Solar de las Adoratrices en el Agra, tras los paneles publicitarios.
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A Coruña impulsa la modificación del PXOM para desbloquear el Parque del Agra
La comisión de Hacienda abordará la aprobación inicial del cambio urbanístico para ejecutar una sentencia de 2015 y avanzar en la creación del esperado parque en el Agra del Orzán, que ha levantado críticas por su apertura inicial
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El Ayuntamiento de A Coruña llevará a la comisión de Hacienda la aprobación inicial de la modificación puntual del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) en el ámbito del polígono M22 "Parque do Agra", un paso decisivo para cumplir una sentencia judicial pendiente desde 2015 y avanzar en la transformación urbanística de uno de los barrios más densos de la ciudad.
La iniciativa responde a la ejecución de la sentencia número 620/2015 del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, derivada de un procedimiento iniciado por la empresa Dricar de Inversiones S.L., que obliga a reclasificar como suelo urbano consolidado parte de los terrenos situados frente a la avenida de Gregorio Hernández, en la antigua parcela de las Adoratrices.
Esta decisión judicial ha marcado el desarrollo de un expediente complejo que se arrastra desde hace más de una década.
El documento que se someterá a aprobación inicial plantea una reordenación integral del ámbito del Agra del Orzán, con cuatro grandes objetivos.
En primer lugar, dar cumplimiento a la sentencia. En segundo, excluir el Camino do Pinar del ámbito del polígono para preservar su estructura urbana tradicional. En tercer lugar, ordenar el resto del suelo para hacer viable la creación del futuro Parque del Agra, concebido como un gran pulmón verde para el barrio. Finalmente, se revisan varias parcelas colindantes para adaptar sus condiciones edificatorias a la normativa urbanística vigente.
En términos urbanísticos, la modificación divide el ámbito en distintas categorías. Por un lado, se mantiene una parte como suelo urbano no consolidado, que permitirá desarrollar nuevas actuaciones.
Por otro, se delimitan áreas como suelo urbano consolidado, tanto en la zona este vinculada a la sentencia como en el entorno del Camino do Pinar, donde se busca potenciar la rehabilitación y regeneración del tejido residencial existente mediante la inclusión de un área de rehabilitación integral (ARI).
El planeamiento introduce además nuevas ordenanzas específicas, como la denominada PA para el frente de Gregorio Hernández, que regula la edificación en manzana cerrada e incorpora espacios libres privados de uso público que facilitarán el acceso al futuro parque.
En el caso del suelo no consolidado, se establece la ordenanza PA-R, que define alturas, volúmenes y criterios de integración paisajística, adaptándose a la topografía y al entorno urbano.
El documento también incorpora las determinaciones derivadas de la evaluación ambiental estratégica, que concluyó que no era necesario someter el proyecto a una evaluación ordinaria, aunque sí impuso condiciones.
Entre ellas, destacan medidas para minimizar el impacto visual de nuevas edificaciones, proteger el patrimonio y garantizar la integración con elementos singulares como el Observatorio meteorológico.
Un largo camino de casi una década
La tramitación de esta modificación ha estado marcada por numerosos obstáculos. Desde la adjudicación inicial en 2018, el expediente ha pasado por informes técnicos, requerimientos judiciales, correcciones documentales y cambios normativos que han incrementado su complejidad.
En 2023, el Ayuntamiento llegó a resolver el contrato con la empresa redactora inicial al considerar inabarcables los trabajos en las condiciones previstas.
El proceso se reactivó en 2024 mediante un convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y Dricar de Inversiones S.L., por el que la empresa asumió la redacción de un nuevo documento técnico, presentado ese mismo año.
Desde entonces, se han incorporado informes sectoriales, estudios arqueológicos y la prórroga del informe ambiental, vigente hasta 2027.
El informe técnico y jurídico emitido el pasado 30 de marzo de 2026 es favorable a la aprobación inicial, aunque condiciona el avance del expediente a la subsanación de determinados aspectos en fases posteriores, especialmente antes de la aprobación provisional.
Con la aprobación inicial, el documento será sometido a información pública durante un plazo de dos meses, periodo en el que ciudadanos, colectivos y administraciones podrán presentar alegaciones.
Además, el acuerdo implicará la suspensión temporal de licencias urbanísticas en todo el ámbito afectado, una medida habitual para garantizar la coherencia del nuevo planeamiento.
