Médica de familia atendiendo a una paciente.
CIG y CCOO llevan a los tribunales el plan de control de bajas de la Xunta de Galicia
Ambos sindicatos consideran que es una campaña de "criminalización" de los trabajadores que le dará el "control" a las mutuas mientras se "debilita" la sanidad pública. Alfonso Rueda considera que han presentado "recursos preventivos"
Te puede interesar: Las bajas que exceden tiempos estándar por listas de espera en Galicia no cuentan en el plus de médicos
La CIG y CCOO llevan a la Xunta a los tribunales por su plan de control de bajas. El sindicato nacionalista ya ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), mientras que Comisiones Obreras ha anunciado este lunes que emprenderá acciones legales contra el Gobierno gallego.
La CIG ha presentado un recurso contra la resolución del 20 de mayo de 2026, de la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Sanidade, por la que se acuerda la publicación de la modificación de la instrucción de 1 de abril de 2019 que establece el protocolo común para la gestión clínica y el seguimiento de la incapacidad temporal (IT) por el personal inspector médico y subinspector sanitario (controlador de la gestión de la incapacidad temporal) de las unidades de Inspección e Control de Saúde Laboral de la Consellería.
El sindicato denuncia que se busca dar el "control" a las mutuas en una campaña de "criminalización" de los trabajadores, al mismo tiempo que cuestiona la legalidad de lo que identifica con una "ofensiva" del Gobierno gallego de la mano de la patronal. Advierte de que se quiere "disfrazar de una supuesta agilización" lo que "es blindar las mutuas para que controlen por completo las bajas médicas de la sanidad pública".
"Se pretende instalar un discurso peligroso en el que enfermar se vuelve sospechoso al prevalecer la presión económica sobre el criterio clínico, además de suponer una fiscalización creciente del criterio profesional del personal de Atención Primaria", censura el sindicato en un comunicado recogido por Europa Press.
La nueva resolución de la Consellería de Sanidade, añade el texto, modifica el protocolo común para la gestión clínica y el seguimiento de la incapacidad temporal y habilita a Inspección de Servicios Sanitarios a permitir, con una única autorización, todas las pruebas y procedimientos relacionados con el proceso de IT que soliciten las entidades privadas.
"Cuando en la redacción anterior la autorización era prueba a prueba, y siempre que las pruebas o procedimientos hubieran sido solicitados previamente por las personas profesionales de la sanidad pública", indica la CIG, que añade que de esta forma se habilita a las mutuas a solicitar con una única autorización las pruebas y tratamientos.
"En lugar de apostar y reforzar la sanidad pública y eliminar las listas de espera que no hacen más que crecer, las mutuas incrementan su derivación de dinero público hacia la sanidad privada", recrimina el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril.
El sindicato, de esta forma, exige paralizar la financiación de cualquier actuación solicitada por las mutuas, así como impedir su acceso a historiales clínicos, además de un refuerzo "real" de la sanidad pública.
CCOO
CCOO, por su parte, coincide en que esta norma de la Xunta "supone un cambio de modelo que refuerza el papel de las mutuas en el control de las bajas médicas, reduce las garantías de tutela pública y sitúa los intereses económicos por delante de los criterios estrictamente clínicos".
El secretario de Saúde Laboral, Armando Iglesias, ha reclamado a través de un comunicado la retirada inmediata de la resolución y lamenta que la Xunta presenta la modificación como una medida para agilizar la gestión de la incapacidad temporal cuando su "efecto real" será "ampliar las funciones de las mutuas privadas en el seguimiento de los procesos de baja y debilitar el papel del sistema público de salud".
Uno de los cambios más lesivos de la nueva instrucción, según el sindicato, es la implantación de una autorización única que "permitirá a las mutuas coordinar, solicitar y ejecutar todas las pruebas diagnósticas y tratamientos relacionados con un proceso de incapacidad temporal".
De esta forma, CCOO advierte de que esta modificación elimina el sistema de autorización individualizada, reduce el control ejercido por la sanidad pública y deja la evolución de la baja en manos de entidades privadas con intereses económicos.
CCOO alerta de que la resolución refuerza el peso de las propuestas formuladas por las mutuas y condiciona la capacidad de decisión del personal facultativo de Atención Primaria. Iglesias advierte que esta orientación "puede favorecer altas médicas prematuras y anteponer la rápida reincorporación al trabajo a la recuperación completa de las personas enfermas".
Otro de los aspectos que preocupa al sindicato es el tratamiento de la información clínica. La resolución prevé que los resultados de las pruebas realizadas por las mutuas se incorporen a la historia clínica electrónica, una medida que, según CCOO, "amplía el acceso de entidades privadas a datos especialmente sensibles".
La Xunta defiende el plan
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha acusado este lunes a preguntas de los medios a la CIG (todavía no se conocía que CCOO también iría a la Justicia) de no haber querido estar nunca en el diálogo social a través del que se trabaja en la elaboración del plan.
"Está claro que interesa poco lo que queremos hacer, porque no es que no esté en el diálogo social que trata el tema y que dará orden a la propuesta de la Xunta, es que nunca quiso estar. Para tener información y ser riguroso, hay que estar", señaló el mandatario autonómico.
Rueda añadió que la CIG ha presentado "un recurso preventivo sin conocer lo que quiere hacer la Xunta", al mismo tiempo que apeló al diálogo.
CIG y CCOO se descolgaron de la mesa de diálogo social que aborda las bajas laborales. Solo UGT sigue formando parte de este proceso, junto a la Xunta y la patronal.
