La ciudad no es una terraza

He leído la nueva ordenanza de terrazas del Ayuntamiento de A Coruña. La he leído entera. Página a página. Sin prisa. Sin prejuicios. Con la esperanza —quizá ingenua— de encontrar un documento equilibrado, sensible, técnicamente sólido y, sobre todo, humano. Porque cuando se regula el espacio público, no se regula el mobiliario. Se regula la vida.

Y lo que he encontrado es otra cosa.

He encontrado una ordenanza que habla mucho de accesibilidad, pero la garantiza poco. Que habla del interés general, pero no lo protege de forma real. Que habla de equilibrio, pero permite un desequilibrio estructural. Y, lo más preocupante, he encontrado una norma que transmite una sensación clara: esto no se ha revisado desde la empatía. Se ha revisado desde la gestión. Desde el expediente. Desde el metro cuadrado. No desde el cuerpo.

Voy a explicarlo.

La ordenanza permite ocupar hasta el 50 % del ancho de una acera. La mitad. Dicho así puede parecer razonable, casi matemático. Pero la ciudad no es una ecuación. Es un sistema dinámico donde cada centímetro importa. Porque el problema no es el porcentaje. El problema es el resultado.

La propia ordenanza establece que debe garantizarse un itinerario libre mínimo de 1,80 metros. Sobre el papel, suena bien. Pero ese mínimo es exactamente eso: el mínimo absoluto que marca la normativa estatal para que una persona en silla de ruedas pueda pasar. No cruzarse. Pasar. No convivir. Pasar. Es la diferencia entre vivir en una ciudad que te integra y vivir en una ciudad que te tolera.

Porque 1,80 metros no es un espacio cómodo. Es un espacio funcional en el mejor de los casos. Y eso si se cumple de forma continua. Pero la ordenanza no garantiza la continuidad real. Permite estrechamientos puntuales, obstáculos, delimitaciones, mamparas, jardineras, tarimas. Elementos que en el plano técnico cumplen, pero en la experiencia real fragmentan el espacio.

La accesibilidad no es una cifra. Es una continuidad.

También permite la instalación de tarimas y plataformas. Y aquí aparece uno de los agujeros más graves. La ordenanza permite elevar el espacio, modificar el plano del suelo, alterar la superficie natural de la calle… sin exigir de forma expresa que esas plataformas sean accesibles mediante rampas reglamentarias. Es decir, permite crear espacios físicamente inaccesibles en pleno dominio público.

Esto no es un detalle técnico. Es una exclusión física.

Pero hay más.

La ordenanza permite la instalación de mamparas, delimitaciones y cerramientos desmontables. La palabra clave es desmontables. Pero desmontable no significa desmontado. En la práctica, esos elementos permanecen instalados de forma permanente, generando lo que se llama privatización funcional del espacio público. No hace falta un muro de hormigón para privatizar una calle. Basta con cambiar su geometría, su legibilidad, su percepción.

Cuando caminas y encuentras delimitaciones constantes, el mensaje es claro: este espacio ya no es completamente tuyo.

Otro problema grave es la ausencia total de estudios obligatorios de impacto real. La ordenanza no exige evaluar cómo afectará una terraza al flujo peatonal real, ni al tránsito de personas con discapacidad visual, ni al movimiento de personas mayores, ni al impacto acumulativo de múltiples terrazas en la misma calle.

Porque este es otro punto crítico: la ordenanza regula cada terraza como si existiera sola. Pero en la vida real no existen solas. Se acumulan. Se suman. Se encadenan. Y lo que empieza como una ocupación puntual termina convirtiéndose en una transformación estructural del espacio público.

No hay límites globales por calle. No hay límites por barrio. No hay límites por zona. Solo hay límites por solicitud individual. Es como regular los coches permitiendo uno tras otro, sin preguntarse cuándo la calle deja de ser una calle y se convierte en un atasco permanente.

La ordenanza también establece que las delimitaciones deben ser detectables por personas ciegas a una altura máxima de 40 centímetros. Pero no exige contraste cromático obligatorio. No exige señalización táctil completa. No exige criterios de diseño universal que garanticen la detección segura en condiciones reales.

Esto significa que, en la práctica, una persona con discapacidad visual puede encontrarse con obstáculos inesperados en un entorno que debería ser seguro y previsible.

La previsibilidad es la base de la autonomía.

Tampoco establece mecanismos de control continuo. No exige auditorías periódicas de accesibilidad. No exige evaluaciones posteriores a la instalación. No exige verificar si lo autorizado sigue siendo accesible en la práctica. Confía en que el cumplimiento inicial será suficiente para siempre.

Pero la ciudad es dinámica. Cambia. Se transforma. Se densifica.

Y el resultado final es una ordenanza que, aunque en apariencia cumple los mínimos legales, no protege los máximos derechos.

Porque ese es el verdadero problema. Esta ordenanza está construida sobre el mínimo. El mínimo ancho. El mínimo requisito. El mínimo control. El mínimo esfuerzo normativo necesario para justificar la ocupación del espacio público.

Pero el espacio público no debería regularse desde el mínimo. Debería regularse desde el máximo respeto.

Porque el espacio público no es un soporte físico. Es un ecosistema humano.

Es el lugar donde una persona ciega confía en que el suelo no cambiará sin avisar. Donde una persona mayor confía en que podrá caminar sin obstáculos inesperados. Donde una persona en silla de ruedas confía en que la ciudad no se estrechará hasta expulsarla.

Una ciudad no se mide por la cantidad de terrazas que tiene. Se mide por la cantidad de personas que pueden moverse libremente en ella.

Y después de leer esta ordenanza, tengo la sensación de que hemos empezado a medir la ciudad de la forma equivocada.