'Pellets' en la playa
Galicia reclama de nuevo al Gobierno el daño ambiental y los costes por el episodio de los pellets
La Xunta exige de nuevo al Ejecutivo central que inicie el procedimiento y avanzan que de mantenerse el silencio del Ministerio, presentarán un recurso de alzada como paso previo a una demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa
Más información: Limpiar todos los pellets de las playas de Galicia puede llevar años, alerta la OMI
La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, remitió una carta a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en la que reitera la solicitud de información sobre la reclamación por el daño ambiental y los costes generados por las consecuencias de la pérdida de un contenedor de pellets.
Este suceso por parte del buque mercante Toconao frente a las costas portuguesas en diciembre de 2023. En concreto, en la misiva el Gobierno gallego reclama datos sobre la apertura de un procedimiento de exigencia de responsabilidad ambiental, que había solicitado ya formalmente en enero de 2024.
Todo ello en virtud del cual el Ejecutivo central debería identificar a los responsables del suceso, la evaluación de los daños medioambientales, la definición de las medidas de prevención y reparación, así como la repercusión de los costes de las medidas adoptadas por las autoridades autonómicas y locales.
La Xunta defiende que actuó con la máxima celeridad y responsabilidad en cuanto tuvo conocimiento del suceso, poniendo en marcha un dispositivo por tierra, mar y aire en el que, en algunos momentos, llegaron a estar trabajando a pie de playa más de 400 personas, el Gobierno central "apenas movilizó medios" para hacer frente a la llegada de los pellets a la costa gallega a pesar de las reiteradas peticiones del Ejecutivo gallego.
Este operativo, que actuó en más de 630 playas de 66 ayuntamientos costeros, tuvo un coste estimado para el Gobierno autonómico de más de 2,3 millones de euros. "Un desembolso económico que no tiene que ser asumido por gallegos, sino por los responsables de los daños causados", sentencia el gobierno autonómico.
Por eso, la Xunta exige de nuevo al Ejecutivo central que inicie el dicho procedimiento. De mantenerse el silencio del Ministerio, la Administración gallega presentará un recurso de alzada como paso previo a la interposición de una demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
