Imagen de la reunión.
Vecinos de Monte do Mero, en A Coruña, temen quedarse sin casa pese al anuncio de la Xunta
Afectados por las expropiaciones reclaman garantías reales tras reunirse con el Ayuntamiento de A Coruña
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La polémica por el desarrollo del PIA de Monte do Mero sigue creciendo. La Xunta de Galicia anunció este lunes que se reunirá con las personas afectadas por las expropiaciones y que les ofrecerá una vivienda de reemplazo, una medida que afecta a cerca de 200 vecinos de zonas como Chan da Agra, Monte do Mero, O Foxo, Pedralonga y Pedro Fernández, en los barrios de Pedralonga y Eirís.
Sin embargo, desde las asociaciones vecinales advierten de que solo dos personas han recibido hasta ahora notificación oficial, lo que incrementa la incertidumbre entre los residentes, muchos de los cuales temen perder no solo sus viviendas, sino también sus tierras y su modo de vida.
En paralelo a este anuncio, representantes vecinales fueron recibidos este martes en el Ayuntamiento de A Coruña, en una reunión que llevaban esperando desde el pasado mes de noviembre.
Durante el encuentro, trasladaron a la alcaldesa, Inés Rey, y al concejal de Facenda, José Manuel Lage, sus preocupaciones ante un proceso que califican de "expolio".
Por su parte, desde el Gobierno local recogieron las demandas y se comprometieron a estudiarlas y abordarlas con la Xunta, recordando además que recientemente ya mantuvieron contactos con la administración autonómica sobre este proyecto.
En ese contexto, explicaron que habían solicitado garantías para que los actuales residentes no queden sin alternativa habitacional, especialmente en un plan que contempla la construcción de unas 4.000 viviendas.
Tras la reunión, los representantes municipales trasladaron a la vecindad la respuesta de la Xunta, aunque los afectados se muestran escépticos y prefieren esperar a conocer los detalles concretos.
Recuerdan experiencias previas en las que, según denuncian, los anuncios iniciales no se correspondieron con la realidad final.
En este sentido, apuntan que en un primer momento se les trasladó la intención de conservar el mayor número de viviendas posible, mientras que posteriormente se planteó su demolición total.
También critican que la supuesta cesión de parcelas para reconstruir sus hogares implicaba en realidad su compra por un valor un 80% superior al de la expropiación.
