Vehículos circulan por un tramo de la AP-9

Vehículos circulan por un tramo de la AP-9 Deputación da Coruña

Galicia

Debate en el Parlamento gallego por el traspaso de la AP-9: PP y oposición se acusan de "traición"

La Comisión de Transportes dio ayer su visto bueno al texto de la transferencia, que llegará al pleno del Congreso la próxima semana

Más información: La transferencia de la AP-9 en Galicia supera otro trámite en el Congreso y encara su debate final

Publicada

El traspaso de la AP-9 ha protagonizado este miércoles el debate del Parlamento gallego, donde los grupos de la oposición y el PPdeG se han acusado de "traición" por romper el acuerdo alcanzado en Galicia respecto a impulsar la proposición de ley en el Congreso. Precisamente, la Comisión de Transportes dio ayer el visto bueno (con los votos en contra de PP y Vox) al informe de la ponencia de la proposición de ley que permitirá realizar la transferencia de la gestión.

La ruptura de la unanimidad ha quedado patente este 17 de junio. Tanto BNG como PP llevaron al pleno de O Hórreo sendas proposiciones no de ley sobre el traspaso de la AP-9, que fueron debatidas de forma acumulada.

El diputado del BNG, Luís Bará, defendió una iniciativa que emplazaba a mostrar el apoyo al acuerdo alcanzado en la Cámara baja para desbloquear la tramitación de la proposición de ley, dirigiéndose al PPdeG: "Pedimos que, aunque solo sea por una vez, rectifiquen y dejen de obedecer a lo que les mandan desde Madrid y sirvan al interés general de Galicia".

El texto del BNG fue apoyado por el PSdeG y rechazado por el PP, con la abstención de DO. Bará, durante su intervención, defendió el informe aprobado este martes en la Comisión de Transportes como "un paso importante" para la transferencia "respetando lo fundamental" del texto aprobado por el Parlamento gallego y ha calificado de "pacto de la vergüenza" el voto en contra de PP y Vox.

Bará indicó que es la primera vez que esta ley llega a esta fase previa a su aprobación en pleno porque "los partidos gobernantes siempre habían vetado y boicoteado su tramitación", ante lo que añadió: "Después de dos años de atrancos, dilaciones y atrasos, el BNG consiguió forzar un acuerdo con el PSOE y Sumar para su desbloqueo".

Carlos López Font (PSdeG) aseguró por su parte que la votación del PP en el Congreso evidencia que el partido "sigue utilizando y utiliza la transferencia como un elemento más de confrontación contra el Estado, siguiendo la estrategia de Feijóo, al que poco le importan los intereses de Galicia". López Font defiende que el acuerdo aprobado en la Cámara baja sí contempla todas las reivindicaciones de Galicia.

"Traición a Galicia"

El diputado del PPdeG Roberto Rodríguez, por su parte, aseguró en el debate que "hace menos de 24 horas que PSOE y BNG" consumaron lo que ha calificado como "la mayor de las traiciones a Galicia" al "prostituir la voluntad de los gallegos expresada unánimemente" en la Cámara gallega, según recoge Europa Press.

Rodríguez aseguró que el Parlamento de Galicia aprobó por cuarta vez de forma unánime solicitar el traspaso de la competencia de la AP-9 en los términos previstos en la proposición de ley orgánica, "asumiendo el Estado las repercusiones financieras de los convenios en vigor, de las actuaciones e infraestructuras ya comprometidas y las necesarias en el futuro que no sean responsabilidad de la Xunta y, en concreto, la posible nulidad de las prórrogas".

El Estado, además, debería asumir la dotación económica precisa para ampliar las bonificaciones y "eliminar el incremento extraordinario del 1% durante 20 años acordado por el gobierno socialista del señor joyas", según el diputado del PPdeG, que se dirigió a la oposición: "Eso es lo que el Parlamento aprobó y lo que ustedes vienen de traicionar".

La proposición no de ley del PPdeG, aprobada con el voto en contra del BNG y el PSOE, insta al Gobierno a respetar el texto aprobado por unanimidad en la Cámara gallega.

En la misma línea, la conselleira de Vivienda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, solicitó la palabra para acusar a BNG y PSOE de romper la unanimidad alcanzada en Galicia respecto al traspaso de la infraestructura con un acuerdo que "nada tiene que ver" con lo aprobado en la Cámara autonómica: "Galicia quiere una transferencia plena pero no asumiendo costes económicos que no nos corresponden".

Al Congreso la próxima semana

El Congreso ha acelerado la tramitación de la transferencia de la AP-9 a la Xunta de Galicia y ha incluido el debate y la votación de esta norma en el Pleno de la próxima semana, según consta en el orden del día al que ha tenido acceso Europa Press. La norma quedará previsiblemente aprobada el próximo jueves en el Congreso y se remitirá al Senado.

El origen de la norma surge del Parlamento gallego y se desbloqueó a finales de mayo tras un pacto entre PSOE, BNG y Sumar para incluir no solo la gestión sino también la titularidad de la vía, que también pasará a ser de la Xunta. El acuerdo dio lugar a una proposición de ley orgánica, que sigue su tramitación en las Cortes hasta que pueda ser negociada en una comisión bilateral entre el Ejecutivo gallego y el central.

Los socialistas habían presentado una enmienda que evitaba la titularidad, aunque el nuevo texto sitúa como objetivo de la ley "la transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia de la titularidad de la AP-9 y las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión, así como las funciones y servicios de la autopista AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia".

La Administración General del Estado y la comunidad elevarán a la Comisión Mixta de Transferencia una propuesta de acuerdo que determine las condiciones y límites para la transmisión de competencias hasta ahora ejercidos por la Administración estatal en relación a la Autopista del Atlántico, lo que será aprobado por real decreto.

¿Qué establece el texto?

La propuesta de acuerdo deberá abordar las condiciones del traspaso de varias funciones, empezando por la autorización de la puesta en servicio de nuevos tramos, adaptaciones o reformas de los existentes, así como de enlaces y vías auxiliares de la autopista. El pacto concretará cómo se materializa la supervisión e inspección del correcto funcionamiento de la autopista, así como la potestad sancionadora respecto a incumplimientos de la concesionaria en la explotación de la AP-9.

El texto también deberá abordar los términos para las modificaciones que afecten al régimen económico-financiero de la concesión, "singularmente en lo que atañe al establecimiento, actualización y supresión de las tarifas y peajes, así como la aplicación de programas de descuento, incluyendo la autorización de aquellos que sean voluntarios a instancia de la concesionaria"; y para la redacción y aprobación de convenios, o addendas a los actuales.

La Administración General del Estado, en todo caso, conservará a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, las obligaciones con repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión en vigor que hayan sido motivadas por modificaciones adoptadas en el periodo en que ha tenido la competencia y con los límites económicos vigentes a la fecha de la aprobación del traspaso.

Las consecuencias de las decisiones tomadas por la Administración estatal previas a la transferencia recaerán sobre la misma, según recoge Europa Press. El acuerdo de la transferencia deberá establecer "la obligación de la aprobación de las revisiones ordinarias o extraordinarias de tarifas que dichas modificaciones hayan establecido, con el fin de que estos límites económicos sean respetados".

La Xunta, por otro lado, asumirá a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, "todas las obligaciones con repercusiones económicas y financieras consecuencia de las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión promueva una vez efectivo el traspaso".

Finalmente, las modificaciones que quiera promover Galicia sobre el régimen económico financiero de la concesión no podrán afectar a los compromisos económicos previstos. "Cualquier decisión que suponga un incremento de dichos compromisos deberá ser asumida íntegramente por la comunidad en la cuantía que este incremento suponga", indica el texto.