblo de apenas 200 vecinos cercano a Chester donde solo hay una iglesia, un pub, una sala de fiestas y una pequeña tienda de comestibles—, no le gusta el trajín del centro de Fuengirola, por eso optó por una zona residencial retirada “en la que leer mucho y tener silencio”.

Algo similar al entorno rural al que estaba habituada. Una zona que, por el clima, era muy recomendable para sus problemas de salud. Sus médicos le recomendaron una vida sin estrés. “Aquí tenía acceso a comida barata y de calidad, fruta, verdura, pescado… era un sitio idílico del que me enamoré”, narra Ángela John, licenciada en Derecho de Protección al Consumidor en el Reino Unido.

Pero el sueño que estaba fraguándose se topó de bruces con Aifos, la promotora que debía hacer que el secarral que Ángela visitaba con frecuencia adoptase la apariencia de las recreaciones del folleto con el que la convencieron de que comprara. La septuagenaria británica no fue la única. Unas 6.000 familias se embarcaron en hipotecas, préstamos y dineros dados a cuenta, pero nunca llegaron a recibir las llaves.

“Pensé que esto no me podía pasar, que estaba bien formada para evitar este tipo de cosas —detalla Ángela—; mi contrato incluía menciones a los derechos del comprador y la protección de los depósitos y la empresa parecía sólida, con oficinas en Alemania y Reino Unido”.

Carlos Cómitre, un abogado especializado en la reclamación de compras de vivienda frustradas, lo define como “la tormenta perfecta”. A la “voracidad de los bancos” se le sumó “la avaricia de los promotores y los intereses de los políticos”. Todos perseguían un fin común: “Desarrollar suelo para enriquecerse de la forma más rápida posible”, desvela el letrado del despacho Ley 57.

Era el año 2009. A finales de julio, Aifos entraba en concurso de acreedores con un pasivo de mil millones de euros y su máximo responsable, Jesús Ruiz Casado, ya había pisado la cárcel durante la investigación de un delito de cohecho por el que fue condenado dentro del 'caso Malaya'.

Carlos Cómitre, abogado del despacho Ley 57. Fernando Ruso

Tanto él como su mano derecha, el director general de Aifos, Jenaro Briales, pasaron diez días en prisión por orden del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella. Los dos salieron tras abonar 500.000 y 200.000 euros de fianza, respetivamente.

En un escueto comunicado, según recogía el diario El Mundo en su edición de Andalucía, la promotora inmobiliaria aseguraba que el objetivo de entrar en concurso de acreedores voluntario era garantizar la construcción de las 3.000 viviendas suscritas por sus clientes y entregarlas en el menor tiempo posible.

Pero Ángela no recuperó su vivienda. “No sé cómo no intervino el Gobierno por lo dañino que llegó a ser este caso para la imagen de España en el extranjero. Hay gente que se lo pensó dos veces antes de invertir en este país”, advierte Ángela. “Debería ir a la cárcel y por mucho tiempo”, zanja. El paso de Ruiz Casado por prisión se limita a diez días y en preventiva.

“Ni Aifos ni la banca lo hicieron bien"

“Se pudo haber entregado las viviendas, pero Jesús Ruiz Casado se dedicó a pelearse con los bancos en vez de ponerse a construir pisos —defiende Cómitre—; demandó a los bancos y llegó a conseguir que estos prefiriesen verlo hundido. Perdió el norte”.

De la deuda de Aifos, 850 millones de euros, el Banco Pastor era uno de sus principales acreedores con unos 200 millones. Tras él estaba el Popular, con cerca de 150. “Debió adelgazar la empresa, vender lo que no iba a terminar y acabar lo que tenía. Se podría haber hecho algo razonable. Ni Aifos ni la banca lo hicieron bien”, resuelve el abogado de Ley 57.

- ¿Cómo definiría a Jesús Ruiz Casado?- cuestiona el reportero.

- Como la avaricia y el crecimiento desmedidos. Aifos ha llegado a vender pisos sobre parcelas que todavía no eran suyas.

- ¿Cuántas viviendas?

- ¡Puf, miles!

Promociones desde Torrox (Málaga) a San Fernando (Cádiz), pasando por Villanueva del Rosario (Málaga), Baeza (Jaén)… o la de Ángela en Cortijo de Torreblanca, “una urbanización de estilo andaluz con apartamentos de dos, tres y cuatro dormitorios” en Fuengirola, “a tan solo diez minutos del aeropuerto” y donde “disfrutar de unas maravillosas vistas al entorno natural que las rodea”. Las ofertaba desde 122.950 euros.

Jesús Ruiz Casado, presidente de Aifos, junto a sus abogados en la junta de acreedores de la empresa de octubre de 2014. EFE

Aifos construía mucho y a precios razonables. Dando facilidades de pago. El reclamo perfecto para dos clientes potenciales que se reparten en similar porcentaje: jóvenes que pretendían iniciar su proyecto de vida y extranjeros que vieron su retiro soñado en la Costa del Sol, cerca del mar, del monte.

La promotora llegó a tener oficina en Londres y en varias ciudades europeas. También era habitual su presencia en ferias inmobiliarias con agresivas campañas de captación de compradores, a los que les ofrecía viajes pagados a la costa malagueña. Regresaban a sus frías ciudades europeas con los contratos ya firmados.

Así se explica que entre los procesos judiciales por incumplimiento de entrega de viviendas estén británicos, irlandeses, alemanes o gente de Estados Unidos, Hong Kong e Irán.

Hipotecado y sin vivienda

En la lista de los afectados está Francisco Javier Carrasco, bombero de profesión que se lanzó a comprar un piso en el año 2006 en la misma urbanización en la que debía vivir Ángela. Tenía 27 años y vio en el piso de Cortijo de Torreblanca su oportunidad para emanciparse. Entregó a cuenta 80.000 euros de los 156.000 totales. “Un precio razonable”, asegura 12 años después.

Francisco Javier y su esposa, Belén, recuerdan las visitas a las obras y cómo sufrieron un proceso degenerativo con el paso de los meses. Las vieron con actividad, paradas, con guarda, abandonadas y totalmente destrozadas. “Era fantasmagórico”, apunta ella. “Le dije a mi marido que no volverían más —sostiene Belén—; le dije que no quería ese piso, no quería ir y llorar más”. En 2008, dos años después de firmar el contrato, fueron conscientes de que nunca vivirían allí.

Belén relata casos de suicidio, de familias rotas por la presión de años ahogados por las deudas. “Esto es una losa muy grande”, asegura a EL ESPAÑOL. “Ella quizás lo haya pasado peor que yo”, explica Francisco Javier, de 39 años. “También mis padres, porque avalé el préstamo con su casa. Pero me quedo con lo bueno, nos queremos mucho y la vida nos ha dado dos hijos”.

Al bombero todavía le quedan por pagar 3.000 euros por el préstamo de una vivienda que nunca llegó a recibir. Lleva pagando 12 años. “Fue un chasco”, sostiene Francisco Javier.



- ¿Cómo se encaja ese chasco?

- Pues muy mal, porque yo saqué un préstamo hipotecario, como no tenía escritura, avalándolo con la casa de mis padres.

- ¿Le afectó personalmente?

- Sí, uno se ponía una coraza y no lo exteriorizaba, pero lo pasé muy mal. Bastante mal. Traté de tomármelo de la mejor forma posible, pero fue algo que me limitó muchísimo a la hora de comprarme otra vivienda. No podía meterme en una hipoteca cuando ya estaba pagando otra, y sin tener casa. No podía condenarme a malvivir. Menos mal que tuve la suerte de que en ese tiempo pude vivir con mi pareja.



- ¿Ahorraba algo?

- Lo intentaba. Pero no como para comprarme otra vivienda. Hemos ido tirando.

Francisco Javier, Belén y sus dos hijos, Hugo y Carla, de siete y tres años, se preparan para ir de camping. Las de 2018 serán sus primeras vacaciones sin la sombra de Aifos planeando sobre sus cabezas. Después de años de litigios con la promotora, de perder la esperanza en recuperar los 80.000 euros, el matrimonio decidió poner su caso en manos de Ley 57. “Ellos nos dijeron que debíamos ir contra el banco y no contra la inmobiliaria. Ellos nos enseñaron la luz al final del túnel”, asegura ella.

Francisco Javier Carrasco, bombero de profesión, llegó a entregar a Aifos 80.000 euros como entrada. Nunca recibió la casa. Ahora su banco ha sido obligado a devolverle el dinero. Fernando Ruso

Ganaron el juicio en primera instancia y también en la Audiencia Provincial de Málaga. El pasado mes de abril, el abogado los llamó para comunicarles que se había agotado el plazo para recurrir al Supremo. Habían ganado. Les tenían que devolver lo pagado y los intereses de demora.

“Viviendo a costa de desgraciados como nosotros”

Belén llora cuando recuerda la llamada. “Lo celebramos en familia”, dice. Con ese dinero han podido comprar su actual casa. Una vivienda de 270 metros cuadrados situado en una zona alta y tranquila de Coín (Málaga). También tienen piscina. “Me lo he tomado como que he estado ahorrando un dinero para la casa de mi vida”, se resigna el bombero. “Lo hemos pasado muy mal, pero ya pasó”.



- ¿Qué se le pasa por la cabeza cuando escucha la palabra Aifos?

- Me entra repelús, se me pone el cuerpo malo. Siento impotencia, porque ese hombre está por ahí, viviendo a costa de desgraciados como nosotros.

- ¿Se refiere a Jesús Ruiz Casado?

- Sí, me pongo malo, pero ya toca pasar página. Sólo pido que se haga justicia con él porque hay muchas familias que lo han pasado muy mal. Y que lo siguen pasando mal.

Jesús Ruiz Casado tiene una retahíla de imputaciones y condenas en las hemerotecas de los diarios. También de absoluciones. El presidente de Aifos llegó a compartir banquillo con Isabel Pantoja, Julián Muñoz o Juan Antonio Roca en el 'caso Malaya' a cuenta del apartamento que la cantante adquirió por un precio mucho menor que el de mercado en el hotel Guadalpín Marbella, el buque insignia de Aifos. Lo que la promotora argumentó como una acción de marketing fue percibido en los juzgados como fraude y cohecho. El Tribunal Supremo ratificó la condena, pero la redujo de tres años y dos millones de euros a solo un año y diez meses de prisión.

El Supremo también ha ratificado la condena impuesta por la Audiencia de Málaga por no devolver el dinero adelantado a unos clientes a los que nunca entregó sus viviendas. El Alto Tribunal le redujo la condena de dos años y ocho meses a un año de prisión.

A la lista de asuntos pendientes hay que sumar un delito de alzamiento de bienes por presuntamente vender a otra empresa de su propiedad un total de 138 parcelas libres de cargas por un precio superior a los 17 millones de euros.

El nombre de Jesús Ruiz Casado también aparece en la lista anual de los mayores incumplidores con el fisco. El dueño de Aifos ocupa el quinto puesto al deber a Hacienda 10,5 millones de euros; en el sexto está Teresa Maldonado Taillefer, su esposa, que adeuda al fisco otros 10,5 millones de euros. Además, Aufos Arquitectura y Promociones Inmobiliarias SA debe a la Agencia Tributaria 98,6 millones de euros.

Julio Iglesias o Mariah Carey como reclamos

Aifos tiene el dudoso honor de protagonizar el mayor concurso de acreedores de Andalucía. En el resto del territorio le gana Martinsa Fadesa, con 7.000 euros de deuda. La promotora de la Costa del Sol llegó a tener más de 2.500 empleados y 17.000 viviendas en venta. En sus publicidades aparecían desde Julio Iglesias a Mariah Carey.

“Calculamos 5.500 personas afectadas”, sostiene el abogado Carlos Cómitre. “De ese número, el 95% son familias, compradores de viviendas. El porcentaje restante son proveedores”, añade.

Estado actual de la urbanización de Fuengirola (Málaga) en la que debía vivir Ángela. Las viviendas, sin acabar, son presa de los grafitis y la maleza. Fernando Ruso

De los siete abogados que trabajan en el despacho de Cómitre, cinco están dedicados en exclusiva a Aifos. En torno al 90 por ciento de la facturación del bufete está vinculada a la promotora de Jesús Ruiz Casado. Desde 2002 lleva presentados en los juzgados unos quinientos procedimientos contra la inmobiliaria.

- ¿Y si le preguntamos a Jesús Ruiz Casados por su bufete?- cuestiona el periodista.

- Me conoce, y no creo que me tenga en alta estima.

- ¿Se puede decir que son la piedra en el zapato de Aifos?

- Sí, sí.



“Aunque prefiero decir que somos la esperanza de los compradores”, completa su socio, el abogado Francisco Picón.



Desde finales de 2015 lleva ganadas unas 200 reclamaciones por compras frustradas a Aifos. A una media de 50.000 euros, el monto se eleva a los 10 millones de euros. Su estrategia es ir contra los bancos en base a la Ley 57/1968, que es la que le da nombre al despacho y en la que están especializados.

“Nadie ha aprendido nada"

En 2015, el Tribunal Supremo abrió una vía para los compradores que no recibieron sus viviendas, “la de la responsabilidad de las entidades bancarias por dos conceptos: o bien han hecho avales insuficientes o porque no los habían hecho pero habían recibido cantidades a cuenta de los clientes”, explica Cómitre.

“Esa ley tiene un apartadito que dice que las entidades bancarias deberían haber abierto cuentas individuales para cada una de las promociones y dejar el dinero indisponible para cuestiones que solo tuvieran que ver con la construcción. En el caso de Aifos había una mezcla absoluta, se usaba el dinero de una promoción para pagar otra o para pagar al presidente. Daba igual”, argumente el letrado.

- ¿Qué cree que pensará Ruiz Casado?

- Él echará la culpa a los bancos. A los políticos. Pero nunca reconocerá culpa alguna. De hecho, él actúa ahora como testigo a favor de los compradores para demostrar que las cantidades de los compradores estaban garantizadas. Aunque su testimonio no tiene ninguna credibilidad, porque todos los juzgados de Málaga lo conocen. Porque ha pasado por todos.

En los próximos días Ley 57 difundirá su último estudio, en el que valorará el estado actual de las compra-ventas sobre plano en la Costa del Sol. De sus visitas a más de sesenta obras, los abogados han detectado que solo una de ellas cumple, y parcialmente, la legislación sobre los avales que se exige a los promotores.

- ¿No aprendemos?

- Nadie ha aprendido nada. Los bancos y las promotoras siguen haciendo las cosas mal y los compradores siguen sin exigir sus derechos porque no los conocen. De aquí a algunos años estaremos igual.