Vehículos circulan por un tramo de la AP-9
Prórroga AP-9: La Xunta lleva a la Justicia al Gobierno por no informarle sobre el proceso europeo
El Consello da Xunta ha aprobado recurrir a la Audiencia Nacional la "negativa" del Ejecutivo central de darle información sobre el proceso abierto en Bruselas
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El Gobierno gallego ha acordado recurrir a la Audiencia Nacional (AN) ante la "negativa" del Gobierno central a darle información en relación al proceso abierto en Bruselas por la prórroga de la AP-9. Así lo ha anunciado este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras la reunión semanal del Consello.
Rueda ha incidido en que Bruselas no solo cuestiona el cumplimiento de la normativa comunitaria, sino que la Comisión Europea ha advertido que España podría ser llevada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no adopta medidas.
El presidente de la Xunta ha recalcado que el Gobierno gallego le ha pedido de forma reiterada tener acceso a las alegaciones estatales a este proceso sobre una prórroga autorizada en su día por un Ejecutivo estatal liderado entonces por el 'popular' José María Aznar, al entender que se trata de "un asunto de máximo interés" para la comunidad gallega.
Ante la "negativa" estatal a facilitarle estos datos, el presidente gallego ha ratificado que a la Xunta no le queda "otro remedio" que actuar por la vía judicial. Rueda ha explicado que presentará un recurso en la Audiencia Nacional para tratar de que se "obligue" al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez a trasladar al Gobierno autonómico los detalles que demanda: "Lamentamos que tenga que ser así".
Una espera que se remonta a septiembre
La decisión se produce después de que el Ejecutivo autonómico recibiera la resolución denegatoria del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible respeto del requerimiento efectuado por la Xunta el pasado mes de enero para que se facilitara la documentación, tras tres meses sin respuesta desde la solicitud formulada para esos efectos.
A comienzos de este mismo mes de febrero se dio cuenta en el Consello de la Xunta del informe relativo al citado requerimiento formulado al Gobierno estatal para conocer la respuesta remitida por el Ministerio a la Comisión Europea en relación con el dictamen motivado, por lo que esta solicitaba a España que se respetaran las normas comunitarias en materia de contratación, refiriéndose a la prórroga de la concesión de la AP-9. La Xunta ya advertía que, de no obtener contestación en el plazo de un mes, emprendería acciones judiciales.
La Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras había solicitado a finales de septiembre de 2025 el acceso a la información trasladada por el Estado a Bruselas en el marco del dictamen. Transcurrido el plazo legal sin respuesta, y efectuado el requerimiento previo a la vía judicial, el Gobierno central respondió a este negativamente, según señala en un comunicado.
El Ejecutivo gallego subraya la enorme trascendencia de este asunto, toda vez que la Comisión Europea advirtió de la posibilidad de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no adopta las medidas oportunas. La Xunta considera "imprescindible" conocer con detalle la posición defendida por el Estado en una cuestión que afecta directamente los intereses de Galicia.
