Así vive Juanico 'El Canuto', el patriarca polígamo que somete a su prole de 36 hijos y 3 mujeres con una vara de almendro

La miseria, la ignorancia y el abuso de la tremenda España negra persisten en una casa-cueva del barrio de Montual, horadada en la ladera de la cárcava que domina el pueblo de Marchal, en Granada. Aquí en la zona alta del barranco, en una posición tan marginal como estratégica para controlar el territorio, Juan Manuel Heredia Heredia, más conocido como Juan o ‘Juanico El Canuto’, de 61 años, gitano, ha fundado y controlado a su prole: 36 hijos y tres madres, que viven juntas a las órdenes del jefe del clan. De los 36 hijos, dos murieron. Este patriarca polígamo se dio a conocer cuando en 2008 apareció en televisión contando sin empacho que a su mujer más joven se la llevó a la cueva cuando ella tenía 12 años y que él no había trabajado jamás.

Diez años después ha vuelto a las noticias al conocerse que este martes los servicios sociales de la Junta de Andalucía, apoyados por un despliegue de 40 guardias civiles armados que bloquearon todas las salidas del pueblo, le ha retirado la tutela de 13 hijos menores de edad de entre tres y 15 años, al entender que están desatendidos y que su integridad corre peligro si siguen viviendo bajo su mando, a su juicio dictatorial. La cifra de hijos retirados se eleva a 15 porque otras dos hijas adolescentes se fugaron el año pasado de la casa-cueva del patriarca y están también bajo la protección de la administración andaluza. Al menos una denunció que su padre había abusado sexualmente de ella, un caso, como informa Granada Hoy, que instruye el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de la vecina Guadix.

Juan Manuel Heredia se defendió el miércoles diciendo, en declaraciones a la agencia Efe, que la Junta ha cometido un “secuestro”, que le acusan con “calumnias” y que la prueba de que sus hijos no están abandonados es que se encuentran escolarizados con normalidad en el colegio rural de Marchal (de donde la Guardia Civil se llevó el martes a 7) y en la escuela-hogar Divina Infantita de Guadix (de allí se llevaron a otros cuatro mayores que viven allí entre semana). El padre entregó el miércoles sin oponer resistencia a otros dos hijos menores que estaban en la vivienda.

El jueves por la tarde EL ESPAÑOL sube hasta la entrada de su feudo en busca del hombre que podría encarnar la peor cara, el arquetipo más primitivo, del patriarcado machista contra el que gran parte de la sociedad española se ha movilizado en las protestas feministas de este año. El caudillo doméstico que según el informe del Servicio de Protección del Menor que justifica la intervención de las autoridades públicas tiene “sometidos” a sus familiares, y en especial a las hembras, a las que impide actuar con autonomía.

Amenazas, humillaciones y maltrato

Existe “una comunicación unidireccional y autoritaria y una relación de sometimiento y dependencia conductual y emocional de todos los miembros” respecto a Juan Manuel, que ejerce su “control disciplinario” “empleando amenazas, humillaciones y supuesto maltrato físico”. Además, “privilegia, proporciona atenciones y trata con condescendencia a aquellos miembros que se someten a su perversa disciplina, no lo contradicen y lo defienden”. “También hay una clara diferencia en función del sexo, discriminando a las mujeres y niñas”, añade el informe de los servicios sociales del que informaban este viernes Granada Hoy y El País.

En Marchal, un pueblo de larga tradición de arquitectura troglodita, vivir en casas-cuevas fue lo normal hasta que un derrumbe a mediados de los años 70 del siglo pasado obligó a abandonar muchas de ellas por seguridad y a trasladar a parte de los vecinos a casas corrientes de nueva construcción en la zona llana. Las casas-cuevas en uso hoy en Marchal son casi todas magníficas; pero la de Juan el Canuto ofrece un aspecto muy pobre vista desde la entrada: oscura y sin apenas muebles. Varios adultos se aprietan en la habitación de la entrada. Unos hablan y ven la tele, otro dormita en un jergón. Dicen que no quieren hablar y la segunda mujer, María Dolores ‘La Mocha’, madre de 16 de los 36 hijos que ha tenido (que sepa la Junta) el semental del grupo, se asoma y despide al periodista. Las otras dos madres son Piedad, la primera, con la que tuvo 6 hijos, y María Soledad, Marisol para los vecinos, de unos 42 años, a la que según el propio Juan Manuel se llevó a su cueva cuando ella, prima hermana suya, tenía sólo 12 años, y con la que ha tenido 14 vástagos.

Minutos después, varios miembros jóvenes de la familia y el mismo Juan (grueso, con un polo verde, barba canosa) salen al camino fuera para echar al informador, afirmando que ese terreno (un llano donde tienen aparcado un tractor y una decena de coches, entre ellos una furgoneta bastante nueva), es de su propiedad, pese a que el alcalde y el perito municipal les han advertido de que se trata de un terreno público que han ocupado. “Este territorio es nuestro”, alza la voz una joven. En cualquier caso, el jefe familiar ya no quiere hablar ni para defenderse.

Nadie quiere hablar

Los que sí hablan para retratar la trayectoria del controvertido polígamo son los vecinos “castellanos” o “payos” del pueblo, aunque ninguno se atreve a que aparezca su nombre y su rostro en el reportaje, por temor a posibles represalias. Los vecinos gitanos, la inmensa mayoría de los cuales son también Heredia y de los ‘Canuto’, no dicen nada sobre su pariente, pero su silencio es muy significativo: ninguno sale a defenderlo. A nadie, payo o gitano, le apetece enfrentarse abiertamente a un hombre que tiene una veintena de hijos adultos, muchos de ellos asentados con sus respectivas mujeres e hijos (sus nietos) en cuevas aledañas, unas compradas a bajo precio y otras (antiguos pajares o establos en desuso) ocupadas a sus dueños. Pero en el fondo la mayoría se alegra de que las autoridades hayan intervenido drásticamente y explican que la retirada de los menores es justa e incluso se podría haber hecho antes. “El martes fue uno de los días más felices de mi vida”, resume uno de los vecinos que se refugia en el anonimato.

El relato de los veteranos cuenta que su vecino Juanico llegó de niño a Marchal desde Beas de Granada junto a su padre, el ‘Canuto’ viejo, hace medio siglo. La familia se multiplicó y atrajo a otros parientes, hasta sumar en la actualidad, calculan, unos 100 de los 417 vecinos censados del pequeño municipio agrícola granadino, con vistas a la vertiente norte de Sierra Nevada. O sea, que alrededor del 25 por ciento de la población total es de los ‘Canuto’.

Pero los consultados subrayan con insistencia que la rama problemática es la que gobierna Juan Manuel, la que vive en una hilera de casas-cuevas precarias del barrio de Montual. Según las cifras oficiales, en su núcleo vivían, hasta la retirada de los menores, 28 personas: él, las tres madres y 24 hijos, 17 de ellos menores. Los demás ‘Canuto’, o sea unas 70 personas, repartidas por el casco urbano y algunas cuevas, tienen una relación “normal” de convivencia en el pueblo, e incluso muchos de ellos evitan relacionarse con Juan Manuel. Como una pariente suya a cuya hija adolescente quería supuestamente llevarse a vivir con él.

Somete con una vara de almendro

Juan ‘Canuto’, sultán de este triste harén oculto a cinco minutos de la autovía A-92, llevaba a gala como señal de su honradez que nunca había estado entre rejas. Pero una vecina sostiene que “tenía que estar en la cárcel”. Estos días muchos paisanos rememoran los episodios de maltrato de los que han sido testigos, y que “dan para escribir siete libros”. Tienen grabada la imagen de él yendo y viniendo con su bastón de mando y castigo en la mano, “una vara de almendro así de alta y así de gorda”, dice un hombre dibujando en el aire un contundente palo. Con esa vara sometía a sus mujeres e hijos. Un operario municipal le pidió que tuviera cuidado con sus hijos pequeños para que no pisaran el cemento fresco de una reparación junto a su vivienda, y su reacción cuando un chiquillo suyo de cinco años lo pisó fue arrearle con su palo. “¡Qué golpe le dio!”.

Iba con las tres mujeres, ellas cargadas de leña y él dirigiéndolas como una reata de mulas, blandiendo sólo la vara. Afirman que también a ellas les pegaba. Dicen que causó impresión aquella vez en que Piedad, la mayor, volvió del hospital y cuando Juan se enteró de que la habían esterilizado “le dio una paliza tremenda”. Ninguna lo denunció. Al contrario, lo protegían con uñas y dientes, como aquella vez en que Juan Manuel se peleó con un hermano suyo más fuerte que él y las mujeres “le dieron una paliza” al otro. Las mujeres, además, se pegaban a veces entre ellas. No se han olvidado de cuando María ‘La Mocha’, la segunda compañera-procreadora, se fugó y las otras la trajeron de vuelta y le pegaron porque, supuestamente, no querían perder las ayudas económicas que ella tenía a su nombre por sus 16 hijos.

Refieren un crimen que, aunque no es culpa de Juan, ilustra la mentalidad posesiva con las mujeres, incluso niñas, que él aplica. Hace dos décadas, detuvieron y enviaron a prisión a un hermano suyo, Rafael ‘Piyoyo’, vecino de Marchal. Su hijastra se estaba preparando la comunión, a sus 9 o 10 años. La niña reveló en la catequesis: “Mi padrastro se acuesta conmigo”. Le habían oído jactarse en la calle junto a la hija de su pareja diciendo “ésta va a ser para mí”. El cura lo denunció y lo condenaron por violar a la niña continuadamente.

Presuntos abusos sexuales a sus hijas

La Justicia debe dilucidar si Juan cometió también agresión o abusos sexuales con una o varias de sus propias hijas, después de que una de ellas, de 15 años, que se fugó el año pasado y está ahora bajo protección de la Junta, lo denunciara. El caso de esta hija lo han tenido en cuenta los servicios sociales al tomar ahora la decisión de retirar la tutela al resto de menores y llevarlos a centros de protección o con familias de acogida. La Junta ha iniciado el proceso por desamparo por el que el padre y las dos madres de los menores retirados podrían perder su patria potestad. Otro aspecto que han tenido en cuenta los servicios sociales para valorar la retirada de sus hijos es la muerte en 2010 de una hija de 18 meses por “posible maltrato infantil” de carácter “grave”.

Los vecinos recuerdan que no sería un caso aislado, porque a la hija mayor, de unos 42 años, con parálisis cerebral, hace años la tenían “abandonada”, a veces en el suelo en la calle en pleno invierno y de noche, si bien admiten que hoy a la primogénita la llevan en un moderno carro.

Al patriarca los vecinos lo acusan también de haber instigado o al menos permitido que varios de sus hijos, sobre todo varones mayores, cometieran hurtos en los campos y molestaran al vecindario conduciendo a toda velocidad, ensuciando calles, poniendo la música a todo trapo o intimidando a otros que se lo recriminaran, aunque reconocen que en los últimos años la situación ha mejorado por efecto positivo de la educación que iban recibiendo los hijos más pequeños en el colegio local y en el de la vecina Guadix. Admiten también que los incidentes nunca han llegado a extremos de violencia grave y que lo peor fue un encontronazo que se produjo cuando un grupo de habitantes protestó y se enfrentó en la calle a algunos adultos del clan de Juanico, a los que denunciaron.

Le tiraba salchichones a los perros

¿De qué vive la familia? Al patriarca dicen que sólo lo han visto trabajar recogiendo aceitunas cuando era un chaval. Aseguran que todos los meses el grupo ingresa “tres mil euros” en ayudas públicas por los hijos y “ser madres solteras”, dinero que controla el padre, y que además el Ayuntamiento, la iglesia, Cáritas y la Cruz Roja les han ayudado con reparaciones gratuitas de la casa-cueva (como este invierno, tras las lluvias, cuando se deterioró la fachada), la apertura de un camino para que puedan entrar y aparcar los coches, comida, ropa, muebles… “La entrega de comida de la Cruz Roja la cortamos cuando vimos que habían tirado salchichones a los perros”, dice una vecina.

Además, los adultos de la familia trabajan por temporadas como jornaleros en el pueblo manchego de Alcubillas (Ciudad Real), donde han echado también raíces. Y agregan que en Marchal poseen un terreno agrícola que “no cultivan”. Sea de una manera u otra, Juan Heredia ha defendido que sus ingresos son honrados y que sus hijos no pasan hambre. Pero no es del hambre ni de la precariedad material, sino del supuesto yugo autoritario de su vara y su dominio machista del que el Estado quiere librar a sus críos más pequeños.

Sus hijos quitaban el bocadillo en el cole

Hace unos años construyeron un nuevo colegio en Marchal, en buena medida para acoger a los hijos de Juan. Pero al poco tiempo muchos de los otros padres decidieron llevarse a sus hijos de allí y llevarlos en coche a otros centros de Purullena y Guadix porque se quejaban de que algunos de los chiquillos del patriarca polígamo “amenazaban con sacar una navaja” a sus compañeros o “les quitaban el bocadillo”, y el progenitor, la autoridad suprema de la familia, no ponía remedio.

Alegaron entonces y vuelven a hacerlo ahora que no se trató de un caso de racismo, puesto que otros padres gitanos de los ‘Canuto’ (incluida una hermana suya) hicieron lo mismo que los payos y se llevaron también a sus críos a otros colegios para que no trataran con los de Juan Manuel. Un vecino, que lo tilda de “analfabeto fanfarrón” y de ser la causa de que “el pueblo no se renueve” y de que la gente no quiera instalarse en Marchal, aclara que el problema es sólo con él y no con el resto de su familia extensa, puesto que con otros hermanos de Juan como José, el mayor, o el fallecido Torcuato tienen una relación amistosa.

En el recorrido de esta tarde por Marchal, que merece una visita por su impresionante paisaje de cárcavas y casas-cueva tradicionales, alguien destaca la idea de que la (in)cultura del sometimiento que impera, según los testimonios, en el hogar de Juan ‘El Canuto’ viene de largo y entronca históricamente con el servilismo con que los vecinos pobres del municipio trataban durante la dictadura, e incluso después, a los patrones de la finca que les daba de comer con sus jornales, propiedad de Enrique Gallardo. La mansión rosa del antiguo “señorico” destaca frente a las antiguas casas-cuevas de sus jornaleros, muchas de ellas abandonadas y repobladas luego estos últimos años por las familias gitanas con menos recursos. El temor de los vecinos a dar la cara con su nombre frente a los atropellos del clan es consecuencia también de esos tiempos de silencio, opina un jubilado.

Y hay quien critica que a Juan le han “consentido” demasiado a cambio de los votos de los suyos en las elecciones locales. En el Marchal de la democracia ha gobernado casi siempre el PP (o antes con las siglas de AP), salvo un periodo del PSOE en minoría. El actual alcalde, Juan Manuel García, del PP, mantiene también silencio sobre el caso. Una persona que ha tratado al regidor estos días dice que lo han amenazado por la retirada de los menores y que está pasando por un trance muy duro.

Justo cuando se conoce que España registra su nivel más bajo de natalidad, Juan Manuel El Canuto se ha erigido como contraejemplo extremo de la paternidad más prolífica y, a juicio de muchos en Marchal, más irresponsable. Aunque él entiende que no ha hecho nada malo y defiende que ha mantenido “honradamente” a su vasta descendencia. El día después de la operación ‘rescate’ de la Guardia Civil y la Junta, el hombre se lamentaba a Efe de que no le hubieran avisado antes de quitarle la tutela de sus 13 niños y niñas más pequeños. Demasiado tarde. El padre-madre Estado ya se hartado del patriarca y su vara de almendro.

“La Junta nos robó a nuestro hijo y llevamos 10 años buscándolo"

Juan Manuel, el padre de los 36 hijos, no quiere hablar con EL ESPAÑOL. Pero su hermano menor Francisco, de 41 años, y la esposa de éste, Custodia, de 40, sí quieren contar su experiencia terrible con el servicio de protección de menores de la Junta, en un caso muy distinto. Esta pareja de temporeros agrícolas ha aprovechado un descanso en su jornada recogiendo tomates para venir a visitar a Juan Manuel a su casa-cueva en Marchal desde el cercano pueblo donde viven.

Francisco Heredia y Custodia Fernández sacan del coche los papeles de su lucha para recuperar el contacto con su hijo mayor, Francisco Heredia Fernández, que hoy tiene 18 años y al que no ven desde hace diez. Dicen que sus otros dos hijos, Juan Luis, de 14 años, y José, de 10, les preguntan constantemente por el hermano mayor: “¿Cuándo va a venir?”. El primogénito nació con una enfermedad congénita de corazón. Con año y medio, los servicios sociales les retiraron la tutela y se lo llevaron a un centro de acogida y luego con una familia en preadopción. Los técnicos argumentaron que con sus jóvenes padres, trabajadores temporeros, no estaba bien atendido para tratar su dolencia. Se lo llevaron, para ellos “robaron”, cuando ingresaron al niño 15 días en una guardería de las monjas en Loja (Granada) a la espera de que abriera la guardería pública, mientras ellos trabajaban en el campo. Cuando fueron a recogerlo, se lo habían llevado.

Ante el Tribunal de Estrasburgo

De nada les sirvió a los desesperados padres que la Audiencia de Granada estableciera en 2007 que no había habido motivo para la retirada del menor y ordenara su retorno. La Junta recurrió la ejecución de la sentencia por interés del menor, dado el tiempo transcurrido, y se paralizó la entrega. Lo último que saben los padres es que su abogada de oficio (antes se gastaron sus ahorros en pagar abogados particulares) recurrió el 20 de enero de 2012 ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (enseñan el escrito) pidiendo que se aplicara la sentencia de la Audiencia del 23 de noviembre de 2007 que ordenaba su entrega a los padres.

Francisco y Custodia denuncian que la Junta no les dice dónde está su hijo (al que creen que le cambiaron el nombre) y que llevan diez años buscándolo por España. El padre se ha presentado incluso en domicilios donde vive algún varón con los apellidos de su hijo, en un intento desesperado de dar con él. “Llevo 18 años en depresión”, dice el padre enseñando su cajita llena de pastillas antidepresivas. Del expediente de su hermano no quiere hablar, pero dice de su propio caso que es una prueba de que “los servicios sociales también se equivocan”. “Quiero denunciar lo que han hecho con nosotros, por ser gitanos. Nunca nos dijeron lo que teníamos que hacer. Que no le pase a nadie más. Esto no se hace ni con los perros”, clama Francisco.

“La Junta sabe que se equivocó con nosotros pero no rectifica. Si hay malos tratos, el padre tiene que estar en la cárcel”, añade, y expone que en su caso no les podían acusar por falta de recursos o malas condiciones materiales de vida, puesto que él desempeñaba trabajos bien pagados como encargado de fincas, obras y mantenimiento, la madre también trabaja y tenían casa y coche propios y nuevos. La madre lanza un mensaje: “Queremos que nuestro hijo nos vea y que sepa que mientras tengamos vida lo estaremos buscando, que nunca lo hemos abandonado”. Y Francisco remata: “Nos falta él, nos falta en la familia. ¡Que se entere el mundo entero!”.