Placa que identifica una vivienda de uso turístico en Galicia.
La Xunta afea a Consumo que crease "alarma infundada" al cifrar los pisos turísticos en Galicia
El director de Turismo acusa al Gobierno estatal de identificar con "errores e imprecisiones" el número de estos alojamientos para señalar que había más de 9.500 ilegales en la comunidad
Más información: Galicia cuenta con más de 9.500 pisos turísticos ilegales según Consumo
El Ministerio de Consumo remitió hace un mes a la Xunta de Galicia un documento que cifra en la comunidad más de 9.500 viviendas turísticas ilegales. Pontevedra es la provincia con más, 4.650 pisos, seguida de A Coruña con 3.538, Lugo con 1.135 y Ourense con 414. El procedimiento para contabilizar estos alojamientos no ha gustado a la Xunta, que acaba de replicar al Gobierno estatal.
En una carta dirigida al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, el director de la Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, le ha trasladado la "falta de rigor jurídico e inoperatividad" del listado que envió el Ministerio hace unas semanas con datos en bruto y "directamente extraídos de una única plataforma de reservas de alojamiento y sin aplicar una depuración o selección".
La Xunta reitera en el escrito la "falta de voluntad real" de colaboración institucional por parte del Gobierno, al que acusa de generar una "alarma social infundada" sobre supuestas ilegalidades en viviendas de uso turístico en Galicia.
En la carta, Merelles resalta la "falta de criterio" realizada por Consumo en la criba, que hace que aparezcan no solo viviendas de uso turístico, sino distintas tipologías de alojamientos calificadas y registradas correctamente en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Galicia (REAT).
"[El documento de Consumo] presenta falta de rigor jurídico e inoperatividad, con un listado [de viviendas turísticas] con datos en bruto y directamente extraídos de una única plataforma de reservas de alojamiento sin aplicar una depuración o selección"
Las "numerosas dificultades de identificación” de las viviendas y "distintos errores e imprecisiones" hacen que el documento del Gobierno central "no sirva para el trabajo diario de la inspección turística gallega", destaca el escrito de la Xunta.
Inspección y control autonómicos
Merelles recuerda que la Xunta, con competencias exclusivas en materia de turismo, "ya vigila y actúa siempre ante las ilegalidades" a través del cuerpo de inspección turística, específicamente sobre las viviendas de uso turístico desde 2017 en que se aprobó el decreto autonómico.
Explica que trabajan en el marco del Plan de Inspección Anual de la Xunta y que actúan "siempre" que detecta una ilegalidad o irregularidad debidamente acreditada y, de ser el caso, inician el expediente sancionador que podría derivar en una sanción tipificada en la Ley de Turismo.
"No escatimamos esfuerzos en la supervisión e inspección", recalca, al tiempo que recuerda que solo el año pasado se realizaron 4.000 actuaciones, siempre preservando "la seguridad y calidad en el ámbito turístico".
El Registro Único, en menos de un mes
El Estado utilizará a partir del próximo 1 de julio un Registro Único de alquiler turístico, una herramienta que duplica competencias en la materia, ya que en Galicia existe el REAT que califica todos los alojamientos y actividades turísticas de la comunidad.
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Con la implantación de este nuevo registro, los propietarios de viviendas de uso turístico de A Coruña, donde se acaba de aprobar de forma definitiva una ordenanza reguladora de estos alojamientos, deberán solicitar un permiso habilitante al Ayuntamiento que a continuación deberán enviar al Estado para que este permita que sus propiedades puedan ser anunciadas en las plataformas de internet que ofertan sus reservas.
Las viviendas de uso turístico de A Coruña, según la norma municipal, solo podrán operar en plantas bajas, primeras plantas sin residentes debajo y edificios ocupados en su totalidad por estos pisos. El resto no podrán tener actividad como tal y el Concello enviará a sus propietarios, como ya está haciendo, requerimientos para que cesen su actividad turística que pueden derivar en órdenes de cierre.
