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La Xunta aportará 10 millones de euros a Sogama para compensar las reducciones aplicadas este 2025
Un total de 280 de los 295 ayuntamientos adheridos al modelo de la empresa pública se acogieron a la tarifa de 95 €/Tn, frente a los 108 €/Tn del canon genérico
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El Consello da Xunta dio cuenta este lunes del acuerdo del Gobierno gallego de aportar 10 millones de euros a la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama) para compensar el canon reducido al que se acogieron este año 280 ayuntamientos (de los 295 adheridos a este modelo de gestión de residuos, que es el mayoritario en Galicia), y mediante el cual están abonando una tarifa menor: en concreto, 95 euros por tonelada de basura tratada frente a los 108 euros del canon general.
Este menor desembolso está supeditado al cumplimiento de uno de estos dos requisitos: reducir la producción de basura en un 1 % con respecto al año inmediatamente anterior o bien incrementar, en un 3 %, la aportación al reciclaje de la bolsa amarilla (envases de plástico, latas y briks recogidos a través del contenedor del mismo color) o al compostaje de la bolsa marrón (materia orgánica recogida a través del contenedor marrón).
Estos 10 millones de euros aportados por la Xunta a Sogama se suman a los 12 millones distribuidos ya este año a través del Fondo de Compensación Ambiental entre todos los ayuntamientos gallegos.
La Xunta cumple así con el compromiso de asumir con fondos propios el 60 % de la subida del canon de Sogama para 2025, motivada por la aplicación de los impuestos recogidos en la Ley estatal de residuos y suelos contaminados para una economía circular, a los que la Xunta se opuso en su momento, considerando que el incentivo, y no la penalización, constituía la vía para estimular la reducción y el reciclaje de la basura.
Estos tributos están suponiendo para Sogama un impacto anual de 9 millones de euros, cifra a la que debe añadirse el resultado económico de una serie de decisiones unilaterales adoptadas por el Estado, como fue la supresión de la retribución a la inversión de la planta termoeléctrica del Complejo de Cerceda, comprometida hasta el año 2026, y por la que Sogama dejó de ingresar 18 millones de euros anuales, la reducción de la retribución a la explotación de la planta de cogeneración y la recuperación del impuesto eléctrico del 7 %.
Estas medidas fueron las responsables de que Sogama cerrara el ejercicio de 2023 con unas pérdidas de 18 millones de euros y un desequilibrio económico de más de 30 millones tras muchos años de estabilidad financiera que le permitió realizar inversiones por un importe superior a 100 millones de euros, incorporando mejoras de calado al servicio que presta a los ayuntamientos.