Ocho voluntarias rescatan a 78 perros que vivían hacinados en un galpón en Santiago
Ocho voluntarias rescataron el pasado mes de agosto a 78 perros que vivían hacinados en un galpón en Santiago de Compostela. Los animales, que nunca habían salido de allí, no habían recibido atención veterinaria ni sabían correr, fueron repartidos entre protectoras de toda Galicia.
El galpón es propiedad de una vecina que "desde hace unos quince años" viene recogiendo perros de la calle. "Es un caso claro de síndrome de Noé", explica en una entrevista concedida a Quincemil Tere Lema, una de las ocho voluntarias que participaron en el rescate.
Síndrome de Noé es el término coloquial para referirse al Trastorno de Acumulación de Animales, el que padece aquella persona que recoge animales y los deja en su domicilio a pesar de no poder cuidarlos a todos. Algunos vecinos incluso se aprovechaban de la situación y le entregaban animales, toda vez que "sabían que no iba a decirles que no".
La administración
Esta situación se ha ido prolongando durante años, pero a principios de 2021, después de recibir quejas de malos olores y ladridos constantes por parte de otros vecinos, estas voluntarias empezaron a movilizarse para buscar una solución.
"Agotamos todos los cauces de la administración: el Concello de Santiago conocía la situación pero no hizo nada, el Refuxio de Bando se llevó el año pasado a veinte perros pero dejó que todo siguiese igual y la Consellería de Medio Ambiente aceptó entrevistarse con nosotras hasta que supo por qué era y lo canceló", prosigue la voluntaria.
Lema también relata que técnicos del Seprona se desplazaron a la vivienda y emitieron un informe que remitieron a la Xunta de Galicia y al Concello de Santiago, aunque "no llegaron a entrar en el galpón".
"La concelleira de Benestar Animal, Esther Pedrosa, nos dijo que como los perros no estaban en la calle no podían hacer nada, pero entonces no tiene sentido que Bando recogiese veinte el año anterior", prosigue.
Intervención
Después de "llamar a todas las puertas posibles" y viendo que "nadie hacía nada", estas voluntarias se pusieron manos a la obra y empezaron a contactar con protectoras de toda Galicia para acoger a los animales. En una semana todos tenían un destino.
Así, el pasado 14 de agosto se dirigieron a la vivienda junto a una veterinaria y una lacera para llevarse a los perros. La propietaria "se marchó a la aldea" porque aseguraba que "no podía ver cómo se los llevaban".
"Entre los perros que había en la casa y nueve cachorros que se habían puesto en adopción eran 78", detalla Lema, quien relata que había diez perras embarazadas y otras siete que habían parido recientemente.
No pudieron encontrar más cachorros, más allá de los nueve dados en adopción. "Era una jauría, así que los machos se los debieron de comer", lamenta.
Las condiciones en que se encontraban los perros eran de lo más precarias: estaban hacinados en un galpón del que jamás habían salido y donde no podían ni correr, por lo que ni siquiera sabían hacerlo.
"Todos estaban muy sucios, cubiertos de humedad, y algunos tenían sarna, mordiscos, hongos o estaban cubiertos de excrementos; ninguno tenía chip ni había ido al veterinario en su vida", prosigue Lema, quien asegura que el olor que desprendía el lugar se le quedó "metido en el cuerpo" hasta una semana después.
Entre las voluntarias, la lacera y la veterinaria fueron registrando y pesando a los perros para, posteriormente, desparasitarlos, y, en el caso de las hembras, administrarles anticonceptivos y ponerles un chip.
"La propietaria se gastaba cada mes 400 euros en pienso; estaban bien alimentados y les daba de beber, pero no podía hacer más", explica Lema.
La voluntaria insiste en que su intención no es señalar a esta persona, a quien "deberían ayudar los Servicios Sociales", sino "que se le caiga la cara de vergüenza a los que sabían lo que pasaba y no hicieron nada".
Peticiones
De hecho, el pasado 31 de agosto estas ocho voluntarias remitieron un escrito al Concello de Santiago pidiendo explicaciones por la actuación en este caso, así como la dimisión de las concelleiras de Medio Ambiente y Benestar Animal, Mila Castro y Esther Pedrosa, respectivamente.
Asimismo, también le piden al Concello una actuación "inmediata" de Servicios Sociales "para evitar que la situación se vuelva a repetir".
Por último, exigen también el pago de alrededor de 5.000 euros, la cantidad a la que ascienden los gastos veterinarios, farmacológicos y de traslado, toda vez que las voluntarias tuvieron que poner de su propio bolsillo todo el dinero.
"No creemos que nos vayan a devolver el dinero, pero si nos viene lo repartiremos entre las protectoras que tienen a los perros y que se están haciendo cargo de castrarlos, alimentarlos y socializarlos", avanza.
Así, Lema y las demás voluntarias esperan obtener explicaciones y que una situación así no se vuelva a repetir. "Solo somos gente a la que le gustan los animales, luchamos por ellos y pudimos conseguir la que era nuestra prioridad: sacarlos de allí, algo que no hicimos gracias a la administración", concluye.
